La información de anticonceptivos se incluirá como materia educativa en el bachillerato y formación profesional

El Gobierno ultimó ayer, en la reunión del Consejo de Ministros, las medidas que se pondrán en marcha para complementar la despenalización del aborto, algunas de las cuales entrarán en vigor en un tiempo muy breve -las referidas a la prevención de la subnomalidad y planificación familiar- y las restantes lo harán cuando las Cortes aprueben el proyecto de ley de interruptión voluntaria del embarazo. De este conjunto de medidas destaca la intención inmediata del Gobierno de que la información sobre el uso de los métodos anticonceptivos sea impartida en los cursos de formación profesional y en el correspondiente BUP (bachillerato unificado polivalente), incluida en el programa educativo, y cuya docencia deberá ser impartida por los enseñantes en colaboración con el correspondiente personal especializado de los centros de orientación familiar.

Asimismo, el plan del Gobierno incluye la intensificación de los medios para solucionar los problpmas de infertilidad; la simplificación de los trámites para las parejas que deseen adoptar niños; la ampliación de los métodos para prevenir la subnormalidad y la protección de la mujer embarazada y de la madre soltera. Por contra, el Gobierno aún no se ha planteado que los anticonceptivos corran a cargo de la Seguridad Social y ha aplazado hasta el reforma definitiva del Código Penal, que se emprenderá el próximo mes de junio, la despenalización de la vasectomía, en el caso de los hombres, y el ligarmento de trompas, en el caso de las mujeres, operaciones ambas que, aunque su uso está extendido en nuestro país, continúan teniendo la consideración de delitos.Tampoco se Incluyó finalmente en el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto que se remite a las Cortes (ver página 11), la inclusión de los casos de estupro e incesto como causas legales de interrupción voluntaria del embarazo, pese a que este tema fue ampliamente debatido en la reunión del Consejo de Ministros de ayer.

Los miembros del Gabinete de Felipe González que sé mostraron partidarios de incluir tales supuestos en el proyecto de despenalización del aborto alegaban que, desgraciadamente, en nuestro país se producen mayor número de casos de embarazo por incesto o estupro que por violación, con lo que un buen número de mujeres quedarán legalmente desprotegidas. Quienes se opusieron a ello vinieron a señalar que el actual proyecto es "suficiente", que bastante polémica ha levantado ya, y que ambos delitos pueden ir incluidos en el apartado de las violaciones. Tras el debate, prevaleció esta última tesis.

Según el dicccionario de la Real Academia, se entiende por estupro "el yacer carnalmente con doncella mayor de doce años y menor de 23, mediante abuso o engaño", mientras el artículo 434 del Código Penal y siguientes lo tipifican a partir del "estupro de una doncella mayor de doce años y menor de veintitrés, cometido por autoridad pública, sacerdote, criado doméstico, tutor, maestro o encargado por cualquier título de la educación o guarda de la estuprada", con penas desde prisión menor o arresto mayor si el estupro se comete "por cualquier otra persona interviniendo engaño". El incesto se refiere a los actos sexuales entre padres con hijos y hermanos entre sí.

20.000 abortos de españolas en Londres en 1981

Uno de los textos que el Gobierno ha debatido para aprobar la despenalización de los tres mencionados casos de aborto considera que la exclusión de la interrupción del embarazo de la terapeútica médica lleva consigo "una inaceptable situación social con la búsqueda de su práctica ¡legal y grandes riesgos para la vida de la mujer que los; sufre, o bien el traslado a países donde sea una práctica médica aceptable, junto con la incoherencia que tiene la exclusión de un método que per mite evitar muertes maternas, graves riesgos o daños permanentes para la madre, así como el nacimiento de niños con importante subriormafidad fisica y mental". El Gobierno posee la cifra oficial, obtenida de las estadísticas de la Oficina de Censos y Encuestas de Inglaterra, de que durante 1981 abortaron en las clínicas londinenses una cifra aproximada de 20.000 españolas.

En cualquier caso, queda claro que la interrupción del embarazo pretende sólo y exclusivamente permitir la prevención de esos daños en la madre y el niño, pero es la madre quien elige en conciencia si debe abortar o no.

El enfoque sanitario de este supuesto de despenalización del aborto contempla varios aspectos, en primer lugar, el hecho de que las anomalías congénitas son la primera cuasa de la mortalidad infantil. En España mueren por esta causa 2.500 niños en su primer año de vida. Como afirmaba una fuente autorizada del Gobierno, "parece chocante que quienes tanto claman porque un niño nazca a pesar de las malformaciones congénitas olviden que la mayoría de ellos mueren antes de cumplir su primer año de vida"; en segundo lugar, se ha analizado también que por esta misma causa nacen cada año en nuestro país entre 15.000 y 20.000 niños subnormales, razones que han llevado al Gobierno a fijar su atención en las pospilidades de prevención real de las anomalías congénitas, y a posibilitar la interrupción del embarazo cuando el feto se vea afectado por un defecto mortal (la anencefalia, por ejemplo), o por defectos de alta gravedad (mongolismo, o malformaciones en la espina dorsal) o de elevado riesgo, tales como la rubeola intrauterina, -un niño afectado de rubeola necesita una atención medica de 500.000 dólares en Estados Unidos, cerca de sesenta millones de pesetas.

Como medidas preventivas, el Ministerio de Sanidad se propone acometer de inmediato un plan apoyado en tres acciones: disminución máxima del riesgo de las infecciones intrauterinas -fundamentalmente la ya mencionada rubeola-, mediante la intensificación de los programas de vacunación que puedan lograr la práctica desaparición de la enfermedad; vigilancia intensiva de la exposición a las radiaciones iatrogénicas -trastornos psíquicos-, así como a las drogas, especialmente las estimuladas socialmente, como el alcohol o el tabaco; y, finalmente, unos programas de educación sexual y familiar que aseguren una correcta información, así como otra serie de acciones directas, esta vez sobre la mujer embarazada, que van desde la vigilancia sistematizada de su estado a la obligatoriedad de realizar análisis serológicos -estudio de los sueros- o alfafetroproteínicos -proteína por la cual pueden detectarse malformaciones en la espina dorsal del feto-, entre otras medidas de igual carácter de alta especialización científica, todas ellas destinadas a evitar la subnormalidad.

14 semanas para el diagnóstico

En este sentido, cabe destacar que el Ministerio de Sanidad ha establecido en catorce semanas el límite suficiente que permite efectuar análisis para detectar malformaciones congénitas del feto con resultados de total seguridad.

La posibilidad de la interrupción del embarazo se complementa, según las medidas previstas por el Gobierno, con la organización de centros de Orientación Familiar Integral, totalmente gratuítos, donde se facilitará información sobre el uso de los métodos anticonceptivos, y se dotará de los medios necesarios para combatir los problemas de infertilidad, así como la simplificación de los trámites de adopción de niños.

Dentro de esta campana de información, iniciada como ya se ha indicado anteriormente desde el bachillerato, se incluirá también la intención del Gobierno de dejar muy claro a la opinión pública que todos los informes médicos realizados al respecto demuestran que las mujeres que hayan abortado una vez no tienen ningún problema adicional para poder tener un hijo, es decir, que están en la misma situación de salud que las mujeres que nunca hayan abortado.

No obstante, el Ministerio de Sanidad y los centros de orientación familiar advertirán que no existen estudios fiables al respecto sobre mujeres que hayan abortado dos o más veces.

La puesta en marcha de los citados centros de Orientación Familiar no supondrán un excesivo coste a los Presupuestos Generales del Estado, según fuentes gubernamentales, puesto que las Corporaciones Locales socialistas han acondicionado ya un buen número de locales destinados a dicho fin. El Ministerio, por tanto, se limitará a indicar las funciones que deben desarrollarse en dichos centros, y dotará a los mismos del personal técnico adecuado, entre otros, médicos especializados en tocoginecología.

Para llevar a cabo su labor, estos centros contarán con el apoyo de laboratorios de Microbiología, Serología, Citogenética y Bioquímica existentes en los diversos hospitales.