El debate sobre Rumasa

El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, por el que fueron expropiadas las acciones del grupo Rumasa. Ha aprobado también su tramitación como proyecto de ley, lo que permitirá que introduzcan correcciones técnicas que mejorarán, sin duda, su redacción y ciertos puntos de su contenido. El peso de los votos ha dado, por tanto, luz verde -lo que no quiere decir la razón- a una disposición polémica, que traerá todavía mucha cola. El caso Rumasa, en realidad, no ha hecho más que empezar, poorque ha llegado el momento no sólo de los nuevos problemas, sino también de los recursos legales. El Gobierno se ha dejado en el envite gran parte de su prestigio y de las esperanzas suscitadas. Por esto ha querido cerrar cuanto antes el debate y evitar un mayor desgaste del que hasta ahora ha sufrido.El Pleno parlamentario ha clarificado algunas cosas, y entre ellas, varias importantes. Ha quedado demostrado, y no sólo en los errores de las páginas del Boletín Oficial, que el Gobierno, en el momento de tomar la grave decisión de expropiar, no tenía todos los datos en su mano. La frase expropiación, por si acaso, pronunciada por un parlamentario no sólo es una muestra de ingenio, sino una descripción de la realidad.

En segundo término está la cuestión de la propia legalidad del citado real decreto-ley. El debate parlamentario ha suscitado una convicción generalizada, no sólo en amplias parcelas del hemiciclo, en casi todo lo que no es el partido del Gobierno, sino, sobre todo, en gran parte de la ciudadanía, de que el texto legal citado es, por lo menos, dudosamente constitucional. Para muchos, ciertamente no lo es. Por esto decíamos antes que es la hora de los tribunales y, en concreto, del Tribunal Constitucional, ante el cual los recursos correspondientes pudieran producir consecuencias imprevisibles.

Madrid, 4 de marzo