Clausuradas las celdas 'negras' de la cárcel Modelo de Valencia por orden judicial

Las celdas llamadas negras -sin luz ni ventilación- de la cárcel Modelo de Valencia han sido clausuradas por orden judicial, en relación con el sumario que se practica en torno a la muerte por ahorcamiento de un preso de diecisiete años en una de ellas. La investigación judicial fue iniciada por dos abogados, que ejercitaron la acción popular prevista en la Constitución. Según se desprende de las declaraciones recogidas, parecen existir numerosas irregularidades en torno al caso.

El 31 de octubre pasado, sobre las cinco de la tarde, el funcionario Juan Enrique Jiménez Elena, que estaba encargado durante ese día de las celdas de aislamiento de la cárcel Modelo de Valencia, encontró en la número cinco al preso Juan Antonio García Acién, de diecisiete años, colgado del cuello con un jirón de una manta que previamente habia amarrado a la cancela interior de la estancia. El médico de la prisión, que, al parecer, no había reconocido al joven cuando ingresó en la cárcel, solo pudo certificar su muerte.Hechos como este se han producido con frecuencia en las cárceles españolas, entre las que la de Valencia es una de las que registra mayor número de suicidios. La muerte del joven probablemente no hubiera sido objeto de una minuciosa investigación judicial de no ser por la acción popular que ejercitaron los abogados Cristóbal Fernández y Virgilio Latorre. El titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Valencia, Francisco Martínez Muñoz, fijó una fianza de quinientas pesetas a cada uno de los iniciadores de la acción popular.

"Tratamos", manifestó Cristóbal Fernández en unas declaraciones publicadas el pasado 13 de noviembre por EL PAIS, "de que, por una sola vez, se analicen en profundidad las causas y se depuren las oportunas responsabilidades, en su caso, a la vez que sirva como precedente para la adopción de medidas cautelares".

Por lo pronto, la investigación judicial ya ha tenido algunos efectos concretos. Las celdas que en el argot de la prisión se denominan negras o ciegas, por carecer de luz y de ventilación, fueron clausuradas y precintadas en virtud de un oficio de fecha 27 de diciembre pasado, dirigido por el juez al director de la cárcel. Se hace constar en el mismo que esas dependencias no pueden ser alteradas ni utilizadas de nuevo para introducir a reclusos. Estas celdas, cuyas características contravienen el vigente reglamento penitenciario, venían siendo utilizadas habitualmente, pese a que el propio Armando Flors Mateu, director de la cárcel cuando ocurrió el fallecimiento de García Acién, y actualmente cesado, reconoce en una declaración prestada ante el juez, que cree no reúnen las condiciones indicadas en el artículo 112.4 del reglamento.

Normas sobre aislamiento

Dicho apartado señala que "el aislamiento se cumplirá en el compartimento que habitualmente ocupe el interno y, en los supuestos de que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento, pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones".Juan Antonio García Acién, que era natural de El Egido (Almería), se encontraba cumpliendo condena de dos años, por robo, en el Instituto Penitenciario de Liria, establecimiento de régimen abierto, cuando se decidió su traslado a la cárcel de Valencia, en función de un incidente con un funcionario, al que parece ser que intentó agredir, según algunas declaraciones.

El altercado se produjo en la localidad de Cárcer, donde el recluso, junto con otros compañeros, estaba trabajando en las tareas de limpieza y acondicionamiento del pueblo tras las inundaciones de octubre. Por lo que se puede desprender de las declaraciones formuladas por las personas que intervinieron en el traslado, parece que éste no se realizó de acuerdo con lo previsto en el reglamento, sino de una forma bastante irregular.

Ramón Cano Calatrava, director del Instituto Penitenciario de Liria, reconoce en su declaración, prestada ante el juez el pasado día 11, que el traslado lo decidió a título personal, y después de consultarlo con el jefe de servicios. Señala también que no se había incoado expediente disciplinario contra García Acién, ni tampoco expediente de regresión de grado, que es lo pertinente para pasar del grado tercero, o régimen abierto, a otro. Igualmente dice que tampoco pudo hablar con anterioridad al traslado con el director de la prisión de Valencia, aunque sí lo hizo con el jefe de servicios de ese centro. Por otra parte, asegura que intentó localizar al juez de vigilancia por teléfono el día del traslado, sin conseguirlo.

El reglamento penitenciario indica claramente que "la Dirección General de Instituciones Penitenciarias es el órgano competente para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificacíón y destino de los recluidos en los distintos centros penitenciarios". Igualmente señala que "cuando se verifiquen estos traslados se notificará, si se trata de penados, al juez de vigilancia".

Flors Mateu, el entonces director de la cárcel de Valencia, dice en su declaración que se encontraba en el establecimiento cuando fue ingresado García Acién, pero que no tuvo conocimiento del ingreso hasta el día siguiente, en que también supo que se le había conducido a una celda de aislamiento. Añade que ese día, el 31 de octubre, tuvo mucho trabajo porque los presos llevaban a cabo una huelga de hambre. Flors asegura que no sabía si el juez de vigilancia tenía noticia del ingreso del joven, si bien conocía que habían tratado de localizarle por teléfono. Indica que antes del fallecimiento no fue llamado el médico de la prisión y que no sabe en qué concepto íngresé García Acién, aunque supone que por traslado.

José Ignacio Martínez del Buey, jefe de servicio de la cárcel Modelo de Valencia, se encontraba desempeñando sus funciones el 30 de octubre. Reconoce en su declaración que cuando llegó García Acién, que iba acompañado por el director del centro de Liria y un funcionario, tomó la decisión de ingresarlo en la celda de aislamiento número cinco, dados los antecedentes agresivos del recluso que le comunicaron y ante la actitud violenta que manifestaba.

Diversas declaraciones parecen apuntar a la posible existencia de supuestos malos tratos -las de la madre del fallecido, que reconoció el cadáver- y las de varios internos que aseguran haber oído que García Acién fue golpeado por los funcionarios. El informe forense indica, por el contrario, que no hay más indicios de violencia que los relacionados con el ahorcamiento.