La reforma del Ejército

EL NOMBRAMIENTO de Narcís Serra como ministro de Defensa no sólo fue la gran sorpresa de la formación del nuevo Gobierno y una muestra de imaginación, sino también una demostración de la capacidad de algunos dirigentes para sobreponer a sus conveniencias personales los intereses políticos de carácter general. Narcís Serra, cuya gestión como alcalde de Barcelona ha sido elogiada incluso por sus adversarios, cuando han sido honestos, tenía la probabilidad casi absoluta de renovar esta primavera su mandato municipal y la posibilidad de acceder a medio plazo a la presidencia de la Generalitat. Su aceptación del Ministerio de Defensa, la cartera con mayores problemas objetivos e inmediatos de todo el Gobierno, significaba abandonar, por tiempo indefinido, las instituciones catalanas. Y de sus notables capacidades humanas y políticas se espera, fundadamente, una gestión brillante en su tan dificil cometido actual.En su comparecencia, el 24 de febrero, ante el Congreso -de cuya importancia los periódicos apenas se hicieron eco, obsesionados por los acontecimientos de Rumasa-, Serra insistió en que el área de Defensa se inscribe dentro de la política de Estado, al margen de cualquier planteamiento partidista. Esas palabras no justifican, sin embargo, que la Comisión no abordara temas como la reincorporación a las Fuerzas Armadas de los oficiales de la extinta UNID, el estatuto de la Guardia Civil y los sucesos conectados con la conspiración del 27-0. El ministro anunció, por otra parte, el propósito gubemamental de fomentar la industria de armamento, que el año pasado exportó 70.000 millones de pesetas. Muchos electores del PSOE, menos amantes de la realpolitik que el Gabinete, sentirán un comprensible desagrado por esa medida. La argumentación de que la industria arinamentista de Francia, también gobernada por los socialistas, es uno de los sectores punteros de su economía, apenas servirá de consuelo. El negocio de las armas quizá resulte necesario, pero enlaza de forma inevitable con la idea de que también los españoles podemos convertirnos -en nuestra medida humilde- en señores de la guerra.

El ministro también se refirió a la potenciación de los servicios de inteligencia (CESID) en el extranjero, con el argumento de que una regla básica de cualquier estrategia defensiva es disponer de la máxima información sobre las instalaciones militares, fábricas de armamentos, planes diplomáticos, política de alianzas y abastecimiento de material de los enemigos potenciales. También serán reforzados los servicios de la contrainteligencia industrial, necesidad que se desprende de las compras españolas de refinada tecnología foránea y del temor de sus vendedores a fugas informativas graves. Una inteligencia como es debido es básica en cualquier Ejército moderno, y por eso esta es una buena noticia. Hasta ahora hemos visto con demasiada frecuencia, cómo durante la transición los espías españoles se dedicaban a inventarse difamaciones sobre personajes honorables de nuestra sociedad y a vigilar las casa de masaje con el sano propósito de ejercer el chantaje sobre algunos clientes con proyección pública.

El plan de reforma de las Fuerzas Armadas expuesto por Serra recoge parcialmente iniciativas ya anunciadas por Alberto Oliart. El plan META (Modernización del Ejército de Tierra), que será llevado a cabo a lo largo de los próximos diez años, prevé la creación de un Ejército menos numeroso (160.000 hombres frente a los .150.000 actuales), pero más profesional y operativo. Este objetivo exige una ley de estructuración de plantillas, que entre otras cosas reducirá a la mitad el número de generales. El servicio militar durará sólo doce meses (como en casi todos los países europeos), las regiones militares serán reagrupadas en seis demarcaciones, se moderarán los gastos de personal y se incrementarán los destinados a material. El cumplimiento del plan META supondrá un Ejército adecuado a la defensa del territorio nacional frente a sus eventuales enemigos exteriores y alejará la peligrosa concepción de unas Fuerzas Annadas destinadas a la vigilancia de los propios españoles. Los proyectos de modernización del ¡Ejército del Aire se centran en el Futuro Avión de Combate y Ataque (FACA). La denominada opción europea (Tomado) parece descartada. No dudamos de la eficacia de esta decisión. Ahora bien, los socialistas no escatimaron críticas -algunas sembradas de amenazas- contra el F-18A durante la anterior legislatura, y él Gobierno debe por eso una amplia explicación a los españoles sobre este asunto. El Gobierno, por último, llevará a cabo el programa naval,que incluye la creación de un nuevo grupo de combate y que ya está elaborado.

El programa legislativo incluye seis proyectos prioritarios (servicio militar, defensa nacional, organización militar, retribuciones, reestructuración de plantillas y Código de Justicia Militar) y otros seis menos urgentes (defensa civil, industrias de interés para la Defensa, enseñanza militar, movilización nacional, participación de la mujer y régimen disciplinario). Aparte de recordar que el anterior Gobierno incumplió su promesa de enviar a las Cortes Generales, a lo largo del pasado año, esos doce proyectos de ley, no deja de sorprender el hecho de que la enseñanza militar no ocupe un lugar prioritario en el calendario del cambio.

En el tema de los criterios para los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, "nunca el actual Gobierno", señaló el ministro, "discriminará a ningún militar en fanción de lo que piense", y serán "sus acciones, no sus i.deas", las que cuenten a la hora de valorar sus hojas de servicios. El Gobierno se propone así respetar las calificaciones y clasificaciones que realice el Consejo Superior del Ejército, pese a que este órgano es sólo- consultivo y el Consejo de Ministros tiene competencia para decidir en última instancia los ascensos al generalato. Los anteriores ministros de Defensa fueron criticados precisamente porque los Gobiernos de UCD respetaron al máximo los consejos que, a la hora de los ascensos al generalato, partían de la propia institución militar. Merece la perla preguntarse si es que han mejorado ahora los consejos o se mantiene lo que algunos calificaban antaño de política de debilidad.

En cualquier caso, el ministro ha querido tranquilizar a aquellos generales, coroneles o tenientes coroneles que, neutrales o distanciados ideológicamente respecto a las instituciones democráticas, pudieran sentir recelos sobre los criterios que el nuevo Gobierno se propone aplicar en el futuro a los ascensos. La indudable separación existente, pese a los esfuerzos por remediarla, entre el mundo militar y la sociedad civil hace que, en demasiadas ocasiones, se infravalore la inevitable inercia ideológica dentro de las Fuerzas Armadas. La desconfianza de sectores militares hacia el pluralismo y las libertades, contemplados como socavadores de la unidad nacional, no resulta un dato halagüeño, pero los hechos son tercos, y querer ignorarlos tampoco sirve de nada. El Gobierno, que dirige la Administración militar y la defensa del Estado, debe exigir a los profesionales de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus obligaciones y velar por que respeten el ordenamiento jurídico vigente. Por lo demás, sería inconstitucional discriminar a nadie por sus opiniones, y el Gobierno debe cuidar de que nadie sea discriminado tampoco por sus ideas -sean cuales fueren- en el seno del Ejército. Esto implica no sólo profesionalidad en los ascensos, sino un exquisito cuidado de los mandos y la oficialidad a la hora de pretender imponer sus propios y personales criterios sobre la tropa a su mando, y mucho más si se trata de imponer correctivos o arrestos por hechos como leer un periódico no grato al jefe de la unidad. La misma no discriminación por las ideas, que avala la oportunidad de los ascensos en