El presidente del INI considerara la cuenta de resultados como indicativo primordial de la gestión en la empresa pública

El presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Enrique Moya, declaró ayer, en su primera reunión informativa tras su nombramiento, su firme intención de profesionalizar la gestión de la empresa pública, y afirmó que considerará la cuenta de resultados de cada una como el indicativo más apropiado para juzgar la gestión de cada directivo, pese a que las empresas públicas, en determinados sectores, tendrán todavía que prestar atención a los problemas de empleo.

Desde hoy, el INI cuenta con un nuevo vicepresidente, Julián García Valverde, economista del Estado y miembro del PSOE, y siete empresas del grupo estatal, con nuevo presidente. Moya señaló su intención de proponer una modificación de la ley orgánica por la que se rige el instítuto, que data de 1941.Con excepción del de García Valverde, competencia del Consejo de Ministros, los restantes nombramientos fueron acordados ayer en el curso de una reunión del Consejo de Administración del INI. Con los seis nuevos presidentes son doce las empresas del grupo que tienen al frente un nuevo ejecutivo, quedando todavía unas quince pendientes de designación. Moya declaró que no se producirán más ceses, ni dimisiones inducidas, de las 23 producidas en el grupo desde la designación del nuevo Gobierno el pasado diciembre. El presidente del INI añadió que todos los presidentes de las empresas públicas serán ejecutivos.

De los nombramientos decididos ayer destaca el de Carlos Espinosa de los Monteros, anterior vicepresidente del instituto, para la presidencia conjunta de Iberia y Aviaco, amén de que pasa a ocupar la dirección de la División de Transportes del grupo. El resto son el de José Luis Niño de Olaiz, para la empresa Adaro y la división de Minería del INI; Fernando Vela, presidente de Initec; Antonio Rodríguez Andía, presidente de Trasatlántica; Juan Ignacio Artieda, presidente de Encasur, y Pedro Sancho Llerandi, presidente de la naval Elcano.

El nuevo presidente del INI, que se autocalificó de empresario profesional e independiente, descartó como especulaciones los rumores en torno a la influencia de sectores extraños al ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, en su nombramiento, y aseguró que la oferta para su cargo partió directamente del citado ministro. Dijo también que no han existido presiones políticas en las decisiones adoptadas con respecto a los nombramientos dentro del grupo, y añadió que el nombre de García Valverde para la vicepresidencia fue aceptado por él, sin ningún tipo de presiones, entre varias alternativas. El nuevo vicepresidente, de 36 años, es, hasta ahora, uno de los dos únicos altos cargos del grupo INI que pertenece al partido socialista.

Profesionalizar la gestión

Tras afirmar que en un mes, con muchas fiestas por medio, apenas ha tenido tiempo de hacerse con la información correspondiente a un grupo que factura 1,6 billones, exporta 400,000 millones y emplea a más de 200.000 personas, Moya declaró que sus objetivos, dentro de los tópicos para estos casos, es profesionalizar al máximo la gestión de la empresa pública y optimizar los resultados donde las consideraciones sociales y del mantenimiento del empleo lo permitan. Dijo que le gustaba hablar más de promoción y creación de nuevos caminos y empresas que de reconversiones, aunque señaló que es evidente que la readaptación de muchas empresas, sobre todo aquellas englobadas en sectores en crisis, es imprescindible.

Respecto a sus objetivos económicos, señaló que se está en proceso de adaptar el Plan de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) de 1983 heredado del anterior equipo, aunque dijo que éste ya ha sido prorrogado durante unos meses por el último Consejo de Ministros del pasado año. Este programa, que sólo será retocado, contempla unas inversiones por un importe en torno a los 270.000 millones de pesetas para este año, que en principio serán financiados con 60.000 millones del Tesoro, 37.000 millones en emisión de obligaciones, 29.000 millones de endeudamiento en pesetas, 23.000 millones en los mercados exteriores y 85.000 millones en subrogaciones.

La política respecto a las pérdidas del grupo será minimizarlas, lo mismo que el proceso de destrucción de empleos. Señaló que existen consideraciones de distintos tipos a la hora de buscar las razones intrínsecas de los resultados negativos, y advirtió que el 90% de los mismos corresponden a los sectores reconocidos como en crisis en todo el mundo. En 1982, las pérdidas del INI se situarán en torno a los cien mil millones de pesetas.

Enrique Moya indicó, por último, la ausencia de planes firmes respecto a la reclasificación de empresas públicas dentro de los diferentes entes estatales, y matizó que cualquier opinión al respecto era muy prematura. El tema está en el programa socialista, pero aún no existen planes firmes.

En cuanto a la modificación de la ley orgánica del INI, que el objetivo principal es dotar a la empresa pública de la misma rapidez en la adopción de decisiones que en el sector privado.