La aportación del Estado para mantener UTECO de Jaén podría ser de 21.000 millones de pesetas

La Administración central se ha comprometido con la Junta de Andalucía a aportar los medios y recursos necesarios para sanear y poner en funcionamiento el complejo compuesto por UTECO, Cooperativa Agrícola Provincial (CAP) y Caja Rural de Jaén, según se desprende de un comunicado hecho público al término de una reunión que mantuvieron el viernes pasado los ministros de Economía y Agricultura con los consejeros de los mismos departamentos en la Junta de Andalucía, a los que acompañaban los de Trabajo y Gobernación.

Aunque de la reunión no se ha filtrado otra cosa que la voluntad de solucionar la crisis por la que atraviesan las instituciones cooperativas de Jaén, en espera de que la Junta de Andalucía estudie el borrador presentado por el Gobierno central y proponga las cuestiones que considere pertinentes, todo indica que se procederá a una intervención, más o menos directa, de dichas cooperativas, al nombramiento de gestores eficaces y profesionales al frente de estas sociedades y a la aportación de un volumen cuantioso de fondos por parte del Estado para cubrir las pérdidas existentes en las entidades.Los primeros cálculos que se han hecho cifran la aportación estatal en tomo a unos 25.000 millones de pesetas que se concederían a UTECO y a la CAP para que las sociedades hicieran frente a sus obligaciones financieras interiores y exteriores, que son las que colocaron contra las cuerdas al movimiento cooperativo jiennense, que concentra más del 80% de la producción agraria de la provincia y un porcentaje similar de la población activa del sector en la zona.

Los problemas que existen en la actualidad para que se produzca una salida viable al problema de UTECO, CAP y Caja Rural de Jaén son de dos tipos; por un lado, la intervención del Estado o de la Junta de Andalucía no puede producirse por decisión propia, sino que debe formalizarse a partir de una petición previa de los socios que forman parte de esas cooperativas. En segundo lugar, existe un cierto recelo por parte de la Administración a entrar en el complejo cooperativo de Jaén, ya que ello podría servir de ejemplo para otras cooperativas que se encuentran en dificultades y que podrían acogerse, como salida, a la intervención administrativa, haciendo con ello que desaparezca el primitivo sentido que tenía la creación de estas sociedades.

La intervención administrativa de la UTECO y la CAP tendría que hacerse con la participación de los ministerios directamente interesados en el problema, aunque aún no se sabe el papel que jugaría la Junta de Andalucía, que, desde que se produjo la crisis de la Caja Rural y de las cooperativas agrícolas, se comprometió públicamente a mantener la estructura del conglomerado existente. Una tutela similar en la Caja Rural por parte del Banco de España, directamente o a través del Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito, se presenta como imprescindible a los ojos de los expertos que tratan de encontrar una salida viable a estas sociedades cooperativas.

En todo caso, se piensa que las ayudas necesarias para sanear las otras cooperativas agrícolas que ahora tienen planteados problemas serían menores que los 25.000 millones de pesetas o más que van a necesitar UTECO de Jaén y la CAP, dado el menor volumen e importancia de aquéllas. El coste social de las posibles nuevas crisis cooperativas sería igualmente elevado, ya que hay algunas comarcas cuya producción agraria se canaliza casi exclusivamente a través de entidades cooperativas y su desaparición significaría la ruina de miles de pequeños y medianos agricultores.

En medios de la Administración existe preocupación por la salida material dada en la actualidad a la UTECO de Jaén, ya que se piensa que, a pesar de los créditos de adelanto de campaña concedidos por el Banco de Crédito Agrícola para que pueda recogerse la aceituna, no existe capacidad suficiente en los depósitos del Forppa para almacenar la cosecha, que se presenta como buena. Al tiempo se han producido ya algunas ventas a sociedades privadas de parte de la cosecha a bajos precios.