Dificultades del Gobierno para hacer compatible el presupuesto con los objetivos monetarios y de inflación

El Gobierno está barajando en estos momentos las previsiones de déficit público para 1983. Las posturas no son unánimes dentro del Gabinete y se plantea la dificultad de hacer compatibles objetivos ya anunciados (aumento de las disponibilidades líquidas en un 13% e inflación del 12%) con un déficit para las Administraciones públicas, que puede fijarse en torno a los 1,5 billones de pesetas. Este déficit procedería del correspondiente al Estado, 1,3 billones de pesetas, y del previsto para la Seguridad Social, unos 200.000 millones de pesetas, calculados teniendo en cuenta una actualización de las bases de cotización.

Estas cifras de déficit, de confirmarse, harían muy dificil el objetivo de mantener el incremento de las disponibilidades líquidas en un 13%, e incluso -según medios financieros- "las repercusiones negativas para la economía aumentarían en la medida que tal objetivo se cumpliera". Dadas las necesidades de financiación de ese déficit, según las citadas fuentes, mantener en el 13% el incremento de disponibilidades líquidas sólo puede lograrse restringiendo drásticamente el crédito al sector privado, con las secuelas consiguientes de unos tipos de interés más altos, una caída de la actividad y un considerable: aumento del desempleo.

En favor del crecimiento

Según distintas fuentes, la pugna en el seno del Gobierno está planteada entre las posturas de Miguel Boyer, que ha propiciado ya algunas drásticas medidas de ajuste (devaluación y fuerte incremento de precios energéticos) y que en declaraciones públicas ha vuelto a situar la lucha contra la inflación como la primera prioridad de la política económica del Gabinete, y la de otras relevantes personalidades, más vinculadas a la elaboración del programa económico con el que concurrió el, PSOE a las elecciones. Estos últimos sectores están preocupados con la posibilidad de una política de fuerte saneamiento, e incluso alarmados con que no se descarte un futuro plan de estabilización, que puntualmente depararía un crecimiento del desempleo, cuando el primer objetivo del PSOE en su oferta electoral era la lucha contra el paro y la creación de puestos de trabajo.De ahí las presiones para que los Presupuestos del Estado para 1983 sean moderadamente expansivos y propicien una cierta reactivación económica y un cierto crecimiento. El engarce de esta política, y del compromiso público del PSOE de que los trabajadores no vuelvan a perder poder adquisitivo, con los objetivos anunciados de reducir en dos puntos la inflación anual y limitar el crecimiento de las disponibilidades líquidas al 13% presenta graves dificultades. Máxime cuando el margen de maniobra que deja la herencia de 1982 es mucho menor del que se suponía. El déficit, en contra de las afirmaciones del ex ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, se disparó en 1982 y puede haber superado 1.100.000 millones de pesetas. El crecimiento de las disponibilidades líquidas en los once primeros meses de 1982 (últimas cifras oficiales que se conocen) ha sido del 14,76% y el año -en diciembre se volvieron a disparar- puede terminar con un incremento del 16% o 16,5%. Las previsiones de un déficit por cuenta corriente de 5.000 millones de dólares y la fuerte pérdida de reservas completan el cuadro.

Este balance de 1982, que por razones obvias no va a ser maquillado por el actual Gobierno, ya que es responsabilidad del anterior, condiciona aún más la elaboración de unos presupuestos para este año que sean compatibles con los objetivos monetarios, de inflación y de crecimiento económico y de empleo anunciados. La próxima intervención del presidente Felipe González ante las cámaras de televisión para hacer balance de la situación, los continuos llamamientos del empresariado para que el Gobierno haga públicas las magnitudes económicas básicas que prevé para 1983, y la celebración, estos días, de negociaciones salariales entre patronal y sindicatos, urgen y acrecientan las tensiones en el seno del Gabinete. Mientras para algunos no hay posibilidad de una corrección pública de los objetivos de disponibilidades e inflación a las pocas semanas de haber sido adelantados, para otros, si no hay tal modificación -los previsibles datos de la encuesta de población activa (aumento del paro) y de actividad económica (posible defiación) que pueden hacerse públicos a mitad de año-, la sustitución del actual equipo económico se da ya como segura a seis u ocho meses vista.