Bancos en crisis

EL ORIGEN último de las crisis bancarias está en la recesión industrial que se instaló en la economía mundial a raíz del alza de los precios del petróleo. En 1973 la economía española mostraba un envidiable vigor: crecimiento de la producción anual de bienes y servicios en torno al 8%, pleno empleo de los recursos productivos (recuérdense las inmigraciones clandestinas para el trabajo en la construcción) y una saneada balanza de pagos, que proporcionaba el volumen de reservas de divisas más alto de nuestra historia. Pero aquella economía próspera tenía sus debilidades políticas: el asesinato de Carrero y la creciente implantación de ETA, los problemas de descolonización del Sahara y la negativa comunitaria ante un país cuyo sistema político no daba un paso adelante en favor de un régimen de libertades democráticas.Cuando llegó la sacudida del petróleo y la mayor parte de los países industriales arriaron las velas del crecimiento, los irresponsables estrategas de nuestra economía calificaron la situación de recesión transitoria y se obstinaron en mantener a nuestro aparato productivo a la misma velocidad de crucero. En marzo de 1974, la Bolsa española alcanzó el punto más alto de las cotizaciones. Duante ese mismo año se acometieron también varios de los grandes fiascos industriales que pesan todavía sobre la economía española: el complejo de Aluminio Alúmina de San Ciprián, la ampliación de Astilleros Españoles en Puerto Real, la planta siderúrgica de Sagunto, la diversificación de actividades y ampliaciones de Explosivos Río Tinto.

En el mundo financiero, los propietarios de los bancos recién creados incurrieron igualmente en una política de expansión acelerada, sin preocuparse por la excesiva concentración de sus inversiones (y, en consecuencia, de sus riesgos) en grupos de empresas controladas por ellos mismos. La gerencia de un banco era ejercida como si, por un azar particular, este tipo de negocios nada tuviera que ver con el resto del mundo empresarial. El éxito estaba asegurado de antemano y ocurriera lo que ocurriese. Una de las consecuencias de aquella insensata actitud de dar la espalda a la crisis industrial ha sido que, al hacerse mas rigurosa la política monetaria y reducirse los márgenes de liquidez, los responsables de los pasados descalabros se han resistido a admitir la evidencia de que las actuales catástrofes son el resultado, ampliado y multiplicado, de sus anteriores errores de gestión. La reacción defensiva de estos ocultadores de la propia basura llega incluso hasta el extremo de acumular nuevos engaños a las antiguas equivocaciones. Si las empresas filiales de un banco dejan de generar beneficios suficientes para atender el pago de las cargas financieras, las pérdidas se inmovilizan en activos sobrevalorados (naves industriales, inmuebles, solares, préstamos irrecuperables, etcétera). Estos activos ficticios han llegado en el caso de Banca Catalana, como señala el Banco de España, a la vertiginosa cifra de 150.000 millones de pesetas, aproximadamente el 15% del déficit total de las administraciones públicas.

La resistencia a aceptar la realidad puede ser tan fuerte -quizá en la interesada esperanza de su carácter transitorio- que llega en ocasiones al falseamiento de las contabilidades, lo que repercute en dificultades añadidas para la inspección y en la anulación de las mejoras introducidas en los mecanismos institucionales de intervención y control. El triunfo de las apariencias es completo: se distribuyen dividendos en empresas prácticamente quebradas, aumentan las redes de sucursales y los costes de transformación de la banca, inducidos también por la reducción de horas y los incrementos salariales, se sitúan entre los más altos del mundo.

Ahora bien, los indicios de crisis eran hasta tal punto evidentes que algunos gestores demasiado avispados o poco escrupulosos han terminado por incurrir en actuaciones presuntamente delictivas. A su favor jugaba una legislación muy tolerante respecto a este tipo de conductas, en especial cuando el presunto infractor llevaba un apellido conocido La formación tradicional de los jueces y magistrados, apta para unas relaciones de propiedad reguladas por el derecho decimonónico pero desajustada con las exigencias de una sociedad industrial, también facilita la impunidad de los delitos económicos, huérfanos del debido tratamiento en nuestro ordenamiento legal y en nuestra jurisprudencia. En definitiva, los resultados de una mala gestión, la mayoría de las veces temeraria y otras simplemente irregular, han empujado a la insolvencia a un número nada desdeñable de entidades de depósito, que ha caído de bruces en los brazos de la autoridad monetaria.

Hasta ahora, la crisis bancaria había sido absorbida sin grandes traumas para la economía general. Se decía que lo peor ya había pasado y que, en última instancia, se trataba de entidades cuya importancia relativa era, por fortuna, pequeña. Sin embargo, el turno ha llegado ya a bancos de dimensión media, como el Occidental o Bankunion, y de dimensión media-grande, como es Banca Catalana. Las dificultades financieras han saltado al terreno de las cajas rurales, mientras se manifiestan algunos síntomas de desajuste en algunas cajas de ahorro. La estrategia de abrir las puertas de los hospitales para entidades de crédito -que eso son, al fin y al cabo, los Fondos de Garantías, financiados en gran medida con anticipos del Banco de España- puede llevar a que falten camas para tantos enfermos o dinero para su manutención. Dado que el sistema financiero también necesita el rigor de vivir conforme a sus propios medios, las autoridades económicas y judiciales, sin renunciar a las salvaguardias y cautelas de rigor, tendrán que endurecer sus métodos de control y la exigencia de responsabilidades, de forma tal que los directivos se vean obligados a asumir sus responsabilidades y a soportar en mayor medida la carga de sus actuaciones. El nuevo Gobierno tendrá la ingrata tarea, imprescindible para asentar cualquier tipo de crecimiento viable a medio plazo, de llevar hasta el final el saneamiento de las entidades de crédito, sin incurrir en tratos discriminatorios ni admitir que una mala gestión económica pueda ser absuelta mediante una eximente tan improcedente como la bandera nacionalista o regionalista con la que los responsables de los descalabros traten de arropar un negocio desafortunadamente dirigido.