El BIC aprueba una operación 'acordeón' para sanear 10.000 millones de pesetas

Con total resignación y apatía de los asistentes, la junta de accionistas del Banco Industrial de Cataluña (BIC), del grupo Banca Catalana, aprobó ayer una operación acordeón, de reducción del capital y reservas de la entidad y posterior ampliación de los recursos propios. Ningún accionista solicitó que se ejercitasen acciones legales contra los antiguos rectores del banco, cuyo desequilibrio patrimonial estricto (entre activos ficticios y fallidos) supera los 52.000 millones de pesetas, sin contar con los 43.128 millones de activos no rentables.

El informe del presidente de] consejo del BIC, y actual administrador provisional, Juan Antonio Ruiz de Alda, siguió las pautas del leído en la junta de Banca Catalana, analizando las causas del problema: crisis de confianza, indefinición de la identidad del banco y desequilibrio patrimonial.Ruiz de Alda dijo que la crisis de confianza "está muy ligada a la situación global del grupo Banca Catalana", y que los problemas de identidad son similares, tras la crisis industrial, a los de otros grupos que cuentan cor un banco industrial filial.

En el caso del BIC, afirmó, "ni su situación financiera, ni su estructura ni la realidad del mercado permiten pensar en el éxito de una singladura propia como entidad autónoma" en el mercado bancario, razón por la que "habrá de operar como banco filia de Banca Catalana", manteniendo su carácter industrial.

Pocos clientes independientes

En cuanto al desequilibrio patrimonial del BIC, el administrador lo atribuyó fundamentalmente a la concentración de inversiones y riesgos en las empresas de grupo: "en el balance del banco lo que podríamos calificar de inversiones en clientes independientes sólo llegan a un 20%; el resto ha sido dedicado al grupo o a las propias necesidades".

Esta concentración crediticia en las empresas vinculadas ha originado un desequilibrio patrimonial superior a los 50.000 millones de pesetas. De ellos 10.276 millones de pesetas son activos ficticios, esto es, mero apuntes contables que constituyen "pérdidas que deben ser reconocidas inmediatamente" Esos apuntes corresponen a ingresos previstos y no materializados (6.516 millones) y a créditos otorgados a sociedades filiales "que hoy carecen absolutamente de respaldo patrimonial" (3.775 millones de pesetas). La reducción de reservas y capital, a peseta la acción, se destina a enjugar este quebranto.

Además de los activos ficticios, según el informe leído, existen en el balance 41.945 millones de pesetas en activos fallidos (en su mayoría, 36.500 millones de pesetas, procedentes de inversiones en el propio grupo), que habrá que sanear en los próximos meses. La ayuda del Fondo de Garantía se centrará en su aprovisionamiento. Una cantidad similar, 43.128 millones de la inversión total del BIC, corresponde a los activos no rentables, recuperables a medio o largo plazo, "pero que en estos momentos son incapaces de generar rentas al banco". Los activos sanos totalizan sólo 32.519 millones de pesetas.

Al igual que el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias resultaba ser inexacta. En lugar de 89 millones de ganancias, se estima un ritmo anual de pérdidas de 8.200 millones de pesetas, cifra muy similar a los 9.000 millones de Banca Catalana, pese a ser el BIC una entidad de dimensiones más modestas. Este hecho se debe, consideró Ruiz de Alda, "al peso prácticamente nulo de los activos sanos en el balance del BIC, debido no solamente a los activos fallidos, sino también al importante volumen de activos no rentables".

Las medidas adoptadas

La junta aprobó el saneamiento de estos agujeros aplicando a este fin los 4.145 millones de reservas disponibles y los 4.253 millones del capital, ampliándolo después en otros 4.500 millones de pesetas. Con ello se limpian los 10.000 millones de activos ficticios. A esta ampliación, cuya cobertura asegura el Fondo, acudirá Banca Catalana, con la intención de ostentar la totalidad de su control (actualmente posee en torno a un 70%). Para conseguir dicho control, los administradores pidieron a los accionistas que si deseaban acudir a la ampliación, lo hicieran a la de Catalana, acogiéndose al canje de acciones previsto: una acción vieja del BIC (con valor de una peseta) por otra de Catalana (con igual valor). Se pretende con ello que sus derechos no se vean mermados, toda vez que la dimensión del BIC va a reducirse sustancialmente.

Los fallidos se cubrirán con las ayudas del Fondo, en cuantía no inferior a los 45.000 millones de pesetas, que se aplicarán a adquisición de activos y préstamos sin interés a largo plazo. De esta forma "serán eliminados del balance del BIC todos los créditos de imposible recuperación" a partir de lo cual la actuación gerencial intentará hacer rentables los activos que actualmente no lo son. Así, el apoyo del Fondo, entre estos 45.000 millones, y los 4.500 de la ampliación, se acercará a los 50.000 millones de pesetas.

Una vez cubiertas estas operaciones de saneamiento el próximo 15 de enero, el BIC procederá a su reorganización interna, dentro del grupo Banca Catalana. Según ha sabido EL PAIS, el proyecto de reordenación contempla la reducción del número de oficinas a cinco, instaladas en las cuatro capitales catalanas y en Madrid, base suficiente para convertirse en una corporación industrial de dimensiones más reducidas. La junta del Banco Industrial del Mediterráneo (BIM), a celebrar este mediodía, tomará acuerdos muy similares a los reseñados para el BIC.

La reunión registró una sola intervención desde la sala: el accionista en cuestión pidió en solitario la relación nominal de los asistentes y representados, lo que le fue negado por la mesa, en uso de sus facultades discrecionales, y en atención a que la lectura "prolongaría innecesariamente esta junta". En cuanto a la exigencia de responsabilidades a los antiguos rectores del BIC, ningún accionista la solicitó, a diferencia de lo que ocurrió en la junta de Catalana, en que fue pedida, pero no obtuvo quórum. En el caso de que alguien hubiera ejercitado ese derecho, hubiese encontrado respaldo de la mayoría, ostentada por el consejo de administradores provisionales.