Larga y complicada operación para sustituir a los gobernadores civiles

La operación del partido en el Gobierno para sustituir a los gobernadores de todas las provincias españolas por gentes nuevas, sin ligazones con la anterior Administración y con clara proximidad o adscripción al PSOE, está resultando larga y complicada. Los responsables del Ejecutivo no han podido, casi un mes después de constituirse el Gabinete de Felipe González, elaborar listas completas de gobernadores -hasta ahora han nombrado treinta y seis- y ello por la inexistencia de personas competentes o fiables (excepto en casos conflictivos, se ha tendido a nombrar responsables sin vinculación anterior con la provincia correspondiente) o por la propia renuncia de quienes podrían ocupar dichos puestos, como ocurrió con el candidato a la delegación del Gobierno en Navarra.Junto con las dificultades del Ejecutivo para completar la relación de gobernadores -personas absolutamente ajenas a la Administración, e incluso al PSOE, se han visto sorprendidas con inopinadas ofertas de puestos- éstos han sido revestidos de una doble función, aparentemente contradictoria. Tanto el vicepresidente, Alfonso Guerra, como el ministro del Interior, José Barrionuevo, han insistido en los actos de toma de posesión de las dos primeras tandas de nombramientos en que el papel de los gobernadores civiles es doble: contribuir a la descentralización del poder político y a la conclusión del Estado de las autonomías y, al mismo tiempo, reafirmar la presencia del Estado, del propio Gobierno, en las provincias. Una tarea con dos vertientes, por lo tanto, que parece concentrar y desdoblar, simultáneamente, las funciones de los titulares de los gobiernos civiles.

Los primeros pasos de los nuevos responsables han estado llenos de gestos y declaraciones sobre el cambio de actitud que representan: apertura de sus actos de toma de posesión a sectores hasta ahora ajenos a dichas instituciones, visitas pensadas, aseveraciones en el sentido de que se consideran "los primeros servidores" de la sociedad; intenciones, en suma, demostradoras de la bocanada de aire fresco, de renovación que ha llegado a los gobiernos civiles españoles. Todo ello contrasta con la agria crítica -que no es nueva- de los nacionalistas catalanes y vascos contra la pervivencia de la figura de aquellos. Coincidiendo con los nombramientos de la primera tanda, Miquel Roca y Carlos Garaikoetxea han coincidido al manifestar su criterio de que, en nombre de la Administración del Estado, los delegados del Gobierno son ya representación suficiente.

Días después de que la dirección del PNV señalara que los gobernadores civiles están "fuera de lugar" ante la existencia de un de legado del Gobierno para el País Vasco, el lendakari Garaikoetxea declaraba a EL PAIS: "Los gobernadores civiles sobran; su existencia da la impresión de provocar una hipertrofia del aparato de Estado en un momento en que se van transfiriendo las com petencias a las comunidades autónomas". El nombramiento de unas personas que tie nen que asumir el cargo de gobernadores civiles, "cada vez más ausentes de compe tencias", en opinión del lendakari, "obedece a una obstinación en mantener atributos de poder central".

También los partidos catalanes, en su casi totalidad, son partidarios de vaciar de competencias a los gobiernos civiles, en beneficio de la Delegación del Gobierno. De hecho, sólo los centristas catalanes no apoyaron, en 1980, una proposición de ley presentada por el Parlamento catalán en la Mesa del Congreso de los Diputados que, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución, regulaba las competencias del delegado y suponía, en la práctica, que los gobernadores perdían sus atribuciones. Esa proposición no llegó a ser debatida en la anterior legislatura. La Minoría Catalana (grupo de Convergéncia i Unió en el Congreso) ha retomado ahora aquella iniciativa.

El catalanismo se ha opuesto, por tradición, a la división provincial de Cataluña, y, como consecuencia, a las diputaciones provinciales y a los gobernadores civiles. Aunque la Constitución ha consagrado la existencia de las provincias, no han faltado las iniciativas para acomodar el texto constitucional a las reivindicaciones nacionalistas. Una ley del Parlamento autonómico que regulaba el traspaso de competencias de las diputaciones a la Generalitat fue anulada por el Tribunal Constitucional, derrota que dejó huella en la política catalana.

La Minoría Catalana, al abrirse las Cortes elegidas el pasado 28 de octubre, presentó una proposición deley en el mismo sentido, "para poner a prueba a los socialistas", en palabras de Miquel Roca. Los comurtistas catalanes están dispuestos a resucitar la vieja iniciativa unitaria para evitar que los nacionalistas de CiU se apropien de la bandera del antiprovincialismo.

En algunos casos, los medios para actuar parecen escasos. El nuevo gobernador de Madrid, José María Rodríguez Colorado, ha invertido sus primeros días en estudiar a fondo la situación de la provincia. Las conclusiones, según fuentes próximas al nuevo gobernador, son alarmantes: no hay personal suficiente ni convenientemente preparado para llevar adelante su gestión.