En libertad bajo fianza de diez millones de pesetas el ingeniero jefe detenido

El ingeniero del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) Salvador Madrigal Sánchez, que se encuentra procesado por presunto delito de imprudencia en relación con la rotura de la presa de Tous y las inundaciones de octubre, fue puesto ayer en libertad bajo fianza de diez millones de pesetas, que fueron depositados mediante aval bancario en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Játiva (Valencia). Al parecer, la fianza fue depositada por el Colegio de Ingenieros de Caminos y el MOPU.Paralelamente, y tras el correspondiente informe del médico forense, fue dado de alta en el hospital de la citada localidad, donde se hallaba por autorización del juez, aquejado de trastornos respiratorios. Con anterioridad, la situación de Madrigal era de prisión incondicional. El juez especial que entiende el sumario sobre la presa de Tous, Gustavo Solaz, reformó ayer esta situación al dictar un nuevo auto de prisión provisional, por el que se fijaba la citada cantidad como fianza para que el procesado pudiese salir en libertad.

Como ya informó este periódico, además de Salvador Madrigal, que realizó la reforma definitiva del proyecto de la presa de Tous, también se encuentra procesado Jesús González Marín, ingeniero técnico a pie de obra en el momento en que sobrevino la rotura de la presa y que está en libertad provisional bajo fianza de 500.000 pesetas. En ambos casos el procesamiento está en función de presuntos delitos de imprudencia temeraria recogidos en los párrafos primero y segundo del artículo 565 del Código Penal. El juez ha manifestado que no se descarta que pueda haber nuevos procesamientos.

Los defensores de los dos ingenieros han presentado recursos contra el procesamiento, sobre los que hoy se producirá la resolución del juez, según informaron ayer a este diario fuentes del juzgado de Játiva.

Por su parte, la acusación particular, que dirige el decano de la Facultad de Derecho de Valencia, José Ramón Casabó, en nombre de los afectados, se ha pronunciado en contra de que sean dictaminados favorablemente.

Para hoy además está previsto que presten declaración otros dos ingenieros del MOPU, Florentino Santos y Román Guerrero.

El primero como ingeniero director de la presa cuando ocurrieron los hechos y el segundo como jefe de servicios del Ministerio. Esta prueba testifical es una de las muchas que solicitaron la acusación particular y el Ministerio Fiscal y que están pendientes de practicar. Hasta el momento la responsabilidad económica por los daños causados que ha fijado el juez es de unos 200.000 millones de pesetas.