Política y economía en la financiación de la Seguridad Social
La falta de información que comienza en el documento básico se extiende a todos los niveles. Es escasa la información interna (falta de un sistema estadístico o codificación), así como es reducida la información externa (los usuarios y beneficiarios desconocen sus derechos). Ello se traduce en que personas o grupos sociales explotan a su favor la falta de información, obteniendo lucro en el proceso de la gestión administrativa o manipulando fraudulentamente las situaciones de alta o baja. Finalmente, muchas de las decisiones administrativas de ingresos o gastos se realizan por la vía del tanteo o de la prueba-error, lo cual indudablemente no parece un método técnicamente correcto ni moderno con el actual volumen del presupuesto de la Seguridad Social.Incluso los problemas que aquejan a la financiación de la Seguridad Social, debido a esa falta de información, a veces no son conocidos en su verdadera dimensión (*): a) problemas de suficiencia, ya que resulta muy difícil, por no decir imposible, obtener del tosco gravamen sobre el producto del trabajo que son las cotizaciones ingresos suficientes para financiar la Seguridad Social; b) problemas de eficiencia, ya que se distorsiona el empleo del trabajo (el gravar directamente su utilización perjudica el empleo, favoreciendo su sustitución por otros factores productivos no gravados -capital y energía-, actuádose contrariamente a nuestra dotación de recursos) y a la competencia exterior, ya que, según las normas vigentes de comercio internacional, no se permite la desgravación de las cotizaciones en las exportaciones, lo que coloca en posición diferente a éstas con las de aquellos países que, por utilizar en mayor medida los impuestos indirectos, se benefician de su desgravación; c) problemas de equidad, ya que las cotizaciones gravan desigualmente a sectores y empresas según sus imputs de trabajo, el'régimen en que están encuadradas o por el sistema de cálculo establecido.
A veces, las respuestas a estos problemas son unánimes (aumento de las transferencias del Estado), sobre todo cuando no se señala cómo se financia, mientras otras veces las posturas son disconformes, sobre todo si ello lleva consigo un aumento en su presión efectiva o un recorte de beneficios. Así, se señala que si las cotizaciones gravan al factor trabajo hay que disminuir su peso en favor de un incremento de las transferencias del Estado.
La financiación
Nadie señala cómo financiar ese aumento de las transferencias, cuando obviamente suponen un aumento de la presión fiscal o del déficit público. Sobre todo cuando algunos de los grupos que mantienen esta propuesta no admiten ninguno de estos efectos.
El aumento de la presupuestación a medio plazo llevaría consigo un cambio de óptica en la Seguridad Social, al pasar de un régimen profesional a uno asistencial, y donde las cotizaciones serían claramente impuestos, lo que obligaría a cambiar el principio del beneficio por el de la capacidad de pago. Además, se debería integrar administrativarnente la gestión y la inspección de impuestos y cotizaciones en la Hacienda pública.
La actual falta de equidad en el sostenimiento de las cargas es muy grave, tal como se demuestra en el citado artículo, y sólo puede ser atajada actuando a la vez sobre las tres causas que la originan: a) cambiando el sistema de cálculo en el régimen general y en el régimen de accidentes de trabajo y enfermedad profesional; b) equiparando la carga de los regímenes especiales a Ja del régimen general; c) actuando sobre la morosidad y el fraude.
Aquí la unanimidad no es total, sobre todo cuando es un determinado sector o empresa los que tienen que aportar más. Se apuntan argumentos vacíos de contenido e incluso se llegan a defender posturas inexactas que confunden a la opinión pública.
Un ejemplo de estas últimas es la propuesta de cotización por salarios reales. La citada actuación es una medida claramente redistributiva y no recaudatoria, como se pretende hacernos creer. Ya que los posibles incrementos de ingresos se dedicarían a rebajas en el tipo de cotización aplicable a la empresa, mientras que sus efectos beneficiosos sobre la pequeña y mediana empresa o los sectores intensivos en empleo serían evidentes. Por el contrario, los sectores más perjudicados que gozan en estos momentos de una presión efectiva notablemente inferior o aquellos cuyo objeto social es la prestación de servicios complementarios a los de la Seguridad Social forman un compacto grupo de presión que actúa para que no se lleve a cabo esta medida, ya que ello conllevaría una mayor carga y / o una pérdida de ventas y beneficios.
La desigualdad en las cargas
En otros casos son otros colectivos integrados en los regímenes especiales los que esgrimen argumentos o presionan a la Administración o a las organizaciones sociales para no verse afectados por una equiparación en la presión efectiva a la del régimen general. Aunque todos somos iguales a la hora de recibir prestaciones, no parece que lo seamos a la horade contribuir al sostenimiento de las cargas de la Seguridad Social.
Finalmente, la grave crisis financiera que atraviesa la Seguridad Social, que exige serios esfuerzos racionalizadores para que no se provoquen situaciones diriciles de solución en el futuro, es solventada aparentemente por especialistas u organizaciones de forma sencilla. Por un lado, la solución debe provenir, en su opinión, en el cambio del sistema actual de reparto a uno de capitalización. Como es sabido, el primero supone que los cotizantes pagan a los pensionistas que han cotizado en el pasado, mientras en el segundo las actuales aportaciones se capitaaan para poder pagar a los pensionistas futuros, que son los cotizantes presentes.
Por otro lado, la solución pasa por la reforma del actual sistema y la implantación de una nueva estructura de la protección. Curiosamente, estas propuestas no pasan de un simple enunciado y no explican cómo es posible un sistema, de capitalización con unas tasas medias de inflación del 15%; en qué tipo de fondos se invertirían los citados recursos o, lo que es más importante, cómo se podría evitar que, al pasar desde un sistema de reparto a una capitalización, ello no llevara consigo el que los actuales cotizantes no tuvieran que pagar dos veces: una, para que los actuales pensionistas siguieran cobrando, y otra, para que ellos pudieran cobrar en el futuro.
Por último, sería interesante conocer que aquellas personas o instituciones que propugnan los tres niveles -obligatorio, profesional y voluntario- explicaran claramente, por un lado, por qué su escaso interés en.una política de racionalización que supondría importantes ahorros y reducción de costes, y, por el otro, el sustrato de cada uno de los citados niveles. En el obligatorio, la extensión y cobertura de las pensiones mínimas, la ayuda familiar y el desempleo. En el profesional, quién lo gestionaría; en el caso de ser el sector privado, quién se haría cargo de las empresas que capitalizaran inadecuadamente sus fondos y quebraran, no pudiendo así pagar a sus cotizantes. ¿Sería el Estado el que socializaría nuevamente las pérdidas, como en otras muchas ocasiones?
La actual falta de información permite un juego de despropósitos que confunde a la opinión pública, apareciendo los racionalizadores o reformistas como continuistas, mientras los liberales-conservadores son rupturistas, al querer cambiar el modelo actual ofreciendo una idílica Seguridad Social. Sólo una mayor información permitiría un conocimiento más exacto por la opinión pública de los verdaderos problemas de la financiación de la Seguridad Social.
