La autonomía canaria, enfrentada al reto de solucionar el abastecimiento de agua al archipiélago

El Parlamento canario, que ha sido constituido recientemente, tras la aprobación del Estatuto de autonomía del archipiélago, ha tomado, entre sus primeras iniciativas, el acuerdo de crear un equipo de estudio sobre el agua en las islas. Este tema acapara toda la atención de las autoridades autonómicas, al ser uno de los problemas que más polémica ha suscitado en los últimos años. El presidente de la Junta, el socialista Jerónimo Saavedra, ha manifestado a su vez que su Gobierno tiene el propósito de socializar el agua y controlar su distribución.

Tradicionalmente se ha pensado en Canarias que buena parte de la burguesía isleña ha florecido con el negocio del agua, cada vez más escasa en el archipiélago. A nivel regional, los recursos disponibles son de unos 380 m3 por habitante al año, lo que representa el 48% de la media nacional. Spa-15 y Mac-21, que hacen pensar en proyectos espaciales, son, en realidad, dos de los numerosos informes sobre el tema, uno de los más estudiados en las islas.Desde hace mucho tiempo se oye hablar en Canarias de la necesidad de una ley de aguas. El viejo problema de la escasez de este recurso en el archipiélago, que padecen más las islas orientales que las occidentales, afecta al campo y a la ciudad, y resucita de vez en cuando en la calle, cuando, simple y llanamente, no hay agua ni para beber. Esta circunstancia se produce con frecuencia en Las Palmas, donde la gente ha organizado incluso manifestaciones para reclamar el suministro de agua que no llega. El peligro de desertización de algunas de las islas, la de Gran Canaria en particular, ha llevado a pensar en la necesidad de transportar agua desde otros lugares, Madeira por ejemplo.

El recién constituido Parlamento canario acaba de crear una subcomisión para estudiar el grave problema del agua en las islas dentro de su Comisión de Industria, Agua y Energía. Es el primer paso para la discusión de las bases de lo que en el futuro será una ley, la ley de aguas para Canarias, que tantos odios y amores despierta antes de nacer.

Seguramente sin pretenderlo, la anterior Administración provocó, a mediados del año pasado, una enorme polémica al dar a conocer el borrador de un estudio titulado Bases para el desarrollo de la política hidráulica en el archipiélago canario, que elaboró una comisión mixta para la planificación hidrológica de las islas. Aquel informe, que fue pasado a la consideración de todos los sectores, acabó siendo rechazado de plano en Tenerife por la Cámara Insular de Aguas y la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga), que lo tacharon de "peligro socializante".

El citado informe-estudio proponía como objetivo "aumentar los recursos hidráulicos, poniendo remedio al uso desproporcionado de los recursos naturales, a la sobreexplotación de los acuíferos, a la contaminación del agua y a la deforestación". Junto a esta filosofía, ofrecía un plazo de cinco años, para ajustar la demanda de los distintos sectores económicos a los recursos disponibles.

"Una característica clara de la situación actual es la sobreexplotación de acuíferos y, a pesar de ello, el agua disponible no cubre las necesidades", se afirmaba en el mismo. El espíritu planificador que animaba aquel anteproyecto incluía la conveniencia de "un control físico y fiscal de los volúmenes aprovechados y usados".

Estos criterios de la anterior Administración movilizaron a los sectores vinculados al agua en Canarias. En un tiempo récord salieron al paso de los postulados oficiales, por considerarlos extraños a la estructura económica de las islas. "No hay tal anarquía", aseguraron para descalificar el afán salvador de la Administración y sus intenciones de poner orden en el sector. La Cámara Insular de Aguas, que agrupa a los propietarios de pozos y galerías, recuerda que en Canarias existe una normativa complementaria a la legislación ordinaria por la que la Administración ha ejercido la potestad de autorizar o no toda petición de obra de captación de agua. Esto, en su opinión, supone que ha habido una planificación implícita.

Temor

Sin embargo, lo que en realidad ha puesto en guardia a esta organización y a la citada asociación de agricultores, de carácter provincial, es el temor de que el Estado pretenda intervenir en el sector con el fin de transformar en pública la actual estructura privada de la propiedad del agua en las islas."Subyace una filosofía, ya sea inconsciente pero palpable, de significación colectivista o socializante y estatificadora", se indica por parte de dicha Cámara Insular. "Lo que se ha pretendido es una socialización encubierta sin las indemnizaciones correspondientes, con una total falta de ética", señaló Jesús Mesa Hernández, vicepresidente de la Cámara Insular de Aguas, considerado un experto en la materia. "A nuestras manos llegó un borrador anterior a aquel texto, en el que se decía, claramente, que se trataba de burlar cualquier indemnización. El párrafo sería tachado y sustituido más tarde por otro más suave", añadió.

La necesidad antes citada de un control físico y fiscal de los volúmenes de agua es fuente de preocupación para Asaga, que aduce "la ambigüedad del concepto control por su indeterminación de límites" y entiende que "cualquier control que se establezca debe respetar la propiedad del agua de los agricultores y ganaderos".

Para la citada asociación agraria existe una realidad incuestionable: "En Canarias, y muy especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, prácticamente todas las aguas son de propiedad privada, que han sido alumbradas con el. esfuerzo, en su inmensa mayoría, de agricultores y ganaderos canarios". Desde hace un siglo ya se reguló, mediante una real orden, la exigencia de licencia previa para la ejecución de trabajos de alumbramiento, lo que significa que la Administración no ha estado al margen del proceso de privatización de las aguas canarias. Ha sido, precisamente, la iniciativa privada, alegan ahora los representantes de la misma, la que ha venido sustituyendo al Estado en este sector, que, por otra parte, presenta un sistema de propiedad muy repartida entre pequeños agricultores, los cuales, agrupados en comunidades de aguas, han ido creando un modo particular de inversión, caracterizada por el riesgo y la incertidumbre, para la captación de agua destinada, en su mayor parte, al campo.

El PSOE quiere socializar

"Nosotros no vamos a ir contra ese pequeño propietario de acciones en pozos y galerías. No pretendemos nacionalizar el agua en Canarias (nuestro programa no dice tal cosa). Pero sí afirmamos que queremos socializarla, controlando, sobre todo, la distribución de la misma, que es donde se aprecia una situación de especulación", declaró a EL PAIS el presidente socialista del Gobierno autónomo, Jerónimo Saavedra."Eso es como decir la vaca es suya pero la leche es mía", replicó Mesa Hernández al conocer la idea del presidente del Gobierno autónomo. "Si lo que el señor Saavedra pretende es llevarnos a la situación de escasez de Las Palmas, le digo que ni hablar. Lo de la especulación se ha comentado siempre y ha estado más que nada en las cabezas de quienes lo han dicho. Da la impresión de que cuando se habla de aguas en Canarias se confunde especulación con comercio. Y esto último es lo que ha habido. Los intermediarios que han existido, han sido, además, producto de la propia Administración pública, que ha preferido tratar con pocos proveedores que con cientos de ellos".

"Ahora bien, si el Estado quiere intervenir y ganar la titularidad de las aguas, que demuestre primero que es capaz de ello. Se habla mucho del tema, pero también es cierto que bajo una gran ignorancia sobre el mismo", manifestó el vicepresidente de la Cámara Insular de Aguas de Tenerife.

"Algunos ayuntamientos", indicó más adelante Jerónimo Saavedra, "han tenido que recurrir a requisas para garantizar el suministro de agua a sus municipios, ya que quienes tenían la sartén por el mango fijaban precios al alza. Cuando los gobernadores han querido limitar los precios, ellos van y bajan el volumen de los caudales. Ahí está el verdadero negocio, y no en la mera titularidad de las acciones".

"Yo creo", afirmó el presidente Saavedra, "que la mayor parte del pueblo canario está de acuerdo con la socialización del agua, con que se tomen las medidas necesarias para un uso racional de la misma y con que se actúe contra quienes especulan, controlan los canales y fijan los precios. En este sentido, el próximo Gobierno que salga de las elecciones autonómicas de mayo deberá llevar al Parlamento una ley de aguas para Canarias".

"El agua es un problema insular y no regional. Quien hable de una ley de aguas para Canarias está cometiendo un error, porque no es lo mismo Tenerife que Las Palmas o Lanzarote. Si es necesario un control público, en todo caso éste deberá corresponder a los cabildos y en la medida en que se demuestre que ese control público es necesario. Porque yo digo una cosa, en Tenerife nos ha ido bien hasta ahora, y me temo que una burocratización de la administración del agua sólo logre encarecerla", señaló por su parte Mesa Hernández, vicepresidente de la Cámara Insular de Aguas.