El Gobierno modifica el sistema electoral de las diputaciones y mantiene el de los ayuntamientos

El Gobierno ha aplazado la modificación del sistema de elección de alcaldes hasta después de los próximos comicios locales. La prórroga temporal de los Presupuestos del Estado hasta la aprobación de los correspondientes a 1983, la designación de delegados del Gobierno en cinco comunidades autónomas, la iniciación de negociaciones salariales entre funcionarios y Administración, y la reducción del impuesto de lujo para adquisición de vehículos y motocicletas en un 21,60%, son algunos de los temas más destacados acordados por el Consejo de Ministros de ayer.

El portavoz oficial del Gobierno, Eduardo Sotillos, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gabinete, eludió cualquier comentario o ampliación de las informaciones oficiales del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Gobierno sobre los atentados terroristas de la mañana de ayer y sobre el viaje relámpago del director general de la Seguridad del Estado a París para mantener conversaciones con autoridades policiales francesas.Anunció, sin embargo, que el presidente del Gobierno viajará a la capital francesa los próximos días 22 y 23 de enero, invitado por el partido socialista de aquel país a un seminario sobre "los protagonistas del cambio en Europa", y que paralelamente a este encuentro se celebrará un almuerzo entre Felipe González y el presidente Mitterrand. Al seminario, según añadió Sotillos, asistirán los principales dirigentes socialistas europeos con responsabilidades de Gobierno.

Aplazada la reforma de la elección de alcaldes

El proyecto anunciado por el Gobierno de que los próximos alcaldes procedan de las listas electorales más votadas y no fueran, como hasta ahora, fruto de pactos entre distintas fuerzas, ha sido postergado hasta después de las próximas elecciones para, en palabras de Eduardo Sotillos, "no interferir en los próximos comicios".

Sí se va a modificar, por el contrario, el sistema electoral para las diputaciones provinciales. Los diputados se elegirán en función del número de residentes en cada provincia y habrá al menos un diputado por partido judicial. Las modificaciones, según el portavoz del Gobierno, pretenden democratizar el sistema de elección de representantes, provinciales. En provincias de hasta 500.000 habitantes las diputaciones estarán integradas por veinticinco representantes; en aquellas que superen esta cifra y no sobrepasen el millón de habitantes, habrá veintisiete diputados; y en las que superen el millón, 31 representantes. Madrid y Barcelona contarán con 51 diputados provinciales.

El Gobierno, según informó Sotillos a preguntas de los periodistas, no trató en su reunión de ayer sobre el público malestar expresado por el presidente de la comunidad autónoma andaluza, el socialista Rafael Escuredo, sobre el ritmo de trasferencias de competencias del Estado a aquella comunidad. No obstante Felipe González, según Sotillos, se ha mostrado muy sorprendido por la declaración de Escuredo y ha pedido al ministro de Administración Territorial que se interese por las causas que han motivado tal pronunciamiento del titular del Gobierno andaluz.

El Consejo aprobó distintas trasferencias a las comunidades autónomas, no especificadas, y acordó aplicar el artículo 144 de la Constitución para integrar a Segovia en la comunidad autónoma de Castilla-León. También acordó el cambio de la denominación de la provincia de Oviedo por la de Asturias.

Actualización de pensiones, en enero

El Gobierno, en contra de lo previsto, no aprobó un aumento de retribuciones para los funcionarios, ni procedió a actualizar las pensiones de los jubilados. La Administración iniciará la próxima semana, según el portavoz del Gobierno, negociaciones salariales con las centrales sindicales representativas del sector de funcionarios del Estado, y el Ministerio de Trabajo elabora un decreto para actualizar las pensiones hacia mediados de enero.

La prórroga de los presupuestos se ha hecho con algunas modificaciones, que ayer no fueron detalladas por no estar terminada la redacción técnica del decreto-ley, y a propuesta del titular de Trabajo se ha prorrogado también el Fondo Especial de Protección al Desempleo, creado como consecuencia del Acuerdo Nacional de Empleo, y el régimen de contratos temporales para trabajadores en paro. Se ha cambiado la fiesta nacional de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, por la del Jueves Santo "de acuerdo con la Santa Sede".

El Gobierno ha concedido moratorias a los damnificados por las inundaciones en las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Huesca, Valencia y Alicante. También ha aceptado la donación de diez millones de dólares realizada por Arabia Saudí para los damnificados. Los ministros de Transportes y Comunicaciones y de Agricultura, Pesca y Alimentación visitarán dichas zonas.

También se ha aprobado un decreto por el que se introduce la lengua catalana en las pruebas de aptitud de acceso a facultades y escuelas técnicas superiores, y una reordenación en cuatro subdirecciones generales de la Dirección General de Seguridad del Estado.

A propuesta del Ministerio de Justicia se ha enviado a las Cortes un proyecto de ley de reforma del código civil en materia de tutela. El proyecto construye un nuevo sistema sobre principios opuestos a los del anterior: el de la pluralidad de guarda legal que, junto a la tutela, introduce la curatela y la figura del defensor judicial; y el principio de la tutela de autoridad, que suprime el consejo de familia y sitúa al Juez como pieza fundamental decisoria.

El Gobierno, por otra parte, se muestra preocupado por el síndrome tóxico, que recientemente se ha cobrado una nueva víctima (una niña), y está dispuesto a actuar con "autoridad y eficacia" en este tema. Se va a pedir al Senado que se cree una comisión investigadora y paralelamente se va formar otra comisión Interministerial con representantes de los distintos departamentos afectados.

También se aprobó un decreto sobre la estructura y competencias de la Dirección General de Seguridad del Estado.