Rumasa encargará una auditoría general a Arthur Andersen para fijar el justiprecio de la expropiación

Los nuevos administradores de Rumasa contratarán una auditoría general del grupo con la firma Arthur Andersen, por decisión del Ministerio de Economía y Hacienda. Según fuentes informadas, esta revisión de las cuentas del holding y sus empresas, que permitirá definir el justiprecio, será más extensa y profunda que la solicitada por el Fondo de Garantía de Depósitos, cuya demora ha sido uno de los argumentos utilizados por el Gobierno a la hora de expropiar. La lista de expropiaciones será ampliada con medio centenar de nombres de empresas. Sobre todo ello se espera que hable hoy por la tarde el ministro Miguel Boyer ante el Pleno del Congreso.

El comité de administración designado por el Gobierno para Rumasa se ocupó ayer principalmente en proporcionar los últimos detalles que sustentarán la intervención del superministro económico, así como en seguir la evolución de los acontecimientos en el primer día de repertura de las 1.200 oficinas de la división bancaria del grupo. Previsiblemente, el tema fue estudiado también en la reunión que inició poco después de las siete de la tarde, en el Palacio de la Moncloa y bajo la presidencia de Felipe González, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.A la hora de cerrar esta edición no había sido facilitada información oficial sobre el contenido de las decisiones del equipo económico del Ejecutivo. Pero las notas facilitadas hasta las nueve de la noche por las agencias de información únicamente se refieren, sin citar fuentes oficiales, al nuevo sistema de pago aplazado de cuotas a la Seguridad Social y créditos para la reconversión del sector de fabricantes de forja. Tampoco la Dirección General de Patrimonio ni el Ministerio de Economía y Hacienda facilitaron noticias sobre la cuantificación de la retirada de depósitos ni el trabajo de los administradores.

El único comunicado oficial fue facilitado a las tres de la tarde por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), cuyo principal ejecutivo, Juan Antonio Ruiz de Alda, encabeza ahora la división financiera y de seguros del holding de la abeja. "El FGD comunica", dice textualmente, "que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, la actividad de los bancos del grupo Rumasa se ha desarrollado con normalidad. Se han producido retiradas de fondos, pero en cantidades muy inferiores a las que tuvieron lugar en el caso de otros bancos en circunstancias similares".

Es presumible que el equipo económico gubernamental conociera anoche las primeras cifras de retiradas de depósitos y definiera la estrategia a seguir. Cualquier cuantificación ha de ser sometida a serias reservas, debido a que el saldo de la jornada estuvo influido por el pago de nóminas, así como por los talones y efectos girados durante los tres días de cierre por el resto del sistema financiero.Lista de expropiaciones

Uno de los temas más destacados que podría haber abordado la Comisión Delegada para Asuntos Económicos es el de la lista definitiva de empresas que serán expropiadas. Fuentes de toda solvencia han indicado que a la relación publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial del Estado -232, salvo error u omisión- será engrosada por casi medio centenar, si se admiten los datos proporcionados por los administradores.

La presión de los sindicatos, pidiendo la expropiación de las empresas que se conocen como vinculadas a Rumasa, puede hacer engrosar ligeramente la lista. Pero también es probable alguna retirada, además de las tres anunciadas al día siguiente de que saliera el decreto-ley: Roca Radiadores, Fletamentos Marítimos, y Túneles del Tibidabo.

Las fuentes informantes insisten en que deberán ser aguantadas las presiones para mantener como criterio para la expropiación que el holding de la abeja tuviera una participación de dominio, hasta permitirle la gestión de la sociedad. Los administradores han trabajado intensamente para facilitar los nuevos nombres, pues José María Ruiz-Mateos centralizaba mucho las decisiones y la información sobre este tipo de asuntos, según fuentes relacionadas con dichos administradores.

Se ha intentado no tener que rectificar otra vez, como obligó la precipitación de la noche en que fue enviado al BOE el decreto-ley. Pese a ello, la nueva lista será contrastada mientras dure el trámite del proyecto de ley de expropiación en el Congreso de los Diputados, por vía de enmiendas del PSOE.

Auditoría y justiprecio

La auditoría que se contratará con Arthur Anderser, en la que probablemente entren otras firmas para terminar antes el trabajo, no se dirige tanto a contrastar las participaciones reales como a determinar con mayor exactitud el justiprecio que el Estado ofrecerá a los accionistas de los casi tres centenares de empresas.

A la pregunta de si no podría haber sido realizada por los numerosos interventores e inspectores de diverso tipo enviados al grupo, unas fuentes consultadas dijeron que los auditores tienen la técnica y tecnología más apropiada. Añadieron que también interesa, desde el punto de vista político, que lo hagan los profesionales, pues la auditoría es, como se sabe, el análisis de cuentas por una firma especializada ajena a los propietarios de la empresa en revisión

La fase de justiprecio, que se referirá a los valores del día de la expropiación, se iniciará dentro de algo más de dos meses. Hay de plazo un mes para convocar a las respectivas comunidades de accionistas -las juntas han sido cesadas-, y otro mes más para el inicio de las gestiones para el acuerdo en la valoración de las acciones. Si no hay acuerdo, el Jurado de Expropiación de Madrid deberá resolver dentro del plazo de seis meses.

Intervención de Boyer

Por tanto, se espera que la auditoría general esté totalmente terminada antes del momento del justiprecio. Como se recordará, las anomalías en las fechas de entrega de auditorías fueron esgrimidas entre los argumentos del Gobierno para la expropiación. Miguel Boyer declaró el pasado día 18 ante una treintena de periodistas que si Rumasa rompía con Arthur Andersen le enviaría los inspectores, lo que empezó a provocar fugas de depósitos en los bancos de Rumasa, acentuadas tras la respuesta de Ruiz-Mateos. El día anterior a la expropiación, éste último accedió a terminar todas las auditorías y rechazó su entrega directa al Banco de España sin la presencia de representantes del grupo.

Según colaboradores de Miguel Boyer, en su intervención hoy en el Congreso ampliará los datos proporcionados el pasado jueves en conferencia de prensa, especialmente sobre la valoración del patrimonio, dando ejemplos concretos de sobrevaloraciones y de operativa irregular de los bancos y empresas de Rumasa. También responderá a los argumentos sobre eventual insconstitucionalidad y precisará recientes informaciones sobre el futuro de los bancos y empresas expropiadas.