El Día de los Derechos Humanos en España

AYER SE conmemoró, también en España, el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas. El artículo 10 de la Constitución ha incorporado el contenido de ese admirable documento a nuestro ordenamiento jurídico, al remitir a la Declaración Universal para la interpretación de "las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce". No se trata, así pues, de un remoto catálogo de buenos propósitos destinados a tranquilizar la mala conciencia de quienes encomiendan a otros las tareas represivas sino de un texto que sirve, en la España de 1982, para completar lagunas o despejar dudas en todo lo que se refiere a las garantías de los derechos y las libertades de los ciudadanos.La nota del Gobierno a propósito del 342 aniversario de la Declaración Universal subraya que su articulado "sigue siendo el punto de referencia común para quienes, en cualquier parte del mundo, levantan la bandera de la dignidad, de la libertad y de la igualdad de los hombres". El comunicado también afirma que el nuevo Gobierno, confirmando las palabras de Felipe González durante el debate de investidura, "quiere renovar su firme compromiso de hacer de los derechos fundamentales, no un límite externo a su actividad, sino la guía de todas sus acciones", en el convencimiento de que la legitimidad del ejercicio del poder en el mundo moderno descansa necesariamente sobre la garantía de las libertades. Este compromiso desborda el ámbito de nuestras fronteras, ya que "el respeto y la protección de los derechos humanos no pueden concebirse como un asunto interno y por tanto ajeno, sino, al contrario, como un elemento esencial para definir y orientar la política internacional de España".

El currículo de buen número de dirigentes socialistas ofrece pruebas de sus sacrificios y trabajos por la defensa de los derechos humanos en el inmediato pasado. No faltan ministros, entre ellos Miguel Boyer, que resolvieron encauzar la vieja tradición iluminista de lucha por las libertades, la dignidad de la persona y la tolerancia a través de su pertenencia a la Asociación pro Derechos Humanos de España, que presentó anteayer su informe anual, en coincidencia con la conmemoración de la Declaración Universal.

De la lectura del informe de la Asociación pro Derechos Humanos se desprende que los indiscutibles avances conseguidos en España durante los últimos años en la tarea de acomodar la acción estatal a los principios proclamados por el título II de la Constitución y la Declaración Universal de 1948 no han logrado suprimir una serie de prácticas conculcadoras de los derechos humanos, condenables no sólo en función de criterios morales, sino también en relación con normas jurídicamente vinculantes. Los puntos negros señalados por el documento hacen referencia a torturas, detenciones indiscriminadas, recortes a la libertad de expresión, irregularidades en el régimen de asilo a refugiados políticos, comportamientos arbitrarios de las fuerzas de seguridad, inadecuadas condiciones de las prisiones, etcétera. El largo camino recorrido desde el anterior régimen hasta la fecha sirve para que los logros del pasado fundamenten nuestra esperanza en un futuro mejor, pero no debería utilizarse como coartada para cerrar los ojos y silenciar las protestas ante las violaciones de derechos que sigan produciéndose. Las estadísticas carecen por completo de capacidad para absolver un solo caso de conculcación de unos derechos cuya garantía pertenece al terreno de lo cualitativo y se inscribe dentro de las cuestiones de principio.

Buena parte de las indicaciones o sugerencias contenidas en el informe de la Asociación pro Derechos Humanos coincide con los propósitos del programa electoral del PSOE. Felipe González anunció, en el debate de investidura, que su Gobierno enviará rápidamente a las Cortes Generales sendos proyectos de ley para desarrollar los mandatos constitucionales de asistencia letrada al detenido y de procedimiento judicial de habeas corpus. En el calendario legislativo socialista también figura el derecho de asilo para los extranjeros perseguidos en sus países de origen y la reforma del Código Penal, en el que quedaría refundida la legislación antiterrorista. La Asociacíón pro Derechos Humanos pide la supresión de los diez días de incomunicación de los detenidos a quienes se aplica la legislación antiterrorista; considera necesario que los jueces y fiscales multipliquen las visitas de control a los centros de detención y a las prisiones; sugiere la restricción de las desbordadas competencias atribuidas a la Audiencia Nacional (entre otras el delito de desacato a través de los medios de comunicación social) y solicita la moderación en la interposición de querellas por el ministerio fiscal a propósito de supuestos delitos públicos relacionados con la libertad de expresión.

Las recién adquiridas responsabilidades de gobierno pueden invitar a algunos socialistas situados en altos cargos a una apresurada y poco crítica reconciliación con la realidad. De esta tendencia podría servir de ejemplo el ministro Barrionuevo, que ha tenido la mala fortuna de comenzar su mandato con el siniestro depósito de un cadáver sobre su mesa de titular de la cartera de Interior y que ha olvidado la dura interpretación dada en su día por el actual vicepresidente del Gobierno a la extraña huida de los grapo -entre otros el fallecido Martín Luna- de la cárcel de Zamora en diciembre de 1979. Las interrogantes sobre los GRAPO no son exclusivas de los periódicos de hoy, que guardan en sus hemerotecas una voluminosa colección de declaraciones de los antiguos líderes de la oposición coincidentes con ellas. El partido socialista tiene además en su reciente haber una larga tradición de protesta por los abusos policiales, tradición que, al menos en una parte de su electorado, le ha valido la confianza del mismo, y que ni se debe ni se puede romper.