Establecido un régimen de incompatibilidades estrictas para el Gobierno autónomo
El presidente de la comunidad autónoma de Murcia no podrá ser elegido senador en representación de la región, según la ley de Incompatibilidades, aprobada la noche del pasado jueves en Cartagena, en el último pleno de la Asamblea murciana. La ley, que afecta principalmente al Gobierno de la región, establece una serie de incompatibilidades muy estrictas para los miembros del Ejecutivo, a los que, sin embargo, autoriza a ejercer la docencia de carácter oficial, en régimen de mínima dedicación y sin aumento de la retribución que perciben. El texto aprobado autoriza, por otra parte, a los consejeros y viceconsejeros, así como al presidente y vicepresidente, a las actuaciones que se deriven de la administración de su patrimonio familiar, al desempeño de las funciones representativas, cuya designación corresponde efectuar a los órganos institucionales de la comunidad autónoma.El grupo centrista, minoritario en la Cámara, se opuso a este último apartado, "porque significa", según su portavoz, Luis Egea, "facilitar la concentración de cargos en manos de muy pocos". Los diputados centristas argumentaron en contra de la salvedad hecha para los miembros del Gobierno que son funcionarios del Ministerio de Educación, que ejercen la docencia. "De esta manera se establece una discriminación respecto al ejercicio de cualquier otra actividad. No sabemos por qué no se prima, en igualdad de condiciones, la investigación, por poner un ejemplo", comentaba al respecto Egea.
El consejero de la Presidencia José Plana explicó, por su parte, a este periódico que la autorización de impartir docencia "pretende evitar desconectar de su medio al catedrático de la universidad, por ejemplo, además de intentar facilitar el acceso a las tareas del Gobierno a uña serie de gente que en definitiva está muy preparada". En el Ejecutivo murciano dos consejeros, José María Morales y Antonio Bódalo, son catedráticos de la universidad murciana, mientras que el titular de Cultura y Educación, Pedro Guerrero, es profesor de EGB.
La ley prevé, respecto al resto de los diputados regionales, cierta incompatiblidad que remite a lo establecido en la ley electoral, aunque señala que el cargo es incompatible con cualquier actividad que colisione con su independencia. La interpretación de este texto dificulta el ejercicio de profesiones liberales, reconoce Plana, aspecto combatido también por los representantes de UCD, porque, argumentaban, "se aplica a personas que no tienen cargos ejecutivos, lo que es una verdadera exageración".
Con anterioridad a la aprobación de esta ley, la Asamblea murciana fijó los sueldos del Ejecutivo. Cuatro millones y medio de pesetas al año (incluidos los gastos de representación) para el presidente de la comunidad, y más de tres millones y medio de pesetas anuales para cada uno de los consejeros que integran el Gobierno; los miembros de la mesa de la Asamblea carecen de remuneración, aunque están parcialmente sujetos a las incompatibilidades de la nueva ley, según el artículo 10, que dice que no podrán ejercer por cuenta propia o ajena "siempre que comprometan su imparcialidad", lo que deja una interpretación bastante abierta al texto.
