Olarra afirma que sus acciones contra el terrorismo se mantendrán dentro del marco constitucional

El industrial Luis Olarra confirmó ayer la existencia de "un plan actualmente en estudio entre empresarios del País Vasco para hacer frente al terrorismo", pero matizó que las acciones en estudio "no serán repentinas y espontáneas, fruto del encorajinamiento del momento, sino meditadas, planteadas en contacto con las autoridades y realizadas sin salirnos del marco constitucional". Estas matizaciones no tranquilizaron a los medios sindicales y políticos vascos, que mostraron su preocupación por lo que consideraron "una vía muy peligrosa, que podría llevar a una escalada incontrolada de violencia entre particulares".

En declaraciones recogidas por el centro nacional de RTVE en Bilbao, Olarra, presidente de la Confederación General de Empresarios de Vizcaya, senador real en la legislatura de 1977 y candidato al Congreso en 1979 por la coalición Unión Foral -coaligada con AP-, insistió en la disposición del sector empresarial sobre el que ejerce su influencia a "evitar que prosiga indefinidamente la actual pasividad ante los ataques terroristas y la impunidad de quienes realizan los atentados y chantajes y quienes les amparan y hasta se enorgullecen públicamente de ello".Sobre el tipo de medidas en que se podría concretar ese plan de acción, Olarra se limitó a declarar que "serán iniciativas progresivas y escalonadas, según lo que hagan los terroristas y cual sea la actitud del Gobierno frente a ellos". Afirmó que, de todas formas, "no haremos nada anticonstitucional", y expresó su esperanza de que las iniciativas que se adopten "contribuyan a crear un clima de conciencia social contra el terrorismo". Para finalizar, dijo: "Se trata de que entre las dos opciones que tiene el empresariado, abandonar el País Vasco o hacer frente al terrorismo, hemos optado por la segunda".

Aunque fuentes próximas a Olarra aseguraban ayer que "numerosos empresarios, principalmente guipuzcoanos, se han puesto en contacto con los iniciadores de la nueva campaña contra el terrorismo, ofreciendo su colaboración e interesándose por el plan", el sindicato empresarial Adegui, que agrupa a la gran mayoría de los empresarios guipuzcoanos, se pronunció ayer duramente contra las declaraciones del citado industrial.

Rechazo de Adegui

José María Vizcaíno, presidente de Adelgui y que fue elegido meses atrás empresario del año, afirmó que la violencia, los secuestros y el chantaje terrorista no van dirigidos exclusivamente contra la clase empresarial, sino también contra otros estamentos sociales, entre los que incluye al de los militares, sector que, a su juicio, está sufriendo como nadie la plaga terrorista. "Cuando todos aquellos que acatamos la Constitución pedimos a los militares que no caigan en la trampa tendida por los terroristas, sería grave que estementos civiles cayeran en ella", ha señalado José María Vizcaíno.Tras destacar que todos los empresarios vascos comparten desde hace mucho tiempo las sensaciones de desamparo y frustración, el industrial guipuzcoano afirma que es precisamente la elección de los métodos para orientar las soluciones a los graves problemas lo que le separa profundamente de las posturas de Luis OIarra. "Entiendo", precisa el presidente de Adegui, "que cualquier solución debe venir dentro del respeto a las reglas de juego de esta sociedad democrática y de derecho, en la que muchos creernos y nos esforzamos en constituir, por muy difícil que resulte a veces vivirla". Vizcaíno manifiesta tener la seguridad de que la gran mayoría del empresariado vasco descarta el recurso de "tomarse la justicia por su mano", ya que, a su juicio, "el utilizar medios y estrategias que precisamente rechazamos sería caer en la trampa".

"Una de nuestras labores fundamentales y la de todas las instituciones debe ser la de seguir concienciando a la opinión pública de que los actos violentos no afectan exclusivamente a los empresarios, ya que sus repercusiones las paga toda la sociedad". "Por ello", añade el dirigente empresarial guipuzcoano, "la lucha en este campo es una acción colectiva de los Gobiernos, Parlamentos, empresarios, trabajadores y, en definitiva, de la reacción global de la sociedad".

Por su parte, Javier Hernández Bilbao, secretario general del Centro Empresarial Vizcaíno (patronal que compite con la Confederación presidida por Olarra por la representación del empresariado vizcaíno y que es particularmente influyente en el sector del metal), recordó que "desde la fundación del Centro, en 1898, hemos pasado por todas clases de regímenes políticos, caracterizándonos siempre por el acatamiento de la legalidad vigente y por actuar guiados únicamente por la defensa de los intereses del empresariado, al margen de cualquier consideración partidista. Por ello mismo, estamos en contra de actuaciones que pretendan atribuir a los empresarios responsabilidades que corresponden a los poderes públicos, especialmente si tales actuaciones se plantean en un terreno dudosamente legal, como parecer ser este caso".

En cuanto a las centrales sindicales, ELA-STV se limitó a reiterar su posición tradicional de "no hacer comentario alguno sobre temas que no nos atañen directamente", mientras que David Morín, secretario general de CC OO de Vizcaya, opinaba que "si, por una parte, es un factor positivo que los empresarios se muestren decididos a hacer frente al chantaje terrorista, negándose a pagar el impuesto revolucionario, es negativo, por otra, que un sector particular trate de arrogarse la representación de toda la sociedad para actuar por su cuenta. El aislamiento del terrorismo sólo será posible como resultado de la acción conjunta de todos los sectores sociales dentro del marco de la legalidad constitucional, y no de iniciativas irresponsables y aventuristas que no se sabe adónde llevan".

El secretario general de UGT del País Vasco, Ramón Jáuregui, manifestó que cualquier operación de lucha antiterrorista "debe circunscribirse al plano de la legalidad". El dirigente sindicalista señaló que el anuncio del empresario Luis Olarra de la creación de un plan serio contra la violencia dejaba entrever cierto margen de desconfianza hacia el nuevo Gobiemo socialista", informa desde Vitoria Tonia Etxarri.

Después de señalar que los sectores empresariales, "en calidad de agentes sociales y sujetos pasivos del terrorismo, deben verse más implicados en la lucha contra la violencia", Ramón Jáuregui puso especial énfasis en la necesidad de que todos los sectores sociales, mediante el debate y la movilización, sean capaces de poner freno al fenómeno terrorista que está azotando a la comunidad autónoma vasca. En este sentido, calificó de "inútiles, por no decir contraproducentes", las actuaciones que desborden el marco masivo y popular. "Son acciones aisladas de un empresario que quizá tengan una importante repercusión económica, pero como eficacia social no tiene ninguna".