La oposición parlamentaria rechaza la sustitución de dos magistrados del Tribunal Constitucional

La oposición parlamentaria, y en especial Miguel Herrero, en nombre del Grupo Popular, manifestó ayer en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados el rechazo del intento socialista de negociar la renovación de dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que esta Cámara debe ratificar o renovar. El propio Manuel Fraga, al término de la reunión de su grupo, se pronunció en contra de la pretensión socialista de sustituir a los dos magistrados que en su momento no fueron apoyados por el PSOE.

De acuerdo con lo anticipado ayer por EL PAÍS, Fraga confirmó que su grupo es favorable a la ratificación de los cuatro magistrados -Antonio Truyol, Francisco Rubio Llorente, Manuel Díez de Velasco y Francisco Tomás y Valiente-, "aunque ninguno de ellos fue propuesto por nosotros en su día", puntualizó. Explicó esta posición en el deseo de preservar la independencia del alto tribunal, intérprete supremo de la Constitución.Por su parte, el presidente del Grupo Socialista, Javier Sáenz Cosculluela, insistió en que la conveniencia de no alterar desde la mayoría el funcionamiento ejemplar del Tribunal Constitucional no debe ser óbice para que de alguna forma refleje la situación parlamentaria, ya que la propia Constitución establece la elección parlamentaria de ocho de sus miembros.

Difícil negociación

Respecto a la falta de concordancia de este criterio con la negociación sobre los adjuntos al Defensor del Pueblo -uno de ellos será, según todos los indicios, la actual secretaria del grupo de Fraga, Margarita Retuerto-, todas las fuentes socialistas consultadas por este periódico coinciden en atribuir al titular de esta institución, Joaquín Ruiz-Giménez, el pacto con Fraga que le permitió ser elegido casi por unanimidad de las dos Cámaras.

Por el momento la negociación para la sustitución de Truyol y Rubio Llorente no ha tenido éxito. El problema con que se enfrenta ahora el PSOE es que los restantes grupos de la oposición han cerrado filas en torno al grupo de Fraga y ninguno de ellos ofrece garantías de que se obtendrán los 208 votos necesarios. El propio presidente de UCD, Landelino Lavilla, favorable, personalmente a Enrique Gimbernat, no tiene asegurado que su grupo apoye esta candidatura.

En cuanto al otro candidato, Cesáreo Rodríguez Aguilera, los grupos nacionalistas lo ven con simpatía, dada su trayectoria intelectual y democrática, pero consideran que debería aprovecharse la oportunidad para incorporar al Tribunal Constitucional a alguien más próximo a la filosofía autonomista del Partido Nacionalista Vasco y de la Minoría Catalana.

En todo caso, los socialistas resaltan su propósito de no instalar en el alto órgano jurídico a ninguna personalidad de militancia socialista, sino a juristas de reconocido prestigio que consideran aceptables para todos los grupos parlamentarios.

En este sentido, recordaron que la candidatura del catedrático de Derecho del Trabajo José Vida Soria no ha sido mantenida por tratarse de un ex parlamentario socialista. En cambio, insistieron en que la actual configuración del Tribunal Constitucional, sobre todo después de la incorporación, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, de Francisco Pera Verdaguer, es en estos momentos menos progresista que cuando inició su andadura, a pesar de que la mayoría de los españoles ha optado por un partido de progreso.

La Junta de Portavoces no aplazó formalmente la elección de los magistrados, pero la propia agenda del Pleno de la Cámara iniciado ayer, que exigirá sesiones de mañana y tarde, hoy y mañana, y que continuará el próximo viernes, impedirá abordar la citada elección, que figura como último punto del orden del día.