Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de Joaquín Ruiz-Giménez como Defensor del Pueblo

El pleno del Congreso de los Diputados eligió ayer Defensor del Pueblo a Joaquin Ruiz-Giménez, con un total de 304 votos favorables -95 más de los necesarios-, seis negativos y once en blanco. Ninguno de los grupos parlamentarios se responsabilizó de estos diecisiete votos discrepantes. Asimismo, la Cámara convalidó por abultada mayoría el decreto-ley de medidas urgentes de reforma administrativa, que Miguel Herrero atacó duramente, como contrario a la simplificación burocrática proclamada por el Gobierno socialista.

Según anunció el presidente de la Cámara, Gregorio Peces Barba, el número de miembros de la misma es de 348 (resultado de excluir a los dos diputados de Herri Batasuna suspendidos en sus derechos) por lo que la mayoría de tres quintos requerida era de 209 votos. La votación se produjo por el procedimiento de escribir en la papeleta de voto sí, no o depositarla en blanco. Sin embargo, una papeleta en la que figuraba el nombre de Joaquín Ruiz Giménez fue proclamada como válida y computada como afirmativa, por acuerdo de la Mesa. Una vez proclamado el resultado de la votación, Peces Barba anunció que se daría conocimiento al Senado para su ratificación. La votación se producirá hoy en la Cámara Alta, en la que se requiere igualmente la mayoría de tres quintos favorables a Ruiz Giménez, quien ayer visitó al presidente del Senado, el socialista José Federico de Carvajal.Los portavoces de todos los grupos parlamentarios, preguntados por los informadores sobre la identidad de los seis votos negativos y once en blanco aseguraron el sentido afirmativo del voto de sus, respectivos grupos, por lo que, dado el carácter secreto de la votación, no es posible conocer quienes fueron los diputados discrepantes con la candidatura de Ruiz Giménez.

Por su parte, Peces Barba manifestó a EL PAIS que no había tenido ninguna participación en el supuesto pacto con Fraga en lo que se refiere a la futura designación de Margarita Retuerto como adjunta al Defensor del Pueblo (véase EL PAIS de ayer). Á partir de ayer, el presidente del Congreso introdujo el hábito de dar por terminada cada intervención de los oradores con las palabras muy bien, seguidas del apellido del diputado interviniente, precedido de la palabra señor, lo que da coherencia a la afirmación de Peces Barba, comunicada ayer a EL PAIS, de que el sentido de la citada expresión una vez terminada una reciente intervención de Martín Villa no significó valoración alguna del contenido de sus palabras, a pesar de las interpretaciones periodísticas que se han hecho.

Simplificación administrativa

Sometido a la consideración de la Cámara, el decreto ley sobre medidas urgentes de reforma administrativa fue convalidado por 191 votos favorables, 4 en contra y 96 abstenciones. Los socialistas se opusieron a la tramitación corno proyecto de ley del citado decreto ley, solicitada por los grupos, centrista, PNV y Popular. Dicha tramitación fue rechazada por 107 votos favorables, 186 en contra y 3 abstenciones.

En defensa del decreto ley intervino el, ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, quien justificó la urgencia de la medida gubernamental y adelantó como objetivo prioritario del Gobierno socialista una reforma administrativa que simplifique las estructuras y produzca ahorro público. En apoyo del Gobierno intervino el diputado socialista Justo Tomás, Zambrana.

Por el Grupo Popular, Miguel Herrero calificó los propósitos gubernamentales de meras buenas intenciones, mientras que el contenido del decreto ley lo valoró como ambiguo y "tomadura de pelo nacional propia del día de los Inocentes" que se celebraba ayer. Negó que el cambio de denominaciones de algunos organismos y la supresión de otros, como la secretaría de Estado para la Información, para a continuación crear un portavoz del Gobierno con rango de secretario de Estado, sólo era ingeniosidad y aumento del gasto público. "Si para el Gobierno ésto es simplificar, el resto de los mortales le llaman aumentar la burocracia estatal", aseguró.

Denunció también el bicefalismo de la presidencia del Gobierno y suscitó las risas en el hemiciclo cuando señaló que la indudable valía de Alfonso Guerra no debía llevar a "normativizarle y convertirle en decreto ley". Por su parte el centrista Landelino Lavilla manifestó que los mejores argumentos contra el decreto ley podían extraerse de intervenciones socialistas oponiéndose durante la anterior legislatura a medidas gubernamentales similares. Acusó el excesivo presidencialismo que subyace en el decreto ley y que no es propio de nuestro sistema político y aseguró que, para una disposición como la debatida, la Constitución exige no sólo una ley, sino además una ley orgánica, por afectar a instituciones básicas del Estado como es el Gobierno y la Administración.