La decisión en favor del F-18A responde a los deseos de la Fuerza Aérea, pero deja sin identificar las compensaciones

La decisión de comprar 84 aviones F18A Hornet de la McDonnell Douglas que hoy adoptará el Consejo de Ministros enfrenta a diversos sectores industriales y al Ejercito del Aire. La autorización del Gobierno al ministro de Defensa para suscribir el precontrato para la adquisición de los 84 aviones F-18A, previstos en. el programa FACA (Futuro Avión de Combate Aéreo), por un importe de 356.400 millones de pesetas ha enfrentado los puntos de vista de los mandos del Ejército del Aire, deseosos de adquirir el sistema de armas que consideraban mejor para las misiones asignadas, y los de los dirigentes industriales insatisfechos con la irrealidad de las compensaciones ofrecidas, que en un amplio porcentaje quedan sin identificar o cuyo cumplimiento no puede llegar a ser exigido.

El nuevo titular de Defensa, Narcís Serra, se encontró sobre la mesa una decisión a plazo inmediato, habida cuenta que la prórroga obtenida para la firma del precontrato con reserva del precio en dólares y plazos estipulados de entrega de los aparatos expira el 23 de diciembre. La semana pasada el ministro había formado ya criterio favorable en coincidencia con las recomendaciones formuladas por el Estado Mayor del Aire. Hoy llevará la propuesta al Consejo de Ministros que, presumiblemente, le autorizará para que mañana firme el precontrato, la Letter of Intentions (LOI), de acuerdo con lo previsto en una venta que se hace de Gobierno a Gobierno dentro del programa oficial de Foreing Military Sales (FMS).Se cumple así el vaticinio del general jefe del Estado Mayor del Aire, Emilio García Conde, (ver EL PAÍS del 13 de septiembre página) en torno a la nula incidencia del resultado de las comicios del 28 de octubre sobre el programa FACA. Cuando al general se le recordó la actitud crítica de los diputados socialistas acerca de la selección del F-18A realizada por el Estado Mayor del Aire, explicó que "los asuntos de la Defensa nacional están por encima de los partidos, se ha elegido lo mejor, lo mejor es ahora y siempre y no se ven razones para modificar las decisiones ya tomadas".

El principal impulsor de una revisión del programa FACA dentro de la Comisión de Defensa del Congreso, el diputado socialista por Segovia en la anterior y en la presente legislatura, Luis Solana, ha sido apartado de toda responsabilidad en este área. Así ha procedido también el partido con otros conocidos expertos en materias de política de Defensa y política militar, como Enrique Mújica excluído de la Comisión citada y el propio Julio Busquets, que sólo en el último minuto logró ser asignado a la misma. La petición de los comunistas de la que ayer informaba EL PAÍS para que el ministro socialista informe, según reclamaba ese partido cuando velaba las armas en. la oposición hace tan sólo dos meses, quedará para mejor ocasión cuando la situación sea ya irreversible.

Decisión inobjetable, según los expertos

La decisión en favor del F-18A según todos los expertos aeronaúticos es inobjetable. La superioridad de este aparato sobre sus competidores de la llamada lista corta en el cumplimiento de las misiones asignadas no ofrece dudas. Pero una decisión de tanta trascendencia debe tomarse ponderando otros factores sin cuya consideración pueden producirse gravísimas fugas de soberanía real con consecuencias fatales en la eventualidad de un conflicto.Por ejemplo llamó la atención de los periodistas, convocados en el cuartel general del Aire para recibir información del programa FACA, una de las bases de partida a tenor de la cual -"como la mayoría de los aviones que cumplen su período de vida útil son de fabricación norteamericana, como está ya previsto el Mirage F-1 y como la diversificación de la procedencia de los sistemas de armas es un principio del Ejército del Aire"- se ha optado desde el comienzo por un suministrador norteamericano. EL PAÍS recordaba a este respecto no hace mucho tiempo que "hay una percepción dieferente acerca de los intereses estratégicos españoles en distintas áreas sociales, políticas y militares. La reciente experiencia contemporánea ilustra bien sobre la condición del aliado norteamericano a la hora del conflicto. En 1957, durante la guerra de Ifni que nos enfrentó a Marruecos, Washington adoptó la medida de declarar embargado el material bélico cedido a España. En 1975 el designio del secretario de Estado, Henry Kissinger, forzó la retirada española del Sahara en condiciones y bajo formas penosas, que desatendían las promesas solemnes a la población del territorio".

Durante su intervención en un Seminario sobre "Armamentismo y Nuevo Orden Económico Internacional" organizado el pasado noviembre en Madrid por la Fundación Pablo Iglesias, el profesor Angel Viñas señaló que "un volumen importante de recursos asignados al sector Defensa únicamente puede justificarse si es el idóneo para ofrecer una disuasión precisa ante los escenarios de conflicto que pesan sobre nosotros, localizados en el Norte de Africa". Conocida la posición de Estados Unidos, contraria a que las dos orillas del estrcho de Gibraltar queden en manos de una sola nación, cabe deducir qué puede esperarse del aliado americano en caso de un conflicto hispano-marroquí por las ciudades de Ceuta y Melilla. Ese es el único conflicto que cabe imaginar y para su intervención en ese escenario muchos analistas consideran que las condiciones de adquisición de los F-18A, base de nuestro poder aéreo, no garantizan la autonomía precisa en las decisiones que hayan de tomarse. Sencillamente porque la falta de transferencias tecnológicas descarta el mantenimiento total de los aparatos en España. Y sin asegurar esta premisa el suministrador americano queda en la práctica dueño absoluto de nuestros aviones, graduando a su voluntad el envío de repuestos y el entretenimiento.

A las anteriores consideraciones habría que sumar otras desde la banda de la industria. Es cierto que, como suelen argumentar en el Estado Mayor, entre las misiones del Ejército del Aire no se cuenta la de contribuir al desarrollo de la industria aeronaútica española o de cualquier otro sector, pero no lo es menos que sin un nivel tecnológico e industrial autóctono la soberanía se convierte en vana ilusión y los mas sofisticados aparatos y sistemas de armas resultan completamente inservibles porque quedan a merced de la voluntad política del suministrador. También alegan quienes han seguido de cerca la gestión del programa FACA que la LOI preparada mañana para su firma está diseñada bajo condiciones muy desfavorables en relación con la actual situación española. En efecto, insisten en que el precontrato ignora que ya hay un acuerdo sobre el Convenio con Estados Unidos -cuya claúsula cuarta debería haber sido tenido en cuenta-, pendiente de últimos ajustes para su ratificación por las Cortes, y que España es miembro de la Alianza Atlántica. Todo ello sin contar que las pretendidas contrapartidas ofrecidas por los norteamericanos no tiene carácter vinculante por su supeditación a terceros no controlados por la parte española.