Aborto: que hable el jurado
El Gobierno habrá cambiado, pero nosotros, los ciudadanos, seguimos sin tener acceso, en forma de participación directa y efectiva, en los asuntos penales. Es decir, que continuamos sin justicia participativa cuando incluso la representativa es prácticamente inexistente, puesto que la totalidad de nuestros magistrados y jueces togados son funcionarios profesionales no elegidos directamente por el pueblo...Dicho lo anterior, resulta de todo punto pasmoso y aberrante que el Gobierno socialista haya apurado la copa -¡quizá envenenada!- del aborto, siendo tema que presenta enormes complejidades interpretativas en el ámbito constitucional (artículo 15: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral...") en concordancia con el ordenamiento común (artículo 29 del Código Civil: "El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables..."), mientras que la institución del jurado, respaldada y bien respaldada por el mandato constitucional de veinte millones de españoles (referéndum nacional de 6 de diciembre de 1978), sigue siendo -pasados más de cuatro años- la gran promesa olvidada del programa del PSOE (y también de todos los partidos nacionales en la oposición democrática: AP, UCD, CDS y PCE), a pesar de constituir el elemento procesal fundamental y necesario para la democratización de nuestra justicia, sin el cual todas las reformas legislativas materiales pueden devenir en agua de borrajas...
No es pensable que este Gobierno -producto de una aplastante victoria electoral- sea tan endeble y tembloroso que dos sentencias (ni tan siquiera firmes) dictadas en sendas causas sobre abortos por las salas de lo penal de la Audiencia Territorial de Barcelona, conteniendo un condeno, pero disiento, hayan torcido el curso racional de sus prioridades legislativas. Tampoco queremos aceptar que semejante decisión sea mero producto del oportunismo político de cara a las venideras elecciones municipales, como se acusa por los adversarios...
Es claro que etiquetar al jurado como abortista o bien como antiabortista sería una crasa equivocación. Los veredictos que emita el jurado en cada causa dependerán exclusivamente de los propios méritos de las pruebas presentadas; de las alegaciones de las partes acusadoras y defensoras puestas en pie de igualdad, y, en definitiva, de la conciencia social prevaleciente en la región de España donde el juicio tenga lugar. Sólo estas expresiones auténticas y reiteradas de nuestro pueblo deberían servir de fundamento para acometer reformas legislativas sobre temas -como el aborto- que afectan medularmente las concepciones y creencias morales secularmente ancladas en nuestra sociedad y que tienen su garantía en la propia Constitución (artículo 16-3 "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española..."). Sustituir los pronunciamientos ciudadanos del jurado por pools, encuestas y estadísticas apresurados y partidistas no es políticamente noble ni oportuno. / Abogado y presidente de la Asociación Pro Jurado.
