Un cuerpo rodeado de reticencias y obstáculos

Fuentes del departamento de Interior del Gobierno vasco, citadas el 12 de septiembre de 1981 por el diario Deia, informaban entonces -es decir, poco después de la publicación de la lista oficial de candidatos a agentes de la policía autónoma- que "algo más del 2% de los aspirantes tienen antecedentes penales, circunstancia que no en todos los casos resulta excluyente, ya que ello depende de cuáles fueron dichos antecedentes, del carácter de los hechos atribuidos y de la fecha de los mismos".La lista entonces publicada se componía de 1.171 nombres. Tan sólo nueve solicitudes habían sido directamente rechazadas. Los aspirantes se verían reducidos a setecientos tras las pruebas de aptitud fisica y los exámenes realizados durante el otoño de dicho año. Por entonces, las desconfianzas mutuas alcanzaban un momento crítico: el Gobierno vasco había denunciado públicamente tener constancia de que en la lista de oficiales del Ejército candidatos a ocupar los cuatro puestos de mandos militares de la Policía Autónoma faltaban los expedientes de al menos dos comandantes y un capitán del arma de Infantería.

El ministro Rosón reconoceriá poco después la existencia de tales candidaturas no remitidas. Una vaga alusión a "necesidades del servicio" sirvió de momento para explicar la irregularidad. Dos de los oficiales cuyo expediente había sido reclamado figurarían entre los cuatro mandos que Garaikoetxea designaría poco después. El 30 de noviembre aparecerían en el Boletín Oficial los nombramientos de los comandantes Díaz Arcocha y De Pablo Loizaga, del capitán de Infantería Garcia Oteiza y del comandante de Aviación Ignacio Urruticoechea.

Unas explosivas declaraciones de este último, reproducidas en Punto y Hora, y en las que se vertían juicios relativamente favorables para ETA, provocarían otra crisis. Se supo que en el expediente remitido al Gobierno vasco se habían obviado deliberadamente detalles como que había estado sometido a observación psiquiátrica.

Iniciados los cursos del primer contingente de la Policía autónoma en febrero de 1982, una agria polémica enfrentaría poco después al director de la academia de Arkaute, Juan Porres, con el presidente de la representación del Estado en la Junta Mixta de Seguridad, Fernando Jiménez. Este último hizo unas declaraciones en las que negaba a la Policía Autónoma competencias en materia antiterrorista. Jiménez ponía también en cuestión la facultad del Gobierno autónomo para crear unidades especiales de la policía vasca y denunciaba lo que consideraba "excesivo desequilibrio entre mandos militares y civiles entre los instructores de la academia de Arkaute". Porres respondió citando el texto literal del artículo 17 del Estatudo de Autonomía, que no contempla otra excepción a las competencias de la policía vasca en materia de orden público que "los servicios policiales extra y supracomunitarios".

Nuevos conflictos más o menos artificiales, como el suscitado por los textos de geografía estudiados en la academia, o el surgido a raíz de la adquisición de motos alemanas para los futuros policías vascos de tráfico, han prolongado hasta prácticamente ahora mismo el clima de desconfianza.