Ayuntamientos del Baix Llobregat y Vallès Oriental estudian la puesta en marcha de un canal televisivo

Las comarcas del Baix Llobregat y del Vallès Oriental pueden ser las pioneras en el desarrollo de un modelo totalmente inédito de televisión: la gestión y responsabilidad del servicio en base a la autonomía municipal. Proyectos muy avanzados en una y otra comarca permiten pensar, para un futuro relativamente próximo situado tras las elecciones municipales, en la inauguración de un cuarto canal descentralizado y público paralelamente, quizá, a la puesta en funcionamiento del tercer canal de la Generalitat. El estatuto legal sería el de sociedad anónima intermunicipal.

Tras la rotunda victoria socialista, los promotores de los primeros proyectos de televisión comarcal en Cataluña, albergan fundadas esperanzas de que el nuevo Gobierno adopte una política favorable, no sólo a la autorización, sino incluso a la potenciación de tales iniciativas, que están destinadas a abrir interesantes vías de acceso y participación popular en la televisión.En opinión de destacados expertos socialistas en el tema, la reciente victoria socialista desvanece equívocos respecto a la política televisiva a seguir en los próximos cuatro años: por una parte, representa la congelación de todos los proyectos de televisión privada, ya que la postura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es, y ha sido siempre, contraria a la privatización; por otra, la seguridad de un proceso de descentralización de la televisión a distintos niveles: desde la transformación de la segunda cadena en canal de las autonomías, a la autorización de, emisión a los ayuntamientos, a las universidades y otras instituciones públicas similares.

Para los promotores de tales iniciativas -alcaldes y concejales de las comarcas citadas, desde socialistas o comunistas a convergentes-, la puesta en marcha de las televisiones comarcales no supone más que una derivación y extensión de la experiencia comunicativa anterior de las radios municipales, que cuenta ya con casi un centenar de emisoras en Cataluña.

Viabilidad jurídica

La viabilidad jurídica de un modelo de televisión comarcal, bajo la iniciativa y titularidad de gestión municipal, es defendida y razonada positivamente en un dictamen que los alcaldes del Baix Llobregat solicitaron del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Joaquín Tornos Más.

El dictamen jurídico, entregado a los alcaldes a finales del año pasado, respondía afirmativamente a la posibilidad de gestión del servicio televisivo por parte de los municipios. En base a los artículos 6 y 101 a 106 de la Ley de Régimen Local, se reconoce a las corporaciones municipales plena capacidad para prestar los servicios públicos necesarios, norma que era ratificada en el proyecto de Ley de Bases de Régimen Local -no aprobada en la anterior legislatura- de mayo de 1981. Dado que la televisión es considerada como un servicio público, el municipio posee "una clara capacidad para gestionar tal servicio, y por tanto puede ,concurrir en cuanto persona jurídica a cualquiera de las formas jurídicas que permite nuestro ordenamiento".

Sin embargo, una cosa,es la capacidad y otra la competencia. Obtener competencia efectiva para gestionar tal servicio precisa la autorización previa del Estado, puesto que el servicio de televisión es declarado de esclusiva titularidad estatal por el Estatuto de la Radio y la Televisión.

El dictamen del profesor Tornos sugiere, como fórmula óptima, que los municipios interesados constituyan una sociedad anónima cuyo objeto social sería la obtención de la autorización estatal del servicio de televisión. Es decir, esa sociedad, constituida con capital público intermunicipal, detentaría la competencia de los diversos municipios para conseguir la concesión de la gestión y después, caso de obtenerla, para gestionar el servicio.

Concluye el informe jurídico que "nada se opone" a que el sujeto autorizado del servicio de televisión sea una sociedad anónima de capital municipal, sino que, por el contrario, "los fines que persigue el intervencionismo estatal en esta materia quedan más salvaguardados", toda vez que concurrirían "en igualdad de condiciones con las privadas al otorgamiento de los permisos", y en nada se oponen a la libertad de empresa, ni suponen municipalización de sector alguno".