Desavenencias en el seno del Gobierno por el tratamiento que se está dando a la solución de los bancos en crisis

Miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración plantean en estos momentos la necesidad de que en una próxima reunión del Ejecutivo se discuta, de forma prácticamente monográfica el tratamiento que se está dando a los bancos en crisis y el cumplimiento del programa presentado durante la campaña electoral en lo que se refiere al derecho de tanteo del Estado sobre los bancos reflotados con mayoría de caudales públicos. La resolución de la crisis del Urquijo y, especialmente, lo que se va sabiendo sobre el futuro del Banco de Levante han molestado a algunos ministros.

El programa electoral del Partido Socialista recogía, en sus párrafos dedicados a los bancos en crisis, la necesidad de que el Estado utilizara el derecho de tanteo que le reconoce la actual legislación en los concursos-subasta de adjudicación de dichas instituciones financieras. Ello no quería decir, en opinión de algunos de los redactores del programa, que el Estado fuera a adquirir todos los bancos en crisis, aunque se reconocía implícitamente la necesidad de ejercitarlo tanto por razones de imagen como para hacer variar las condiciones generales en las que se han venido adjudicando los bancos.

La banca privada respira

De hecho, las instituciones financieras privadas han mantenido durante los meses anteriores una prudente distancia en todo lo referente a una posible adquisición de bancos en crisis ante el temor de que el Gobierno decidiera aplicar su derecho de tanteo. La solución dada al Banco Urquijo fue aceptada por la mayor parte de los que en estos momentos intentan presionar para que se realice un debate en profundidad en el Gobierno sobre los bancos en crisis. Sin embargo, lo que se va conociendo últimamente sobre las intenciones de adjudicación del Banco de Levante y el de Alicante, ha desencadenado cierto malestar entre varios ministros.Se considera en estos medios del Partido Socialista que se puede incumplir de forma sistemática lo prometido en la campana electoral. Parece claro que el Estado ni puede ni debe asumir todas las obligaciones que llevaría consigo el saneamiento de todos los bancos en crisis, pero se indica que al menos debería entrar en algunos de los que ahora están en proceso de subasta. La filtración de informaciones en el sentido de que el caballo ganador en el concurso del Banco de Alicante parece que va a ser el Bank of America, quien, "con una inversión de 1.500 millones de pesetas, va a conseguir unos depósitos cercanos a los 20.000 millones, lo que le proporcionará una penetración en el mercado financiero muy significativa", en opinión de uno de los más críticos con la situación actual, puede ser el detonante del descontento.

El Exterior y el Levante

En estos mismos círculos no se entiende la decisión del Banco Exterior de España de no estudiar la posibilidad de adquirir el Banco de Levante, basándose en que la absorción implicaría una duplicidad de oficinas en localidades en las que esto no tiene sentido. Las reticencias a esta decisión se explican porque no parece imprescindible, desde ningún punto de vista que el Levante tenga que ser absorbido por el Exterior, sino que sería posible adquirirlo y que siguiera manteniendo una estructura independiente, aunque controlada por el banco matriz.Un banco de las características del Levante, se opina, con una localización nacional buena en cuanto a su política de apertura de sucursales y con unos depósitos relativamente importantes, a pesar del descenso habido y de la limpieza que se ha llevado a cabo desde que ingresó en el Fondo de Garantía de Depósitos en instituciones bancarias, podría tener razón de ser por sí mismo tutelado en una primera etapa por el Banco Exterior, siendo gestionado por profesionales capaces y controlado por todo el aparato del más publico de los bancos privados.

Un Consejo de Ministros en el que se discuta la política a seguir en la adjudicación de bancos en crisis plantearía la necesidad de clarificar el papel de la banca oficial -atacada, en reuniones restringidas, por altos cargos de la parte económica de la Administración-, y el cumplimiento o no de las promesas electorales que hablaban de potenciar la competitividad de la banca oficial frente a las instituciones privadas. Por lo que se sabe, al menos tres ministros podrían plantearse en estos momentos la necesidad de que se produzca esta discusión.