El fiscal solicita 30 años de prisión para los dos 'ultras' juzgados por el atentado con explosivo contra EL PAIS

Ayer se celebró en la Audiencia Nacional el juicio oral contra los dos militantes de extrema derecha Ramiro, Rodríguez Borlado y Rafael Gómez Alvarez, acusados de haber perpetrado el atentado contra EL PAIS en octubre de 1978 y en el que falleció el conserje Andrés Fraguas. El ministerio fiscal solicitó treinta años de prisión para cada uno de los acusados, mientras la defensa reclamó la libre absolución. Los dos procesados negaron estar implicados en el hecho y aseguraron además que eran apolíticos y que no han militado en ningún grupo ni partido. Añadieron que durante su detención fueron torturados y amenazados.

Ramiro Rodriguez-Borlado y Rafael Gómez Alvarez, en sus declaraciones, negaron sistemáticamente su participación en el atentado a EL PAIS, y continuaron trenzando aquella defensa que empezaron a esgrimir en agosto de 1981, cuando, tras notificarles el auto de procesamiento, se les tomó la declaración indagatoria, y desmintieron todo lo que anteriormente habían confesado. Coincidieron los dos procesados en asegurar que habían sido sometidos a malos tratos durante el tiempo en que permanecieron detenidos en la policía y en el juzgado de guardia.Rodriguez-Borlado se mostró más locuaz al referirse a los malos tratos y a las presuntas torturas. Habló que durante la detención se le colocó un casco en la cabeza y se le golpeó con un bate de beisbol. Tenía pánico y terror explicó el acusado refiriéndose a las supuestas amenazas vertidas por uno de los policías, "el mismo que fue procesado por la muerte del etarra Arregui".

"Había perdido el cerebro. Estaba descerebrado".

El interrogatorio a los dos acusados, que duró escasamente tres cuartos de hora, sirvió sustancialmente para explicar dos cosas. Primero como fueron detenidos casualmente, después de un altercado callejero en el que dispararon sobre un automovilista. Sirvió también para que quedara en la sala dibujado un perfil terrorista y organizado de los implicados, a pesar de sus continuas respuestas evasivas, que fueron apostilladas con una pincelada de ironía por el fiscal.

"Así que llevaban ustedes una vida morigerada y honrada, trabajaban y eso. ¿Verdad?"

Se puso también al descubierto con este interrogatorio el terror que se puede esconder dentro de los objetos de uso cotidiano y que fueron localizados por la policía en los registros domiciliarios; fulminantes escondidos dentro de rotuladores, pistolas en ollas, cartuchos en un televisor o ese aparato de control de aereomodolismo, susceptible de utilizarse como detonador a distancia.

En pleno corazón del juicio oral hubo un relato espeluznante y conciso, que duró a penas tres minutos y que realizó Francisco Javier Baviano, director gerente de la empresa editora de EL PAIS. Baviano habló de una explosión terrible, que sonó junto al despacho donde estaba reunido aquella mañana.

"Fui hasta la puerta y vi salir corriendo a Carlos Barranco, lleno de sangre. Luego conseguí abrir la puerta y así pudo salir Juan Antonio Sampedro. Le faltaban las manos y tenía las tripas fuera. Decía que hiciéramos algo. Mandé llamar a una ambulancia. Cuando estaba en el servicio médico con Sampedro, alguien me dijo que allí quedaba algo. Entré y ví en el suelo a Andrés Fraguas, sin mandibula, con los pulmones perforados por la metralla".

Hay algo que es irreproducible y son esos segundos de silencio con los que se recogió la declaración de Francisco Javier Baviano, y que trasladó a todos los reunidos a la mañana del 30 de octubre de 1978, a la tercera planta del edificio de EL PAIS. A las declaraciones de Baviano les siguió las de Carlos Barranco, el empleado que salvó la vida, la de Julián García Candau, el redactor jefe al que iba dirigido el paquete bomba y la de Eugenio Fraguas Fernandez, el hermano del conserje fallecido.

En opinión del ministerio Fiscal los hechos relatados son constitutivos de un delito de terrorismo, con los resultados de muerte, daños y lesiones, y por los que procede imponer a los acusados 30 años de prisión. Al tiempo que reclama una indemnización total de 19 millones de pesetas para los afectados y 248.972 pesetas para la empresa editora de EL PAIS, pro los daños producidos en el edificio. El fiscal recalcó el papel de los atestados policiales y su validez cuando se ratifican ante el juzgado. Hizo también un apasionado ataque a esos individuos que se mueven impulsados "por una tara psíquica" o "por criterios relacionados con una ideologia".Para el abogado querellante, Diego Córdoba, los hechos son constitutivos de cuatro delitos de terrorismo, por los que se deben imponer un total de 110 años de prisión para cada uno de los procesados. Pidió Diego Cordoba una indemnización total de cuarenta millones de pesetas. Recalcó el letrado la confesión pormenorizada de los implicados, y recordó el careo al que fueron sometidos los dos implicados en el juzgado y en el transcurso del cual ratificaron ser los responsables del paquete bomba. Habló de la premeditación y de la alevosía que permitió a los inculpados asesinar sin tener que ver el rostro de estupor de las víctimas, o sin tener necesidad de mancharse de sangre.

Los letrados defensores José Luis Sanz Arribas y Antonio Muñoz Perea -este último defensor del capitán Pascual Gálvez en el proceso del 23-F reclamaron la libre absolución, negando la autoria de los procesados. El juicio finalizó a las dos del mediodía. Mientras el público vaciaba la sala, una mujer de luto, continuaba ensimismada sentada en un banco. Era la madre de un joven, muerto a tiros, en plena euforía terrorista. Había acudido a la sala para conocer a los presuntos asesinos de su hijo.