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Los diputados y senadores no podrán ejercer otra actividad pública

El cargo de diputado o senador será incompatible con el ejercicio de la función pública o con cualquier puesto que dependa de los presupuestos públicos, de acuerdo con el proyecto de ley sobre incompatibilidades de los parlamentarios que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Los notarios, registradores de la propiedad, magistrados, funcionarios de embajadas en activo, jueces y miembros del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional no podrán compatibilizar sus ocupaciones con el escaño.

El proyecto de ley de incompatibilidades de diputados y senadores, al que el Gobierno dio ayer luz verde, permite -aunque con algunas limitaciones- la actividad privada, pero es inflexible en cuanto a la duplicidad de funciones públicas, concepto en el que, por ejemplo, se incluye a notarios y registradores de la propiedad. Podrán conservar, no obstante, su acta de parlamentario alcaldes, cargos sindicales y consejeros de empresas públicas o representantes ante organismos internacionales expresamente autorizados por las cámaras, si bien sólo podrán percibir una remuneración. Se crearán registros de actividades y de ingresos para controlar la estricta aplicación de la ley.En un plazo de tres meses, muchos parlamentarios del centro y la derecha tendrán que optar por el escaño o a su actividad profesional. Será el caso de Guillermo Kirkpatrick, diputado por Alianza Popular (subdirector de la Escuela Diplomática); de Pío Cabanillas, diputado por UCD (registrador de la propiedad) e incluso del propio presidente del partido centrista, Landelino Lavilla, que precisamente acababa de solicitar su reingreso como letrado del Consejo de Estado.

También fue debatido por el consejo otro proyecto de ley de incompatibilidades, el referido a los altos cargos de la Administración, pero no se aprobó "por falta de tiempo", según afirmó el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso. En la reunión del Gabinete se aprobaron aumentos en los precios del gas entre el 15,17% y el 19,83%, se acordaron reducciones en el precio de las gasolinas en Canarias, Ceuta y Melilla, se aprobó la adjudicación de obras para centros escolares por valor de 2.470 millones de pesetas, y se nombró a Santiago Roldán rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Página 11

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de febrero de 1983

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