Citados a declarar siete procuradores en relación con un presunto cohecho

El expediente gubernativo abierto, hace algunas semanas, a un oficial del juzgado santanderino bajo la acusación de percibir determinadas cantidades de dinero por la aceleración de trámites judiciales, ha sido devuelto a la fiscalía de la Audiencia Provincial de Santander por la sala de lo gubernativo de la Audiencia Territorial de Burgos. Esta entiende que de las declaraciones realizadas por algunos procuradores cántabros ante el magistrado instructor del expediente, pudieran desprenderse acciones constitutivas de delito. En los próximos días deberán declarar ante el magistrado instructor, en la fase de investigación que pudiera dar lugar a la apertura de sumario por el presunto delito de cohecho, ocho procuradores del colegio de Santander.Los procuradores que deberán prestar declaración en los próximos días y a los que, según fuentes consultadas por EL PAÍS, podría incoárseles sumario, son: Isidoro Báscones de la Cuesta, María Teresa Carny, Filiberto CortigueÍa, César González Martínez, Blanca Martínez García y Antonio Nuño Palacios, sin que haya sido posible confirmar la identidad del otro procurador implicado. La investigación ordenada por la fiscalía de la Audiencia de Santander, decisión que aún no ha sido notificada al magistrado instructor, se produce tras el traslado por la sala de lo gubernativo de la Audiencia Territorial de Burgos del expediente incoado al oficial del juzgado número 3 de Santander, Francisco Carmona. Este había sido denunciado por el decano del Colegio de Procuradores de Santander, Dionisio Mantilla, a instancias de un colegiado.

De las declaraciones efectuadas por los procuradores citados en el curso de la instrucción del expediente abierto al funcionario, y que fueron realizadas a instancias de Mantilla, podría deducirse, a juicio del fiscal de Audiencia Territorial de Burgos, prácticas constitutivas de posible delito, al haber reconocido la entrega de propinas al citado funcionario. Dado que la jurisdicción penal es preferente en relación con los expedientes gubernativos, éste ha sido paralizado hasta tanto se depuren las posibles responsabilidades penales existentes.

En medios cercanos a los procuradores implicados, que al no haber recibido notificación oficial de la instrucción del expediente han declinado hacer cualquier tipo de declaraciones.