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Tribuna:

Propuesta estabilizadora contra la tortura

Los abajo firmantes, ciudadanos de conciencia política independiente, preocupados ética y profesionalmente por los problemas planteados por las formas de represión en la sociedad moderna, hacen la siguiente propuesta y el subsiguiente ofrecimiento a las autoridades del actual Gobierno.- Considerando que la tortura, esto es, la sistemática violación de una persona en situación indefensa por medio de la intimidación violenta y dolorosa, se haga en nombre de los valores o de las coartadas ideológicas que fueren, es siempre una práctica abominable, no sólo desde una determinada perspectiva política, sino desde la simple dignidad humana;

- Considerando que hay sobrada evidencia de que en España se practica la tortura en comisarías, reformatorios y cárceles, de manera frecuente y extendida (no ignoramos que también en ciertos grupos armados terroristas se dan prácticas odiosas de violencia, pero contra las que no podemos hacer nada en cuanto ciudadanos, salvo expresar nuestra condena, dado que esos grupos no se amparan en la legalidad vigente, ni mucho menos son costeados por los fondos públicos del Estado);

- Considerando que, a diferencia de otros problemas más complejos que se le presentan al Gobierno en el terreno económico o social, tales prácticas de tormento oficiosamente institucionalizado pueden ser abolidas por medio de la adopción de medidas relativamente sencillas e inmediatas, a saber, imponiendo determinados controles que fiscalicen lo que ocurre durante la retención de los detenidos y derogando aquellas disposiciones legales de carácter extraordinario que, según demuestra la experiencia, encubren y fomentan la tortura.

Proponemos a quien corresponda, con el debido respeto:

1. La inmediata remisión a las Cortes de un proyecto de ley que desarrolle las previsiones del artículo 17 de la Constitución y establezca: a) La derogación de las disposiciones vigentes que impiden la asistencia del abogado a todos los detenidos o presos, en cualquier momento y situación. b) La supresión de las normas excepcionales que prolongan la permanencia de los detenidos en las dependencias policiales por más tiempo de las 72 horas. c) La regulación del procedimiento de habeas corpus contra las detenciones ilegales.

2. La separación del servicio de aquellos funcionarios que aparezcan implicados en casos de malos tratos a detenidos o presos, tras una rápida investigación administrativa de las denuncias que se produzcan en este sentido, con independencia de las penas que los tribunales de justicia puedan imponer en su caso.

3. La publicación por la Fiscalía del Estado de una circular exhortando a todos los fiscales a que investiguen con el mayor empeño los casos de tortura, controlen rigurosamente el cumplimiento de la visita judicial periódica a los detenidos o presos, auxilien a los particulares que denuncien este tipo de delitos y en suma, faciliten la colaboración ciudadana para contribuir a la erradicación de la tortura.

Y a esta propuesta añadimos el siguiente ofrecimiento. Muy en contra de lo que suele afirmarse cuando se denuncian temas como el de la tortura, no mueve a los abajo firmantes ni la más remota pretensión de desestabilizar el proceso hacia la plena democracia en nombre de ningún mesianismo dogmático ni de ningún resentimiento de totalitarismo contrariado.

Por el contrario, creemos que esta propuesta es, además de justa y humanitaria, profundamente estabilizadora para dicho proceso, pues en nuestra opinión la democracia se refuerza precisamente cuando más rigurosamente se aplica; en algunas zonas del Estado -fundamentalmente en Euskadi- la desaparición efectiva de la tortura podría contribuir decisivamente a la pacificación de los brotes de violencia organizada. Por tanto, si en un plazo -digamos- de setenta días tras la publicación de este escrito, se cumple de manera rigurosa y exhaustivamente comprobada lo en él expuesto, los abajo firmantes nos comprometemos a publicar un escrito laudatorio de reconocimiento al Gobierno socialista por la extinción de esta lacra, en el que se admitirá -sin reticencias y contra los reticentes- que algo muy importante ha cambiado por fin en España, y que tal cambio no ha sido moderado, impopular, demagógico u oportunista, sino auténtico fruto de una innegable política progresista. Esperamos muy sincera y cordialmente que se nos brinde la ocasión de cumplir esta oferta.

Junto con José Luis L. Aranguren y Carlos Castilla del Pino, suscriben también este texto Gonzalo Martínez-Fresneda, José María Mohedano, Marc Palmés, José Ramón Recalde, Rafael Sánchez Ferlosio y Fernando Savater.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de febrero de 1983