Aplazada la vista para fijar la indemnización del diario 'Madrid' por falta de acuerdo
Ante la falta de acuerdo entre las partes sobre la indemnización al diario Madrid, ha quedado aplazada la vista que ayer dio comienzo en la sala tercera del Tribunal Supremo para fijar la cuantía en que el Estado debe indemnizar al citado periódico. La vista se celebra con objeto de ejecutar la sentencia de 25 de octubre de 1976, que declaró ilegal la orden de cierre del diario Madrid y condenó a la Administración al pago de daños y perjuicios.
La suspensión de esta segunda parte de la vista fue debida a la petición del abogado del Madrid, Ramón País, de que, a la vista de las declaraciones del director general de Relaciones Informativas, Miguel Angel Molinero, de que el gobierno deseaba llegar a un entendimiento sobre el tema, se aplazara la negociación entre las partes con el fin de que el ejecutivo pudiera exponer su postura al abogado del Estado.Hasta el momento de reanudación de la vista, probablemente a finales de febrero, se mantendrán contactos con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo.
Con anterioridad a la suspensión, el representante legal de Madrid, Diario de la Noche SA, y de su principal accionista, Rafael Calvo Serer, el letrado Ramón Jorge País había informado a la Sala de la cuantía de la indemnización solicitada -3.644 millones de pesetas- y había hecho una valoración de la trascendencia jurídica, moral y económica de los daños que produjo la cancelación del diario Madrid en el Registro de Empresas Periodísticas por el Gobierno, señalando que era necesaria la cantidad de 2.000 millones de pesetas para que se pueda producir la reaparición del diario.
Por su parte, el abogado del Estado, Eduardo Ortiz de Zúñiga, afirmó que sólo puede hablarse de dos posibles conceptos indemnizables: gastos por liquidación a la plantilla y por gastos generales tras el cierre, y lucro cesante, debidamente acreditado.
El abogado del Estado señaló igualmente que el Madrid ni tenía el patrimonio que invoca ni tuvo beneficios, sino más bien pérdidas, desde 1967, y consideró desorbitada la cantidad pedida. Manifestó que el Estado sólo debe abonar 57 millones de pesetas por gastos derivados del cierre y 14 millones por indemnizaciones a los trabajadores, es decir, un total de 71 millones de pesetas.
