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Eanes disuelve el Parlamento portugués y convoca elecciones para el 25 de abril

El presidente Antonio Ramalho Eanes promulgó ayer el decreto de disolución del Parlamento portugués, elegido en octubre de 1980, fijando al mismo tiempo las próximas elecciones -anticipadas- para el noveno aniversario de la revolución de los claveles, el 25 de abril.La campaña electoral tendrá lugar desde el 4 hasta el 23 de abril y el plazo de presentación de las listas de candidatos expira el día 1 de marzo. Quince días antes, los partidos que quieran presentarse a las elecciones presentando coaliciones tendrán que hacerlas registrar en la Comisión Nacional de Elecciones.

Los partidos socialdemócrata y democristiano, aliados electorales desde 1979, deberán decidir si mantendrán o no la coalición de Alianza Democrática sin esperar a la celebración de sus congresos nacionales, marcados para los días 19 y 26 de febrero, respectivamente.

Parece irreversible la ruptura de Alianza Democrática, y el solo hecho de que los cuatro grandes partidos portugueses disputen las elecciones aisladamente refuerza la ventaja relativa del Partido Socialista.

Antes de la disolución del Parlamento, los diputados aprobaron, en la madrugada de anteayer, el presupuesto provisional presentado por el Gobierno dimisionario.

Los diputados democristianos estuvieron ausentes del hemiciclo durante todo el debate sobre los Presupuestos del Estado, compareciendo únicamente a la hora del voto para asegurar la aprobación del documento, frente al voto contrario de todos los grupos de la oposición.

La nueva ley de Finanzas portuguesa prevé drásticas reducciones de los gastos públicos y el aumento de todos los impuestos, directos e indirectos. Un impuesto sobre los beneficios de las empresas, que los socialdemócratas quisieron en el último momento retirar de la propuesta gubernamental, fue aprobado gracias a los votos de la oposición, cuyos diputados se encontraban en mayor número dentro del hemiciclo.

El Gobierno queda autorizado, según la misma ley, a solicitar préstamos internos hasta un valor de 1.500 millones de dólares y créditos exteriores por un valor que no exceda los seiscientos millones de dólares para financiar el déficit de la balanza de transacciones corrientes.

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