Los cambios en el convenio hispano-norteamericano no afectarían a los contratos de armamento

En medios militares españoles directamente relacionados con las conversaciones hispano-norteamericanas sobre el Acuerdo de Amistad, Defensa y Cooperación se desconoce por el momento qué tipo de cambios desea introducir el Gobierno de Felipe González para que el documento pueda ser enviado a las Cortes para su ratificación.Expertos de los tres Ejércitos en armamento no creen que los posibles cambios vayan a afectar a los contratos que va se han negociado para la compra o producción de determinados tipos de unidades navales, helicópteros y aviones de combate.

Las referencias y vinculaciones que aparecen en el texto del Convenio al tema OTAN tienen especial relevancia a la hora de que España participe en igualdad de condiciones en las llamadas cadenas logísticas junto con el resto de los quince países miembros de la Alianza Atlántica. Las especificaciones propias del armamento OTAN, la prioridad y bajo coste, la normalización o interoperabilidad de los artículos para la defensa, etcétera, son parte de los beneficios que se perderían si España decide no integrarse definitivamente en el aparato militar de la Organización.

Fuentes de la Armada confirmaron a EL PAIS que en el caso de las cinco fragatas, tipo FFG-7, que se están construyendo actualmente en El Ferrol con patente norteamericana, todos los equipos electrónicos, radares y controles de navegación contarán con la máxima especificación (profundidad, capacidad de memoria) que las modernas unidades de Estados Unidos. Lo mismo ocurrirá con el resto de las unidades que integrarán el futuro Grupo de Combate de la Armada, que empezará a estar en activo, a partir de 1986.

Lo único que quedaría afectado en caso de que el Gobierno español decida suprimir la vinculación a la OTAN del Convenio sería la pérdida en el futuro de los apoyos logísticos al equipo, en su mayoría de tipo informático, así como las facilidades de pago para las compras subsiguientes.

Pero las fuentes militares insisten -al igual que las diplomáticas- que todavía no existen instrucciones del nuevo Gobierno sobre los cambios que desea introducir en el Convenio bilateral firmado el pasado 2 de julio.