El patrimonio que Rumasa valora en 116.511 millones de pesetas, Miguel Boyer lo reduce a 5.000

Una excesiva concentración de riesgos en la división bancaria, una clara desproporción entre los valores contables de las empresas del grupo Rumasa y su valor real -según balances y según precios de mercado-, unas cuentas de resultados de las sociedades claramente inflados por los informes del propio holding de la abeja y unas desavenencias demasiado reiteradas en las actas de inspección tributaria del Ministerio de Hacienda fueron algunas de las razones aducidas por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, para justificar la publicación del real decreto-ley de expropiación de las empresas del grupo Rumasa. Por tal decreto-ley, el Patrimonio del Estado se convirtió en el propietario de la totalidad de empresas del grupo, según manifestó Boyer en el transcurso de la conferencia de Prensa celebrada ayer en la Moncloa para explicar la decisión del Gobierno.

Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, estuvo acompañado de los ministros de Industria y Energía, Carlos Solchaga; Agricultura, Carlos Romero; y Transportes y Comunicaciones, Enrique Barón. Proporcionó tanto la cronología de los antecedentes de la crisis como cifras aclaratorias de la situación patrimonial del grupo Rumasa que avalaban la decisión del Consejo de Ministros, "tomada prácticamente por una total unanimidad" y sin que se registrara "ninguna discrepancia" en el seno del Gobierno, según declaró el ministro, "a pesar de que se producen normalmente discrepancias en temas bastante menos importantes que el de Rumasa".Miguel Boyer señaló en su intervencion previa al turno de preguntas, como causas inmediatas de la decisión, que, según los "informes facilitados por la propia Rumasa al Banco de España, de los que tomó conocimiento el Gobierno socialista en el período de transferencia y después de informes que solicité de las autoridades del Banco de España y las revisiones limitadas que obran en poder del Fondo de Garantía de Depósitos, indican que, con relación al patrimonio de Rumasa, SA, veinte filiales de cartera, Rumasina, Rumasinder y otras cinco sociedades de cartera, unidas a Inmobiliarias Runidas, a otras sesenta sociedades inmobiliarias, cuyo neto patrimonial, es decir el capital, las reservas y los beneficios acumulados se elevan aparentemente a 116.511 millones de pesetas, tras los ajustes, depurando las partidas de balance y las sobrevaloraciones, se obtiene un patrimonio de 5.000 millones de pesetas". La parte más importante que debe hacerse a los ajustes patrimoniales corresponde a las diferencias entre el valor contable de las participaciones bancarias y su valor teórico según balance.

Los mismos informes y revisiones parciales entregados por Rumasa al Banco de España, prosiguió Miguel Boyer, "dan unas cuentas de resultados consolidados para ese conjunto de sociedades citadas antes, de 6.389 millones de pesetas; hecho el resultado consolidado se aporta una cifra de -9.381 millones de pesetas para el año 1981". Sin querer entrar en excesivas concreciones sobre las prácticas de valoración de activos, Miguel Boyer señaló, como ejemplo, el hecho de que "pocos días después de la compra de Galerias Preciados por el grupo Rumasa se produjo una revalorización de balance de 11.576 millones de pesetas".

Deuda tributaria con el Estado

Todas estas informaciones facilitadas a través del Banco de España fueron complementadas por diversos informes del Ministerio de Economía y Hacienda obtenidos a partir de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria. "En el momento de la entrada en funciones del nuevo Gobierno, se informa a éste, y naturalmente hice que se informara oficialmente, que, por actuaciones inspectoras referidas a los ejercicios de 1980, Rumasa tiene una deuda tributaria con el Estado de 20.600 millones de pesetas. "Naturalmente", prosiguió el ministro, "esta deuda, según actas levantadas por inspectores financieros y tributarios, no ha sido aceptada por las empresas de este grupo, porque el 95% de estas actas lo son de disconformidad, después de una tarea de obstrucción absoluta, incluso con domicilios falsos cuando los inspectores han ido a verificar los domicilios sociales de las empresas", que acabó convirtiéndose en un problema tan grave que el propio grupo pidió al Gobierno un tratamiento centralizado de los temas fiscales para evitar enfrentamientos con los inspectores. Aunque en la conferencia de prensa el ministro de Economía y Hacienda no quiso concretar el reparto de dicha deuda tributaria, se ha podido averiguar que de los 20.689 millones de pesetas a que asciende, 7.732 millones corresponden al Impuesto de Sociedades; 674 millones al de Rentas del Capital; 581 millones al Impuesto sobre la Renta del Trabajo Personal; 589 al de la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades 5.275 al de Tráfico de Empresas; 5.701 al de Lujo, y 137 corresponden a una liquidacion sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Todas esta cifras corresponden al ejercicio de 1980 y el ministro de Economía y Hacienda declaró que se había pedido a la inspección que continuaran sus inspecciones para los ejercios correspondientes a 1981 y 1982.

Miguel Boyer manifestó que aunque no estaban terminados los trabajos de esclarecimiento sobre las inspecciones realizadas por la Seguridad Social, se habían detectado ya algunas irregularidades.

El conjunto de esta situación, conocida por el nuevo Gobierno, hizo que fuera tratada por el Consejo de Ministros, y en la Cornisión Delegada para Asuntos Económicos en varias ocasiones en los dos últimos meses, lo que hizo que "se instara por todos los medios a que la empresa atendiera los requerimientos y cumpliese los compromisos contraídos concretos". Todo ello, según el ministro, hace que el grupo Rumasa se presente como "un grupo que se lanza a una expansión a toda costa, sin seguir normas de prudencia elemental, considerando que a su ánimo creador le vienen estrechos las disposiciones comunes que rigen la vida de las instituciones financieras y no financieras" y "que, en lugar de atender a los reiterados requerimientos el grupo, se lanza a una huida hacia adelante para mantenerse en pie por su propio dinamismo".

Para Miguel Boyer, se han desafiado reiteradamente todas las advertencias de las autoridades monetarias, siendo el problema conocido no sólo por éstas sino también por el conjunto del sistema financiero, ya que "prácticamente la mayor parte del conjunto de los bancos no pertenecientes al grupo hacía ya tiempo que no concedían créditos a las empresas de Rumasa y no operaban aumentando riesgos ni asumiendo nuevos en los últimos meses". "Por último", declaró Boyer, "se desafía al Gobierno cuando éste exige que se acabe con la política obstruccionista a la labor inspectora y auditora".

Debilidad política

Sólo la debilidad política de los Gobiernos anteriores, en opinión

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