La firme oposición de Serra y Barrionuevo impidió que se modificara el sistema de elección de alcaldes

La firme oposición de los titulares de Defensa e Interior, Narcís Serra y José Barrionuevo, a la reforma de la ley de elecciones locales que pretendían otros miembros del Gobierno para convertir en alcalde de cada circunscripción al cabeza de lista más votado, fue decisiva para evitar que el proyecto de ley fuera aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 29. La tesis expuesta por Barrionuevo de que esa medida hacía ingobernables en la práctica muchas corporaciones locales y, especialmente, el aviso lanzado por Narcis Serra de que, con ese sistema, una alcaldía tan importante como la de Barcelona podría dejar de estar en manos socialistas influyeron de forma decisiva para modificar los planes del Gobierno.

En el debate parlamentario para la investidura de Felipe González como presidente del Gobierno, éste anunció ya su propósito de modificar la ley de elecciones locales, que se celebrarán en la segunda quincena del mes de mayo. El proyecto de reforma elaborado por el vicepresidente Alfonso Guerra establecía, entre otros temas, un sistema automático de elección de alcaldes, a partir del cabeza de lista más votado. Ello implicaba, de hecho, una ruptura del pacto municipal con los comunistas, y forzaba, por razones de aritmética electoral, a las coaliciones entre las formaciones políticas minoritarias, especialmente la alianza de Unión de Centro Democrático con Alianza Popular o la de este último partido con algún otro de implantación regional.Dicha reforma significaba también la reducción a la mínima expresión en las corporaciones locales de los partidos minoritarios, tales como el Partido Comunista de España o el Centro Democrático y Social, de Adolfo Suárez. Y, por el contrario, beneficiaba, tomando como referencia los resultados de las últimas elecciones legislativas, al PSOE y a Alianza Popular.

Esta reforma de la ley electoral estaba ultimada hasta el punto de que el propio Felipe González, en la entrevista que publicó EL PAIS el pasado 12 de diciembre, dijo textualmente que la elección como alcalde del primer candidato de la lista más votada "es lo que hemos defendido siempre, y estamos dispuestos a mantenerlo". Ocho días después, portavoces gubernamentales aseguraban a este periódico que en el Consejo de Ministros previsto para el día 22 de diciembre se aprobaría la remisión a las Cortes de dicho proyecto, con carácter de urgencia, para que las cámaras pudieran dar su aprobación antes de las elecciones. En esta ocasión, las citadas fuentes alegaron que la reforma pretendía "evitar que los ayuntamientos se conviertan en pequeños parlamentos donde hay que pactar constantemente, en lugar de, como entiende el PSOE, organismos de gestión".

No obstante, el portavoz gubernamental, Eduardo Sotillos, manifestó en la conferencia de Prensa posterior al Consejo de Ministros del día 22 que la reforma de la ley electoral se aplazaba para la reunión ministerial del miércoles siguiente. Ese mismo día, 29 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobaba, con gran alivio por parte de los comunistas y gran contrariedad por parte de AP, una reforma parcial de la ley que mantenía la elección del alcalde como fruto de los pactos entre las fuerzas políticas, tal y como se hizo en los comicios municipales de 1979.

Las razones del cambio de plan

Las razones; de este cambio de criterio obedecieron, como se ha indicado anteriormente, a la firme oposición manifestada en ese Consejo de Ministros por los dos titulares con experiencia en el gobierno municipal: el ministro Narcis Serra, ex alcalde de Barcelona, y el de Interior, José Barrionuevo, ex segundo teniente de alcalde de Madrid. Ambos apelaron a la posible ingobernabilidad de los ayuntamientos, en el caso de que el alcalde lo fuera en razón de la lista más votada y con la probabilidad, por tanto, de tener que administrar la gestión local con una oposición mayoritaria, por un lado, y a la contradicción implícita en la proyectada reforma de dotar la alcaldía de una alta dosis de presidencialismo -caciquismo, según el responsable municipal comunista, Juan Francisco Pla- y, al mismo tiempo, mantener la posibilidad de presentar mociones de censura contra los alcaldes."Lo de la moción de censura", comentaba a este periódico un experto socialista en temas municipales, "era una barbaridad. Podíamos haber estado los cuatro años de gestión con conflictos internos por esta causa". También la posibilidad de presentar mociones de censura ha sido suprimida del borrador del vicepresidente.

Sin embargo, tal vez la razón más convincente fuera la expuesta por Narcis Serra, buen conocedor de la realidad política catalana, al advertir a sus compañeros de Gabinete de la posibilidad de un pacto previo entre AP y Convergencia, hecho este que hubiera provocado, probablemente, la pérdida del poder socialista en la alcaldía de Barcelona, dado el ascenso de los nacionalistas y los aliancistas. Por aquellas fechas se hicieron públicas las negociaciones entre Roca y Fraga en este sentido y los generosos ofrecimientos del presidente de AP de Cataluña, Juan José Planas, para llegar a un acuerdo electoral con Convergència i Unió.

Finalmente, y tras ser suprimidos estos dos aspectos del proyecto de ley -la elección de alcalde por la lista mas votada y la moción de censura-, la explicación oficial que se dio respecto de estos cambios de última hora fue, en palabras de Sotillos, "para no interferir en los próximos comicios", mientras el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, por su parte, añadía: "En la perspectiva de una política de Estado, no se entendería que el Gobierno reformara una ley electoral en visperas de elecciones, porque todo el mundo habría interpretado que lo hacía para asegurarse el triunfo".