El Ayuntamiento de Toledo, enfrentado a los cistercienses por una parcelación ilegal

Una urbanización en la que no se puede construir, setenta compradores a los que la parcela no les sirve para nada, unos cistercienses multados con veinticinco millones y un Ayuntamiento que sostiene con ellos un fuerte pulso, del que puede depender en el futuro el orden urbanístico del entorno de Toledo. Así puede resumirse el escándalo más comentado estos días en la Ciudad Imperial, y que ha motivado la presencia en la misma del abad de la orden en España, Luis Esteban, para buscar una solución, junto con el abogado de los compradores y el Ayuntamiento. Una solución difícil, en cualquier caso. Y, mientras, los cistercienses siguen vendiendo parcelas.

La antigua finca de Don Tirso, situada a pocos kilómetros de Toledo y que ocupa los mejores cigarrales de la Vega del Tajo, es el escenario de este conflicto. Los frailes del Císter la recibieron en herencia hace ahora dieciséis años. O mejor, recuperaron su propiedad, perdida en 1835 por la desamortización de Mendizábal. En realidad, esta vega fue escogida por los cistercienses en 1428 como cuna en Castilla de esta congregación, surgida de una reforma de la orden de Cluny, en 1098. Durante los siglos XV, XVI y XVII se va construyendo en este lugar un monasterio, de estilo herreriano y sin gran valor artístico, conocido como de San Bernardo o de Montesión. Con los años, la comunidad pasa sus momentos malos. En 1812 y 1820 sufre sendas exclaustraciones, y en 1835, con la desamortización de Mendizábal, el convento pasa a propiedad particular. En una época la iglesia es utilizada como lagar.En los años veinte, la marquesa de la Unión de Cuba, propietaria entonces, se toma interés por el lugar y repara y mejora notablemente los jardines al tiempo que restaura en lo posible el edifico, que en la guerra sirve como hospital de sangre y campo de concentración. Al final de la misma, Tirso Rodrigáñez Sánchez Guerra, administrador hasta entonces, la alquila primero y la compra después. Habilita el convento como palacio y da trabajo en la finca a 34 familias, que cuidan los olivares y los frutales.

De nuevo, a los cistercienses

En el año 1966 fallece don Tirso sin herederos y decide devolver el monasterio a sus primitivos propietarios, a quienes se lo deja en herencia, junto con 620 de las mil hectáreas que ocupa la finca. El resto del terreno queda para una fundación benéfico-agrícola y una pequeña parte para el albacea testamentario, José Gambín. El 13 de noviembre de 1970, la comunidad cisterciense de Santa María de Huerta, en Soria, toma posesión del monasterio y su entorno.A partir de entonces se plantean los frailes qué hacer con la finca o realidad material de que disponen para alcanzar, sus fines superiores, según la expresión que prefieren. La comunidad está metida en fuertes gastos por las reparaciones de su monasterio de Santa María de Huerta y también hace falta dinero para acondicionar mejor el de San Bernardo, que, al parecer, aspiran a convertir en el centro de formación de la orden en España. El albacea testamentario que había heredado un pequeño trozo de la finca, consiguió, sin recalificar el terreno ni aprobar plan parcial, venderlo por parcelas a diez compradores que edifican en ellas sus chalés. El Ayuntamiento concede licencias de obras, pese a las irregularidades arriba reseñadas.

Los cistercienses deciden hacer lo mismo. Acotan una zona de cerca de sesenta hectáreas y realizan una parcelación de la misma, que incluye el trazado de carreteras interiores. Son 69 parcelas a vender en una primera fase y 34 en una segunda. Sus extensiones varían entre los 3.000 y los 4.000 metros cuadrados.

La comunidad, de acuerdo con la regla, no realiza tareas pastorales; se dedica al trabajo y a la reflexión. Entre los objetos de reflexión parece que no están sólo los asuntos sobrenaturales, sino también los terrenales, a juzgar por lo mucho que afinan en la redacción de los contratos de venta: "La presente finca se destina al cultivo de regadío sin perjuicio de ulterior modificación que convenga al adquiriente; el comprador conoce plenamente la normativa legal en orden a la compraventa de los terrenos de la citada finca; el vendedor queda liberado de toda responsabilidad y obligaciones de todo orden frente al comprador o terceras personas". Aparte de eso, lo de siempre: los cistercienses se reservan el derecho de reserva de dominio, caso de no pagarse uno o varios de los plazos estipulados, reserva de dominio que se aplicaría pasados diez días de la obligación no pagada.

Así, los cistercienses podrán asegurar que no han vendido parcelas como suelo urbanizable, sino como huertos familiares. Pero un hecho les delata. El precio de las parcelas, entre trescientas y 450 pesetas el metro cuadrado, era, en el momento de la venta, año 1977, más de diez veces superior al del suelo rústico en esa zona y un tercio del urbanizable. Para Nazario Prado, concejal del Ayuntamiento, diputado provincial y juez instructor nombrado para el caso, no queda duda: "Han buscado crear un equívoco, un subterfugio, a fin de cubrirse las espaldas. Pero prácticamente todos los compradores aspiraban a construirse una casa. La urbanización está a cinco kilómetros de Toledo y es un sitio ideal para vivir, mejor que la ciudad".

Otro Ayuntamiento

La pega para vendedores y compradores es que cuando comienzan a presentarse las solicitudes de licencias de obras el Ayuntamiento es otro que el que hizo la vista gorda con las parcelas que había vendido el albacea testamentario. Y la finca sigue siendo terreno rústico, no se ha reconvertido y tampoco hay plan parcial, así que no se puede edificar. Se deniegan las licencias. A pesar de ello, algunos empiezan a construir. Primero una cerca; luego, una pequeña casa. El Ayuntamiento multa con el 10% del valor de lo construido a cada pequeño propietario y niega la posibilidad de llevar agua y electricidad a la urbanización. Algunos cavan un pozo para tener agua y completar la apariencia de que se trata de tener un huerto familiar, ya que se están complicando las cosas. Los propietarios de ocho parcelas que se encuentran situadas sobre la tubería de abastecimiento de agua de Toledo se encuentran en mayores dificultades, porque la tubería impone una franja de servidumbre de cincuenta metros de ancho en la que no se puede hacer nada.Cuando el Ayuntamiento decide tomar cartas en el asunto, nombra juez instructor al socialista Nazario Prado, que en septiembre del año pasado propone una sanción de algo más de ocho millones contra la orden por parcelación ilegal y por la construcción, también sin licencia, de caminos interiores como infraestructura primaria. La comisión permanente del Ayuntamiento (de mayoría centrista) va más lejos califica de graves las infracciones y eleva la multa a 24.790.000 pesetas. La multa queda atascada en el Gobierno Civil hasta que el traspaso de las correspondientes competencias a la Junta Preautonómica hace que sea este organismo el encargado de firmar definitivamente la multa. Agustín de Grandes, centrista, consejero de Obras Públicas de la Junta, lo hace así el pasado día 22. Y salta la noticia a la calle.

A los cistercienses no parece preocuparles mucho: sigue la venta de la segunda fase. Se trata quizá de forzar aún más la situación. Ellos saben que tienen a los compradores de su lado, porque el interés de éstos es construir, y que cuantos más sean, mejor. Por el momento, los cistercienses han podido ingresar, según cálculos de Nazario Prado, unos 250 millones de pesetas.

Agustín Romero Redondo, prior del convento, ha cambiado hace tiempo el hábito por el anorak y es un personaje bastante conocido en Toledo, por donde se deja ver con frecuencia. Tiene prohibido por el abad de la orden manifestarse sobre el tema, pero hace una propuesta sorprendente: "Yo precisamente quería escribir un artículo y que lo firmara otro, así que le doy a usted unas ideas y las escribe como suyas". La idea que propone es de verdad peregrina: todo se trata de una cortina de humo de la UCD para esconder su fracaso electoral. Agustín Romero lleva muy mal que el ayuntamiento de mayoría centrista haya multiplicado por cinco la multa propuesta por el juez instructor, y que haya sido, en definitiva, el centrista Agustín de Grandes quien haya firmado la multa.

El abad de la orden llega el día 26 para sostener una reunión con los compradores y el Ayuntamiento. Tampoco quiere explicar nada. Prefiere refugiarse en la actitud mansa de quien sabe sufrir con paciencia la incomprensión ajena y los ataques más injustos. Y ante la insistencia, termina por hacer una aseveración escalofriante: "La Información es nefasta". Según para quién, cabría precisar. El caso es que no quiere explicar nada, ni autoriza a su abogado para ello.

En busca de solución

Los compradores son mucho más abiertos y prácticos para encarar la solución del problema. Claro, que ellos están atados por la bien calculada redacción del contrato, que permite suponer que, o bien los frailes son expertos en este tipo de transacciones, o han sabido asesorarse perfectamente. Pilar Moreno, una guapa empleada de la Diputación que se cuenta entre los compradores, expone la cuestión con sinceridad: "Nosotros no podemos llamarnos a engaño, porque sabíamos lo que comprábamos. Ese no era el precio del suelo urbanizable. Claro, que también era muy superior al del suelo rústico. Ahí todos hemos jugado al 'yo te engaño, tú me engañas, y los dos nos dejamos engañar'. Hasta que la cosa se ha complicado".Javier Moreno, el abogado que defiende los intereses de los compradores, acepta como cierto que el terreno no fue comprado ni vendido como finca rústica, sino que existía desde el principio por las dos partes, el ánimo de convertirlo en una urbanización: "Existía una presunción de legalidad por los precedentes existentes allí mismo. Es más, yo creo que la multa a los cistercienses no tiene mucha base, porque tengo la impresión de que ellos han aprovechado bien una laguna existente entre la ley de Desarrollo de la Reforma Agraria y la ley del Suelo".

Enfrente, el Ayuntamiento se encuentra ante un problema: o actúa por la fuerza y, aparte de cobrar la multa a los frailes, mete los bulldozers y tira todo lo que está construido, o busca una salida piadosa al asunto. La orden ofrece una salida que pasaría por la declaración de la finca como suelo urbanizable programado, con lo cual la corporación recibiría terrenos en la finca de una extensión igual al 10% del total que ocuparía la urbanización. A cambio de eso, los compradores, entre los que se encuentran algunos personajes tan importantes como Javier Pérez Olivares, diputado en Cortes por AP, podrían edificar. Ellos están dispuestos a hacerse cargo de todos los gastos de infraestructura de la urbanización, desde la construcción de las carreteras hasta la traída de aguas y de electricidad. Los cistercienses, por su parte, se comprometerían a hacer por su cuenta el desvío de la conducción de agua, y todos tan felices. Con la autorización, además, las parcelas que quedan por venderse subirían mucho de precio y eso resarciría a la orden de la multa.

Pero queda una pega: en el futuro, el Ayuntamiento tendría dificultades para negar permiso para urbanizar a todos quienes disponen de terrenos similares en los alrededores de Toledo.