El Gobierno deja a la Administración socialista la decisión sobre la expulsión de portugueses

El actual Gobierno dejará sin respuesta la iniciativa del Ayuntamiento de Gijón, de mayoría de izquierda, de expulsar de España a unos ochenta portugueses que viven en el poblado de Villacajón en condiciones infrahumanas, indocumentados y practicando, en muchos casos, la mendicidad y la delincuencia. De esta forma, el ejecutivo de UCD deja a la Administración socialista ante el reto de resolver un problema planteado por una Corporación municipal, con mayoría del PSOE, que ha merecido el calificativo de vidrioso por parte de Jesús Sanjurjo, secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Ricardo Larrainzar, delegado del Gobierno en Asturias, manifestó a este periódico que la expulsión escalonada de los portugueses que figuran en la relación presentada por el Ayuntamiento gijonés no dará comienzo hasta el próximo mes de enero. Por su parte, Jesús Sanjurjo acusó ayer al Gobierno de UCD de haberse inhibido ante la propuesta del Ayuntamiento de Gijón, después de haberse mostrado de acuerdo con ella, por criterios exclusivamente "electoralistas y oportunistas".Desmintió Sanjurjo que los concejales socialistas gijoneses se encuentren movidos por cualquier sentimiento xenófobo, y destacó el contraste existente en la política de UCD de escaso respeto hacia los derechos humanos en la aplicación de la ley sobre extranjería a los latinoamericanos residentes en España por motivos políticos con la actitud de desinterés de este partido "por el grave problema existente en Gijón".

El máximo dirigente del socialismo asturiano argumenta que el grado de inadaptación de muchos de los portugueses residentes en el poblado de Villacajón es tan absoluto e irreversible que no existe otra salida que remitirles a su país de origen, si bien reconoció que algunos de ellos fueron objetivamente explotados como trabajadores en la construcción de la autopista que une a los tres principales núcleos de población de Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés) y de la factoría de Veriña-Ensidesa.

Tras la aparatosa polémica surgida en Asturias y Portugal por la iniciativa gijonesa, el Ayuntamiento denunció públicamente la falta de colaboración de las autoridades portuguesas en el proyecto de integración de los ciudadanos.

La Corporación municipal de Gijón puso en marcha en 1979 un plan de erradicación del chabolismo en todo el concejo, que viene desarrollando en varias fases. En primer lugar realizó un censo de 54 familias portuguesas, en total más de 500 personas, residentes en chabolas.