Cambio político y exigencias éticas
A la vista de los resultados, parece, evidente que el pueblo español había perdido la confianza en unos gobernantes que, encastillados en sus privilegios y ambiciones, no habían sabido tomar el pulso a la realidad y a las exigencias de nuestro pueblo. En tiempos de grave crisis económica y creciente paro, nuestra clase política dirigente no ha sabido dar ejemplo de austeridad, ha actuado con exceso de personalismo y efectismo, se ha dejado llevar por el afán de prebendas y el "quítate tú para que me ponga yo", ha carecido de eficacia" administrativa y de un auténtico afán de reforma y ha escurrido el bulto no sólo ante los grandes problemas que surgieron bajo su mandato, como la tragedia de la colza, los incontables fraudes alimentarios, los graves escándalos financieros, etcétera, sino que no se atrevieron, por debilidad o in competencia, a afrontar los problemas urgentes y necesarios, como la reforma de la Seguridad Social, la modernización de la enseñanza y de la Administración de justicia, la reforma de la Administración pública, las incompatibilidades, la designación del defensor del pueblo, etcétera.Porque es indudable que muchos españoles han votado socialista no sólo por estrictas afinidades ideológicas, sino porque esperan del nuevo Gobierno una actitud más ejemplar, más ética, una mayor dignidad personal de saber renunciar a lo que no se debe aceptar y de acometer lo que es necesario; en definitiva, más honestidad pública y una mayor competencia y eficacia administrativas.
Muchos también piensan que se debe acabar con abusos y corruptelas, derivados del concepto patrimonial que del Estado y de la Administración han tenido muchos de nuestros dirigentes políticos y altos cargos de la Administración. Muchos españoles piensan que se debe acabar con las obras y reformas suntuosas en los despachos de los altos cargos de la Administración. Y también con las dietas escandalosas y abusivas ¿Son necesarias tantas comidas y cenas llamadas de trabajo en restaurantes de cinco tenedores? Debe terminarse también con bufandas y sobres, de los que se benefician altos funcionarios y que se otorgan de forma discriminatoria y casi oculta. Hay que terminar con la corruptela de los funcionarios que no están en sus despachos, pero sí en la casa. Deben modificarse muchos criterios y normas que presiden la adjudicación de obras y distribución de mobiliario y material a los centros de la Administración del Estado. Y, en este sentido, no me resisto a reseñar un hecho real que ocurrió hace unos años: un centro docente del Levante español solicitó de la correspondiente sección de la Administración que se elevara un piso del edificio ante la insuficiencia del mismo y la avalancha de alumnos Se le contestó que no se podía levantar el piso, pero que se les enviaba un buen juego de persianas de plástico para las ventanas. Se podían contemplar las persianas cuidadosamente empaquetadas en los sótanos, entre otras razones, porque ya había persianas instaladas y porque no había presupuesto para desmontar las existentes y colocar las nuevas.
¿Todos son iguales?
Si queremos restaurar en España un clima de trabajo y de responsabilidad, desterrar la chapuza y fomentar el amor, a la obra bien hecha, si queremos establecer un ambiente de esfuerzo solidario y de austeridad, bueno será decir que el ejemplo deberá venir de arriba. Porque el ejemplo es contagioso siempre, y será imposible exigir sacrificios y estricto cumplimiento del deber en el trabajo al pueblo cuando sus dirigentes no sean precisamente un modelo de conducta, de eficacia, de desprendimiento y de exacto cumplimiento del deber. En este sentido, sería una buena ocasión la elaboración y aprobación de los próximos presupuestos para que los españoles supiéramos de verdad lo que han percibido, todo incluido, los altos cargos de la Administración en 1982: ministros, secretarios de Estado y subsecretarios, directores generales y asimilados, delegados del Gobierno en altos organismos, presidentes y altos cargos de las comunidades autónomas. Porque se dice y comenta que no todos los ministros cobran igual, pues hay departamentos de los que dependen organismos con fuertes presupuestos que parece que pasan a los ministros sobres o nóminas complementarias. Se comentaba hace años el caso de un subsecretario que pasó a ser ministro de otro departamento, y se quejaba amargamente de que cobraba más de subsecretario antes que de ministro después.
Y lo mismo respecto de los presidentes y altos cargos de los bancos estatales, de la Telefónica, Tabacalera, CAMPSA y también de Seat, Aviaco y de las aproximadamente cien empresas del INI, casi todas ellas con cuantiosas pérdidas, cifradas en miles de millones de pesetas, sin que estas pérdidas repercutan en los sueldos de sus altos cargos, que, según se dice, son sueldos no de nivel europeo, sino americano.
Está bien que los que ocupan altos cargos de la Administración del Estado o de empresas públicas sean remunerados de acuerdo con su gran responsabilidad. Pero que se sepa con claridad lo que perciben y que sean absolutamente incompatibles con cualquier otra actividad pública o privada. Y quizá en época de grave crisis económica y paro creciente fuera necesario introducir medidas de austeridad, e incluso de reducción de algunos sueldos que parecen exagerados, para que sirviera de ejemplo a todos los españoles.
Si todo esto se modifica con criterios de rectitud, justicia y equidad, ya no podrán decir muchos españoles, unos por ingenuidad y otros por malicia, refiriéndose a la nueva Administración, aquello de que "todos son iguales". Muchos no lo creemos así, y esa esperanza nos anima a creer en un futuro mejor.
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