"Nadie va a dar lecciones de libertad a un Gobierno socialista"

Pregunta. La política "compensatoria" de que se habla en el programa electoral del PSOE figuraba en los proyectos de todos los ministros de Educación de los últimos Gobiernos centristas, aunque tal vez ésta se redujo, en el mejor de los casos, a la aprobación de determinadas partidas presupuestarias para zonas geográficas deprimidas. ¿En qué va a consistir esa política de ahora en adelante?Respuesta. Esta política compensatoria, que es una expresión creada para subrayar el objetivo de la igualdad de oportunidades superando las diferencias de origen social y que luego la derecha ha desvirtuado, se inscribe dentro del objetivo más amplio de garantizar el derecho de todos a la educación. Yo la veo dentro de dos grandes líneas: por una parte, la de reorientar y potenciar la política de becas y, por otra, la de crear unas zonas de actuación prioritarias. Nuestros estudios demuestran que el sistema actual, paradójicamente, favorece más a quienes menos lo necesitan, hasta tal punto que puede afirmarse que de cada cinco becas que se adjudican actualmente, sólo una va a parar a manos de familias verdaderamente necesitadas. Lógicamente, un Gobierno socialista tiene la obligación de corregir esto. Pero, además, vamos a aumentar las asignaciones presupuestarias para becas, que actualmente suponen unos 12.000 millones de pesetas.

En cuanto a la segunda línea de acción, se trata de desarrollar un tipo de política compensatoria que incide directamente en zonas y sectores sociales desprivilegiados, semejante a las áreas prioritarias de educación británicas y que el Gobierno Mitterrand ha puesto en funcionamiento también en Francia. Se trata de actuar de forma más intensa en áreas deprimidas, estimadas en términos de indicadores de paro, de analfabetismo, de privación de servicios sociales básicos, de tasas de desescolarización elevadas... Yo creo que estas dos líneas de actuación deberían de traducirse en medidas legislativas concretas en los primeros meses de 1983.

P. También el programa de ampliación de la escolarización en el nivel de preescolar ha figurado en los planes de los ministerios de Educación centristas, pero todo el mundo sabe lo difícil que resulta todavía encontrar plazas gratuitas para los niños de cinco años, dificultad que se agiganta cuando se trata de los de cuatro.

R. Estamos absolutamente decididos a multiplicar las partidas presupuestarias dedicadas a ampliar la oferta escolar en el tramo de cuatro y cinco años. No puedo hacerle mayores precisiones en este momento porque es materia de la próxima ley de Presupuestos, pero puedo anticiparle que el objetivo es incrementar sustancialmente la escolarización de losniños de esta edad.

P. Tanto como el problema de la escolarización tal vez interese saber si el Gobierno socialista va a asumir el carácter educativo del período anterior a la EGB.

R. En efecto, proyectamos plasmar en una futura ley de Escuelas Infantiles nuestra filosofía sobre el particular, que, como usted sabe, parte de la convicción de que las instituciones que se ocupan de la atención a los niños en el período anterior a su ingreso en el nivel obligatorio de la enseñanza son, fundamentalmente, instituciones educativas, con independencia de su carácter asistencial.

P. ¿Y la escolarización en el tramo de los catorce y quince años? Con mayor precisión todavía, ¿qué clase de educación es en la que se piensa? Porque la simple ampliación de la escolaridad no resuelve el problema social que representa la existencia de un número considerable de adolescentes sin trabajo y sin enseñanza.

R. Estoy plenamente de acuerdo con su observación. El problema tiene diversas perspectivas. A muy corto plazo hay que desarrollar una actuación educativa dirigida a los jóvenes de esas edades, que no están escolarizados y tampoco tienen trabajo, aparte de que la ley no lo permite. Esta labor tendría que realizarse en colaboración con el Ministerio de Trabajo y se trataría fundamentalmente de unos cursillos educativos y de orientación hacia el empleo. A más largo plazo, lo que importa es la renovación del propio contenido de las enseñanzas. Las críticas al BUP son de sobra conocidas. Se trata de unas enseñanzas de carácter muy teórico, que parecen pensadas exclusivamente para el acceso a la universidad y que no tienen el menor engarce con el mundo del trabajo.

Por otra parte, la formación profesional, que, a tenor de la ley general de Educación, tendría que haber sido el sector educativo más desarrollado, a la postre resulta ser el más abandonado de todo el sistema educativo. Es, por esta razón, el sector que requiere un trabajo más intenso, enfocado hacia el objetivo de la plena escolarización de los jóvenes de catorce y quince años en un ciclo unificado y polivalente.

Pero para que no suceda como en otros países, donde la ampliación de la escolaridad hasta esas edades no ha. resuelto casi nada, hay que acompañar esa ampliación con una reordenación de las enseñanzas y con una preparación adecuada del profesorado. La tarea no es fácil, porque el propio cambio que está teniendo lugar dentro de la estructura ocupacional obliga a redefinir cuerpos o grupos de ocupaciones. Esto quiere decir que necesitamos una formación profesional muy polivalente y que facilite el salto de unas ocupaciones a otras, mediante cursos específicos, sobre la base de un tronco común. Insisto en que todo esto no puede ser tarea exclusiva del departamento de Educación y Ciencia. Precisamente, y dicho sea de paso, hoy he estado tratando este tema con el ministro de Trabajo.

P. A propósito de la formación profesional, existe la impresión de que hay sectores de ésta en los que la corrupción supera con creces el modelo tradicional de Televisión Española.

R. Creo que una de las tareas que tenemos que abordar de manera más inmediata es el estudio de la situación de la formación profesional para saber qué está pasando. Es decir, cuáles son los grados de pluriempleo, de cumplimiento en materia de dedicaciones, horarios y programas, de medios inadecuados...

P. En el programa de política educativa del PSOE aparece el proyecto de acometer el tema de la educación especial desde los postulados de la integración. ¿No cree que existe el riesgo de trivializar esta cuestión y que la integración de la educación especial en la escuela convencional requiere una mejora sustancial de ésta?

R. Comparto plenamente esa idea. El programa de integración o se hace con seriedad o puede crear profundas difícultades. Se debe contar con un profesorado efectivamente preparado para absorber al alumnado que presenta dificultades específicas, para que la integración resuelva los defectos que hoy día origina una educación especial basada fundamentalmente en la segregación. Pero estas dificultades no afectan al objetivo de una enseñanza no discriminatoria.

P. Es sabido el enorme prestigio de los profesores formados por la acción de gobierno de la izquierda. durante los breves períodos en que ésta dispuso del poder en la II República. ¿El Gobierno socialista va a impulsar la renovación del profesorado con un espíritu parecido?

R. Yo creo que el profesorado se encuentra inmerso en unas dificultades objetivas. Que es un profesorado que ha estado marginado en muchos aspectos, que ha permanecido aislado, y de ahí su desánimo. Yo tengo que ser realista y partir de la idea de que hay que ir por delante y resolver cuestiones de orden material sin las cuales no se pueden pedir demasiados entusiasmos. Aunque también es verdad que se trata de recuperar un espíritu que no está únicamente relacionado con medidas de orden estrictamente material.

Y así, un magisterio que se da cuenta de que hay un Gobierno para el que la educación representa uno de los pilares fundamentales de su política se sentirá necesariamente identificado con el Gobierno y con su política educativa. Si además ese Gobierno y su ministro de Educacion proporcionan fórmulas de participación a los profesores en la elaboración de las alternativas educativas, más razones aún para la motivación. Si ese Gobierno y el Ministerio de Educacion van resolviendo agravios comparativos importantes o viejos temas pendientes, como pueden ser los de retribuciones, horarios, reconocimiento de las especializaciones como fórmula preferente para el acceso a plazas docentes concretas..., de nuevo mejor. Y si además ese Gobierno y el Ministerio de Educacion consiguen conectar con todo el movimiento de renovación pedagógica que existe (más o menos grande, pero sin duda cónmayor fuerza y originalidad que.el impulsado por la iniciativa oficial), conseguiremos de nuevo dar vida a ese espíritu de regeneración que caracterizó los momentos históricos a los que usted se refiere. Con todas esas premisas de que le hablo, estoy seguro de que se puede contar con todo ese colectivo de 300.000 profesores, que habrá recuperado su ilusión a pesar de un tan largo período de marginación.

P. ¿Qué va a pasar con el Estatuto de Centros? ¿Está dispuesto el Gobierno socialista a arrostrar las consecuencias de una guerra de religión, que es al terreno al que muy probablemente llevaría cierto sector de la nueva oposición el propósito anunciado de derogar la ley de Centros para sustituirla por otra?

R. Creo que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos conseguido precisar suficientemente los procedimientos y hasta el objetivo. El objetivo no es derogar la ley de Centros para sustuirla por otra ley que el Gobierno socialista establece, regulando la misma materia pero desde otra óptica y de tal manera que dentro de cuatro años esa ley pueda ser derogada a su vez si accede otra opción política al Gobierno. De lo que se trata es de superar una interpretación, muy sectaria que el actual Estatuto de Centros da a aspectos muy importantes de la enseñanza, interpretación que en parte ha sido declarada ya inconstitucional, como sucede con el artículo 18 y parcialmente con el 34. Se trata también de incluir en la nueva regulación materias que no están tratadas en la ley orgánica de Estatuto de Centros y que ya he señalado en bastantes ocasiones: el propio tema de la financiación, el de la libertad de cátedra, el de los derechos mínimos de todos los ciudadanos ante la enseñanza..., temas que tienen gran entidad y se hallan articulados entre sí.

Hay que garantizar el respeto a la libertad de conciencia y de cátedra y al mismo tiempo garantizar la compatibilidad entre un sector público y un sector privado. Es decir, cómo compatibilizar la garantía de la no discriminación y el pluralismo o la libertad de conciencia y de cátedra con el debido respeto al carácter propio de los centros. Estas son las cuestiones que deberían recogerse en esa norma, que no será, por tanto, el equivalente, aunque en negativo, del Estatuto de Centros, sino algo muy distinto y que debería de servir de base común para las distintas opciones políticas que puedan gobernar este país. En definitiva, lo que vamos a intentar es sacar este tema de la enseñanza de la lucha sectaria, para que, a partir de estas bases, cada Gobierno pueda establecer sus prioridades.

P. La patronal de la enseñanza privada ha hecho público un documento en el que afirma que necesita 180.000 millones de pesetas para permanecer. ¿Qué opinión le merece al ministro de Educación el hecho de que, coincidiendo con la formación del primer Gobierno socialista, la principal organización empresarial de este sector comparezca públicamente autodefiniéndose como la enseñanza libre?

R. Yo creo que la libertad que nos debe importar a todos es la de los niños y que la libertad no puede circunscribirse únicamente a la creación de centros, que también. Yo desde luego he simpatizado siempre con iniciativas educativas que ponen el acento en la libertad, como la Institución Libre de Enseñanza, y formo parte de una fundación que la prolonga en nuestros días, la Fundación Giner de los Ríos. Entonces, me importa mucho dejar muy claro que al actual ministro de Educación, al actual Gobierno, nadie le puede dar lecciones de defensa de la libertad de enseñanza. Demasiado hemos luchado por ella cuando otros sectores acaso no estaban tan preocupados por la libertad. Precisamente por defender la libertad de expresión y por defender la libertad de enseñanza, entendida en su sentido más profundo, que es el de la libertad de los estudiantes y de los profesores, he tenido mis problemas en el pasado. Yo estoy dispuesto a defender la libertad de creación de centros, que está en la Constitución. Aquí hay unos centros de iniciativa privada que pueden cumplir un servicio social, que están dispuestos a colaborar con los objetivos educativos que se fija el Gobierno y que, por tanto, en la medida en que se integran en ese servicio público de enseñanza reciben subvenciones del Estado. Dentro de nuestra política de prioridades vamos a mantener las subvenciones y a incrementarlas con arreglo al incremento del coste de la vida. Ahora bien, lo que no se puede pretender es que se mantenga el ritmo de los últimos años, en que las subvenciones al sector privado ha crecido cuatro veces más que el presupuesto del Ministerio, en el que las inversiones han sufrido una congelación después de los Pactos de la Moncloa.

P. Respecto de esa autoproclamación de enseñanza libre, expresión que funciona en algunos otros países, pero que en España sólo se ha utilizado para referirse a los alumnos que se examinaban en los centros oficiales sin haber asistido a clases, ¿el ministro puede tranquilizar a los padres que llevan a sus hijos a la escuela pública en el sentido de que también ésta va a seguir siendo una escuela libre?

R. Por supuesto que sí. En la escuela pública está garantizado el pluralismo. Está garantizado en una democracia y va a estarlo tanto más por un Gobierno socialista. Nadie puede dar lecciones de libertad a un Gobierno socialista ni tampoco a la enseñanza pública.

P. También figura en el programa socialista el propósito de llevar a las Cortes un nuevo proyecto de ley de Autonomía Universitaria. ¿Se podrá hacer una nueva LAU sin tener que pactar línea a línea con todos y cada uno de los gremios universitarios?

R. Hemos dicho varias veces que lo que empezó siendo un proyecto de ley para posibilitar la autonomía universitaria acabó convirtiéndose en una ley de personal. Las diversas Laus se convirtieron en leyes que pretendían dar salida a las aspiraciones de los distintos sectores de la enseñanza superior, con la peculiaridad de que se trataba de intereses contrapuestos. Nosotros no vamos a hacer una LAU de tales características, pues el proyecto alternativo que en su día presentamos tendía más a dar respuesta puntual al proyecto del Gobierno de UCD. Muchos asuntos pueden sacarse perfectamente de la LAU, y eso es lo que yo pretendo hacer. Así, puede haber una ley del profesorado, una ley de financiación de la universidad, una ley de acceso a la enseñanza superior... De este modo, la LAU podrá ser lo que nunca debió dejar de ser: una ley que permita a las universidades elaborar sus presupuestos, gestionar sus recursos y seleccionar y promocionar a su profesorado.