El conflicto militar en Portugal

EL CONFLICTO entre el presidente de la República portuguesa, general Ramalho Eanes, y el Gobierno, apoyado por su mayoría en la Asamblea, viene a demostrar que la disolución del Consejo de la Revolución por la nueva ley constitucional no ha terminado con la ingerencia de los militares en la vida civil portuguesa. El conflicto tiene lugar porque la Asamblea ha aprobado la ley de Defensa Nacional y Organización de las Fuerzas Armadas: el presidente la ha vetado. Y la ha vetado, principalmente, y aún al margen de consideraciones ideológicas que separan considerablemente al Gobierno y la Presidencia por el malestar del Ejército y su oposición mayoritaria a la ley. El veto presidencial no supone una anulación de la ley de Defensa, sino simplemente una devolución a la Asamblea, que deberá examinarla de nuevo y que tiene las opciones de ratificarla en su totalidad, enmendarla o aplazarla para nuevo estudio; pero la ratificación deberá hacerse ahora por una mayoría de dos tercios de la Cámara. Una votación fácil de obtener con los votos de los diputados de la mayoría gubernamental y con los de los socialistas que han consensuado la ley de Defensa.Los militares habían acogido relativamente bien la disolución del Consejo Revolucionario -excepto los propios disueltos-, en el que no se encontraban debidamente representados. Pero no aceptan la sumisión, necesaria en toda democracia, del Ejército al poder civil, sumisión que felizmente representa la nueva ley. Esta otorga por fin al Gobierno la posibilidad de destituir y nombrar a los jefes de la Junta de Estado Mayor, y el Gobierno ya ha anunciado que hará el relevo en cuanto la ley esté promulgada; la ley suprime también los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, y determina que la administración del presupuesto militar y las adquisiciones de material tendrán serán hechas por el poder político. Las atribuciones del disuelto Consejo de la Revolución han sido igualmente asumidas por poderes civiles: unas las asume el Consejo de Estado; otras, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Gobierno o la Presidencia de la República, El Consejo Nacional de Defensa estará también en manos del poder civil.

El malestar militar, fruto de un sentimiento corporativista y de un torvo entendimiento del papel de los Ejércitos en los regímenes democráticos, no parece enteramente unitario: no sería tanto la totalidad del Ejército la que se enfrenta con la ley de Defensa, como los militares que pueden ser sustituidos, disminuidos o alejados del poder o del mando. Los comunistas, de una ortodoxia staliniana en Portugal, y sectores de la extrema izquierda se oponen a la ley de Defensa argumentando que puede servir para una depuración de los militares que representan el espíritu de la revolución. Curioso razonamiento el de quienes deciden que el espíritu de la revolución reside en el poder de los cañones de un ejercito perdedor en una guerra colonial y no en la voluntad popular democrática registrada en las urnas. El presidente Eanes es contrario a la ley porque teme verse privado a través de ella de sus más fieles aliados dentro del Ejército, aliados que necesita en la tarea de fortalecimiento de los poderes presidenciales que desde siempre ha llevado a cabo. Eanes pretende apurar todas las formas de poder que le deja la Constitución e incluso piensa en la formación de un partido político propio. Estas posiciones permiten comprender la complejidad de la situación. Es en el curso de esta semana cuando la Asamblea deberá decidir qué hace con la ley devuelta por el presidente. Si, como es previsible, la ley se promulga finalmente se habrá corroborado una victoria del poder democrático frente a la presión militar y se habrá dado un paso de enorme importancia en la normalización política portuguesa. El paso siguiente sería la contención de elementos conservadores y hasta ultraderechistas infiltrados en la coalición gubernamental y un acercamiento más positivo y fructífero de los socialdemócratas y los socialistas, acercamiento que podría ser favorecido por el nuevo poder socialista en España. La amenaza es, sin embargo, que una cosa así perjudique el ya inestable equilibrio del gobierno y se aproveche la ocasión por sectores interesados en el proceso involucionista o por la ambición personal, nada oculta, del propio presidente Eanes.