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El sueldo más alto en las empresas públicas y banca oficial será de ocho millones de pesetas anuales

El sueldo más alto que se cobrará a partir de ahora en las presidencias de las empresas públicas y en la banca oficial no sobrepasan en ningún caso los ocho millones de pesetas, según acuerdo tomado en el Consejo de Ministros del pasado día 22. Con estas medidas quedan rebajadas las retribuciones recibidas en el pasado por algunos altos cargos como, por ejemplo, el presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), el de Telefónica, el gobernador de Banco de España y otros.

El acuerdo del citado Consejo de Ministros, que acompañaba los primeros nombramientos en la empresa pública de la nueva Administración, consistió en homogeneizar todos los sueldos de presidentes, consejeros delegados y directores generales de empresas públicas y banca oficial, de tal manera que los sueldos más altos se alineaban con los más bajos dentro del grupo, y los más bajos sufrían un recorte que, por ejemplo, en el caso del titular del Instituto Nacional de Industria (INI) se evaluaba en dos millones, y en las de Telefónica, Banco Exterior, INH, Banco de España, etcétera, era bastante superior. El tope máximo de remuneración para todos estos cargos se sitúa en ocho millones de pesetas.Medidas complementarlas

Hasta ahora había personas que estaban cobrando doce millones anualmente y que incluso acumulaban más de un consejo de administración.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha calculado un ahorro de 350 millones de pesetas sólo con esta medida, lo que tiene un efecto más moralizador que efectivo", según un portavoz de este departamento.

Por otra parte, con la aplicación de la Ley de Incompatibilidades, que se aprobó en la legislatura anterior y que entrará en vigor el primero de enero, el Ministerio evalúa otro ahorro de 400 millones de pesetas correspondientes a la imposibilidad de sustentar más de dos consejos de Administración y a la supresión de la remuneración de consejeros del Estado, quedando única mente vigentes las dietas por asistencia a las reuniones de los consejos.

Estas dos medidas, que suman un ahorro de 750 millones de pe setas, "tienen un efecto que se traslada a toda la pirámide de la Administración y que se añade a las intenciones de austeridad en el sector público que forman par te de la filosofía de este Gobierno", según declaró Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda.

El gabinete adoptó asimismo una serie de acuerdos complementarios en la misma línea, entre los que destacan los siguientes:

- Condiciones adicionales a los altos cargos para el ejercicio de sus funciones, que se concretan en la exclusividad en la dedicación, tendencia a despolitizar a los ejecutivos de las entidades y profesionalización de los puestos directivos de las empresas.

- Renuncia a las cláusulas de indenmización por cese. "Existían claros abusos de utilización de estas cláusulas", explica Boyer. "Las personas que no quieran renunciar a esta claúsula cesarán inmediatamente, y que vayan a los tribunales y reclamen la indemnización, pero las que continúen en sus cargos y tuvie sen dichas claúsulas en sus con tratos, renunciarán a ellas, por que es un abuso entrar en un puesto que en definitiva depende de un nombramiento político, y no renunciar voluntariamente a él cuando cambian las circuns tancias políticas".

- Supresión de las presidencias honoríficas de las empresas públicas. Es el caso, por ejemplo, de Enpetrol, sociedad en la que ha sido nombrado presidente el que era consejero director general y principal ejecutivo de la misma. "Con estas medidas", ha declarado uno de los afectados por ellas, aparentemente sin reacción negativa, "hay personas que estaban interesadas en ser presidentes de empresas porque figuraban y cobraban por pertenecer a varias direcciones a la vez. Así, dejarán de manifestar este interés, y sus puestos podrán ser cubiertos por otras personas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de diciembre de 1982

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