El Gobierno arbitrará medidas para limitar la contratación temporal y regulará la sindicación de los funcionarios

El derecho a la huelga y a la libre sindicación de los funcionarios de la Administración pública se contemplará en los futuros proyectos de ley de huelga y ley orgánica reguladora de la libertad sindical que el Gobierno remitirá a las Cortes, según informó ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, en su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso. En la misma sesión, Almunia anunció también medidas para limitar la contratacion temporal y la articulación de un sistema excepcional de pago aplazado de las deudas a la Seguridad Social.

En su intervención, de hora y media de duración, el ministro se refirió a las actuaciones realizadas y previstas por su Ministerio en los apartados de política de empleo, seguridad social y relaciones laborales. Hizo especial hincapié Joaquín Almunia, al referirse al primer apartado, al fomento del empleo, y centró su atención en la contratación temporal, prorrogada para el año 1983, como uno de los principios básicos de esa política. Señaló que se favorecerá la conversión de contratos temporales en ordinarios -con normas de desgravación y estímulos a las empresas-; se fijarán límites a la contratación temporal, en función del tamaño de la plantilla fija de la empresa; y se establecerán garantías de estímulo para la sustitución de la contratación indefinida por temporal.Al referirse a la política de su Ministerio en el reparto de trabajo, reafirmó el compromiso del Gobierno de adelantar en el próximo cuatrienio la edad de jubilación, así como prolongar la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años y ampliar la oferta educativa a los jóvenes de diecisiete y dieciocho años. Insistió en que su ministerio mantendrá durante 1983 la jubilación a los 64 años, "siempre que el trabajador jubilado sea sustituido por otro joven o perceptor del subsidio de desempleo", e introducirá los contratos de relevo, que establecen la jubilación progresiva de trabajadores mayores de sesenta años y su sustitución progresiva por jóvenes con contratos a tiempo parcial.

El aumento de la cobertura de las prestaciones por desempleo fue presentado por Almunia como "uno de los compromisos más urgentes e inaplazables del Gobierno en materia laboral". El ministro confirmó que su departamento propondrá al Gobierno la modificacion de la prestación complementaria, prorrogándola por seis meses adicionales para aquellos desempleados con responsabilidades familiares, y para los desempleados mayores de 55 años, con el fin de facilitarles el acceso a la pensión de jubilación.

Reforma del empleo comunitario

Anunció Almunia un plan de reforma sustancial del sistema de empleo comunitario que estaría listo en los primeros meses de 1984. Mientras tanto, se aplicarán una. serie de medidas urgentes, entre ellas, el aumento del jornal por empleo en un 12%, la suscripción de una póliza colectiva por las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales y la exigencia de presentación de los proyectos de la aplicación de las ayudas por parte de los organismos inversores. La reforma del actual empleo comunitario pasa, según el ministro, por su transformación en un fondo de empleo rural, cuyo objetivo será la realización de obras con fines comunitarios, sociales e infraestructurales, que empleen a trabajadores desempleados del campo. Habló el ministro de la reordenación y sistematízación de la Seguridad Social, en la que se desea lograr un equilibrio financiero de los recursos y, los gastos. Recordó que, hasta el 30 de septiembre de 1982, el importe de las deudas a la Seguridad Social asciende a cerca de 700.000 millones de pesetas, el 15% de lo recaudado en esos meses. Puso especial énfasis en destacar la reciente reducción de las cotizaciones de las pequeñs y medianas empresas y el aumento en un 46,57% de la aportación del Estado en los gastos de la Seguridad Social.En relación con fraudes como el detectado en Barcelona, Almunia se mostró partidario de actuaciones firmes, "sin que ello signifique una actitud frente al conjunto de empresas". En este sentido, señaló que, para las empresas que justifiquen situaciones reales de dificultad económiea para hacer frente a las deudas con la Seguridad Social, se está estudiando, dentro de los mecanismos legales, un sistema excepcional de pago fraccionado de las mismas.

El ministro anunció también el inmediato estudio de una ley de pensiones en la que, entre otros criterios, se eliminará el requisito del alta para causar derecho a la pensión de que se trate; se procederá a una equiparación de los derechos del hombre y la mujer en materia de viudedad; se establecerá la posibilidad de anticipar la edad de jubilación por la realización de trabajos tóxicos y penosos, y se contemplará la revalorización automática de pensiones lo más acorde posible con la evolución del coste de la vida. Los derechos de huelga y de libertad sindical se regularán en sendas leyes, de las que quedarán al margen los integrantes de las Fuerzas Armadas y cuerpos sometidos a disciplina castrense.

Almunia manifestó que es voluntad del Gobierno solucionar "en el plazo más breve posible" el destino definitivo del patrimonio sindical.

En ese sentido, señaló que, en relación con los bienes incautados, se negociará entre el Ejecutivo y los sindicatos y otras entidades afectadas. Indicó que se están realizando estudios para clarificar la situación del patrimonio acumulado por la Organización Sindical vertical antes de adoptar una decisión sobre el destino que se va a dar a estos bienes.