La austeridad y la negociación salarial
LA ESPERANZA de que el PSOE encontrase respuestas a la crisis económica ha sido uno de los motivos fundamentales para la votación mayoritaria a su favor. La crisis exige una mano firme. Este es el mejor comienzo para consolidar la confianza en los nuevos dirigentes y de obtener incluso las salvaguardias adicionales de que las soluciones son difíciles, llevan tiempo y además entrañan sacrificios.La opinión pública ha aceptado sin rechistar las primeras medidas, y en concreto el alza de los precios de los carburantes y combustibles, y, naturalmente, las otras alzas correspondientes, lo que ya supone una merma de su poder adquisitivo. También los bancos y las cajas de ahorro han recibido su dosis de austeridad: la colocación gratuita del 1% de sus depósitos en el Banco de España. Esta retención obligatoria no devenga retribución alguna, mientras que esos depósitos redepositados en el Banco de España les cuestan a los bancos y a las cajas un 8%, como media de pago de intereses a sus clientes. Finalmente, los efectos de la depreciación de la peseta resultan más difíciles de cuantificar, pero en definitiva tampoco favorecen el consumo de artículos de importación o de viajes al extranjero que pueden adquirir o realizar los españoles. Como muy bien ha dicho él ministro Boyer, se trata de que cada uno acepte la parte que le corresponde en el reajuste impuesto por la crisis. Este lenguaje, la inclusión de las entidades financieras en el paquete de sacrificios y la prontitud de las decisiones han sido interpretados como síntomas de que el Gobierno habla en serio y tiene los pies firmes sobre la tierra.
El turno de un modo u otro se le plantea ahora a empresarios y trabajadores. Los trabajadores y sus representantes, es decir, las centrales sindicales, tratarán de mantener el poder adquisitivo de los salarios en el próximo año. Los empresarios procuran, por su parte, mejorar los márgenes de beneficios y, en definitiva, la solidez financiera de las empresas. Los empresarios saben, por otro lado, que una contención muy drástica de los salarios significa un menor consumo y, en consecuencia, una menor demanda para los bienes y servicios producidos. Los empresarios se mueven entre estos dos condicionantes: incrementos de costes salariales, que amenazan la viabilidad de muchas empresas, y reducción del consumo, que, junto a la exportación, es el único componente dinámico de la demanda.
Sin embargo, una negociación rigurosa para los trabajadores, con un límite superior de la banda de incrementos del 9%-10%, es decir, dos o tres puntos por debajo del incremento esperado del índice del coste de la vida, puede interpretarse en parte como consecuencia de las medidas de política económica general hasta ahora adoptadas. En primer lugar, la depreciación de la peseta repercutirá en unos dos puntos en el encarecimiento de los precios, consecuencia de los mayores costes en pesetas de las importaciones de petróleo y otros materiales. Esta repercusión no es compensable. Los trabajadores-consumidores tienen que correr con su parte en la austeridad proclamada por el Gobierno. Naturalmente que se pierde así una fracción de capacidad adquisitiva, y quizá el Gobierno debería haber sido menos ambiguo en este punto. Pensar que el encarecimiento de los productos de importación sea soportado por las empresas es un riesgo bastante temerario cuando muchas de ellas continúan en la cuerda floja y el aumento del empleo está pendiente de unas empresas más sólidas y unos empresarios menos desanimados.
La anunciada reducción de la jornada laboral es otro elemento de incertidumbre -aunque menor en comparación con el anterior- sobre el coste futuro del factor trabajó en el próximo año. Las autoridades han tenido el buen sentido político de no gobernar por decreto-ley, y aunque la mayoría parlamentaria socialista garantiza el buen fin de los proyectos de ley -como lo es el de la reducción de jornada y el aumento del período de vacaciones-, se tendrá la oportunidad de un debate abierto. Sin duda, en el mismo el Gobierno indicará cuál es el coste salarial que suponen estas medidas. De este modo se contrarrestarán las afirmaciones de los empresarios según las cuales los costes de las reducciones horarias pueden ir del 3,4% al 9% del salario-hora. En cualquier caso, el Gobierno debería mostrar sus cálculos lo más pronto posible, aunque sólo fuera por su trascendencia en la negociación salarial pendiente y para disipar cualquier duda sobre el coste de esta medida.
Por otro lado, una banda salarial con un límite como el indicado siempre permite desviaciones, en especial en las empresas que marchan bien. En esos casos los empresarios prefieren un clima laboral distendido, y los trabajadores saben que sus reivindicaciones salariales no comprometen sus puestos de trabajo en el futuro. Si los compromisos entre empresarios y trabajadores se concentran en definir una banda salarial razonable, en un breve espacio de tiempo se habrá conseguido consolidar el clima de realismo y celeridad que está imprimiendo el nuevo Gobierno a los aspectos más generales y significativos de la política económica. En definitiva, una negociación rápida en la que los trabajadores acepten las austeridades que les corresponden y en la que los empresarios apuesten por el realismo político-económico y pasen rápidamente a la acción de mejorar los volúmenes de empleo.
