Inicio de acciones legales contra dos promotoras urbanísticas en San Fernando de Henares

Un grupo de aproximadamente cien personas, adquirentes de otras tantas parcelas puestas a la venta por las empresas Invertersa y Transriesa en el término municipal de San Fernando de Henares, anunció ayer el inicio de acciones judiciales contra ambas, a las que acusan de un supuesto fraude consistente en haberles vendido terrenos presuntamente urbanizables y que, más tarde, según la información facilitada por el ayuntamiento, han resultado tener la calificación de suelo rústico.El caso sigue la pauta de la mayoría de los numerosos conflictos ocurridos en la provincia, de Madrid entre promotores de parcelaciones y los compradores, aunque en esta ocasión el conflicto se complica con algunas particularidades propias. Según las declaraciones de un portavoz de los afectados, los terrenos, situados en la carretera de San Fernando a Loeches, eran propiedad particular de un vecino del pueblo, Conrado Onsés, quien los vendió a la sociedad Gyrsa. Esta empresa, a su vez, los vendió a dos sociedades, Invertersa y Transriesa que, según los datos comprobados por los denunciantes, son empresas filiales de la anterior y están administradas por las. mismas personas o por otras relacionadas directamente con aquéllas.

Invertersa y Transriesa ofrecen los terrenos, ya divididos en parcelas de 2.500 metros cuadrados, anunciándolos como una actuación urbanística de creación de huertos de regadío con sus correspondientes viviendas unifamiliares. Pocos meses más tarde, el ayuntamiento tiene conocimiento de la citada parcelación y advierte que es ilegal, por cuanto los terrenos están calificados como rústicos y en ellos no se pueden construir viviendas, al margen de que, para ser explotados agrícolamente, o son parcelas de secano, en cuyo caso la extensión mínima por parcela es de 25.000 metros cuadrados, o son huertos de regadío, en cuyo caso necesitan primero una serie de requisitos, competencia del Ministerio de Agricultura, que tampoco están cumplidos.

El asunto se complica cuando la primera sociedad, Gyrsa, deja sin pagar una de las cantidades contratadas con el primitivo propietario, Conrado Onsés, y éste hace uso de sus derechos para recuperar la propiedad de los terrenos. Onsés y los compradores de parcelas no tienen ningún tipo de relación comercial. Al mismo tiempo, los interesados acuden al Registro mercantil y comprueban que la empresa Transriesa está contituida ante notario, pero no figura inscrita en el Registro, por lo que, legalmente, no tiene legitimidad para llevar a cabo operaciones comerciales.

Ante esta situación, los compradores han acudido a un abogado, de cara a iniciar acciones judiciales contra las empresas, al tiempo que se llevan a cabo negociaciones con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, dirigidas a buscar una salida legal a la calificación de los terrenos, de forma que puedan ser reconvertidos en edificables.