El neoparlamentarismo catalán
EL PARLAMENTO de Cataluña, de cuyo restablecimiento con la II República se cumple ahora medio siglo, está realizando una labor legislativa que al comienzo de su tercer año de sesiones en esta etapa parece estar por debajo de las expectativas que había creado.En un lapso de tiempo ligeramente superior a los veintisiete meses de funcionamiento efectivo, la cámara autonómica ha aprobado algo más de una treintena de leyes. La productividad cuantitativa de los parlamentarios no es, sin embargo, única ni principalmente lo que resulta criticable, sino la capacidad de incidencia real sobre la sociedad que esa cifra simboliza. Porque, aunque las causas de esa pasividad no han de buscarse exclusivamente en motivaciones internas, la cámara autonómica catalana ha carecido de la infraestructura jurídica y, sobre todo, del peso y de la intuición política necesarios para legislar de la manera apropiada en los momentos clave, en los que tenía que haber establecido sus primeras credenciales.
Tras la desautorización por parte del Tribunal Constitucional de la ley de traspaso urgente de poderes de las diputaciones a la Generalitat, la Cámara tendió a refugiarse en una actividad de ininucia técnica, sin mayores aspiraciones. La ley citada pretendía vaciar de contenido la existencia de las diputaciones. Tropezó con el firme propósito del Gobierno de UCD, que no quería renunciar a la utilización de esa poderosa arma de influencia en la vida política española y catalana. Pero además se redactó con la suficiente torpeza como para que resultara inadmisible desde el punto de vista técnico y jurídico, según pudo comprobarse fehacientemente. Desde ese momento la actividad del Parlamento catalán ha sufrido un complejo de autocensura, como si temiera más el chasco de la divergencia con Madrid que el riesgo de una legislación acorde con las necesidades de los intereses que representa.
Leyes de la máxima importancia para Cataluña, como la llamada "ley del catalán", llevan un retraso considerable que sólo puede atribuirse al propio ritmo cauteloso que ha imprimido a sus trabajos la Cámara catalana. Sería injusto considerar que toda la lentitud de la actividad legislativa autonómica se debe exclusivamente a causas endógenas. Sin caer en la tentación de referirse a la oposición política y partidista que el Parlamento haya podido encontrar en sus relaciones con UCI) y el PSOE -LOAPA incluida-, las demoras, inseguridades y decaimientos varios de la fe en las autonomías que los diferentes Gobiernos han sentido a lo largo de estos años han contribuido a crear un ambiente de incertidumbre que ha podido desanimar al Parlamento de Cataluña a trabajar con el ritmo adecuado. Pero existe la sospecha de que la imposibilidad de un maximalismo utópico, además de no deseable, ha llevado a los parlamentarios catalanes a una actitud de pasividad perniciosa. Ni todo lo que tiene que legislar el Parlamento está en conflicto con las atribuciones del Gobierno central, ni es lícito suponer que sólo lo que esté en conflicto es interesante para los intereses de los ciudadanos de Cataluña. En una palabra: puede suceder que sobre la base de la inviabilidad de un nacionalismo exclusivamente ligado al entendimiento que de él tiene un partido político determinado y minoritario se estén descuidando desde la Cámara catalana muchos intereses razonables de los allí representados.
El Gobierno socialista tiene, por su parte, que completar con la menor tardanza posible el marco legal del Estado incorporando las nuevas leyes pendientes (por ejemplo, la de bases de Régimen Local) y culminando los traspasos de competencias. Pero mientras tanto se puede y se debe esperar de la Cámara legislativa catalana un mayor dinamismo, una mejora en la capacidad para explorar los límites de sus competencias sin incurrir en picarescas. Lo que se precisa, en definitiva, es un clima de confianza que permita contribuir, sin folklorismos de un lado ni sectarismos del otro, a la construcción eficaz de la España de las autonomías.
