Francia ha desatendido treinta solicitudes españolas de extradición de presuntos 'etarras' en los últimos 3 años

Un total de treinta peticiones de extradición de presuntos etarras ha formulado el Gobierno español al francés en los últimos tres años, sin éxito en ningún caso. En seis ocasiones la petición de España obtuvo informe favorable del correspondiente tribunal francés, pese a lo cual el Gobierno del país vecino tampoco accedió en estos casos. El Consejo de Ministros español del pasado día 15 decidió denegar la extradición de dieciocho delincuentes comunes solicitada por Francia.

El convenio de extradiciones vigente entre España y Francia data del 14 de diciembre de 1877 y fue complementado por un nuevo acuerdo del 9 de abril de 1969. El convenio estable de un acuerdo entre ambos países para la extradición de individuos perseguidos por la justicia, con la salvedad de que no será entregada persona alguna si el delito por el que se pide la extradición está considerado como delito político o como hecho conexo con este tipo de delitos. Hasta la reforma democrática las exdiciones no habían sido motivo de fricción entre los dos países. Para los casos de delincuentes comunes, las extradiciones eran concedidas sin problemas en una u otra dirección, y en lo que se refiere a los presuntos etarras, el tema ni se planteaba.

¿Delitos políticos o comunes?

Es a partir de la implantación de la democracia en España cuando el Gobierno español estima que no existen motivaciones de carácter político que justifiquen para los etarras otra consideración que la de delincuentes comunes. De acuerdo con esta idea, en 1977 el Gobierno español solicita del francés la extradición de Miguel Angel Apalategui Ayerbe, Apala, acusado de participación en el secuestro y asesinato de Javier de Ybarra. Un tribunal de Akix-en-Provence examina la petición mientras Apala se declara en huelga de hambre y el caso despierta, grandes movilizaciones populares. Antes de decidir si la extradición procede o no, el tribunal concede libertad provisional a Apala, que escapa, con lo que el caso queda interrumpido.En 1979, el gobierno español presenta una demanda de extradición en bloque de catorce presuntos etarras. La respuesta francesa fue desalentadora para las autoridades españolas. Sobre José Ramón Martínez de la Fuente Inchaurregui y Juari María Otegui Elícegui no hay respuesta, y sobre Juan José Aristizálbal Cortajerena, Angel María Galarraga Mendizábal, Ignacio María Gabirondo Agote, Miguel Angel Goyenechea Fradúa, Angel Miría Lete Echániz, Juan Lorenzo Lasa Michelena jefe de los comandos especiales de ETAm, Emilio Martínez de Marigorta y Txomin Iturbe Abásolo (número dos de ETAm) la respuesta es no ha sido localizado.

Sólo se considera la extradición de Martín Apaolaza Azcargorta y Miguel Angel Goikoetxea Elorriaga, para los que el tribunal de Aixen-Provence, donde son detenidos, examina si existen o no motivaciones en las actividades imputadas a ambos por la policía española. Como defensor de los etarras actúa Robert Badinter, hoy ministro de Justicia del Gobierno socialista francés. El juez decide que los delitos que se les imputan (asesinato de dos guardias civiles y robo a mano armada) no son delitos de derecho común: "Las infracciones que se les reprochan a los dos hombres han sido perpetradas en el marco de una lucha conducida por una parte de la población vasca con el fin de conseguir su autonomía policial". El Gobierno francés, en consecuencia, deniega las extradiciones. Quedan en libertad, pero inmediatamente son detenidos de nuevo para atender una nueva demanda de extradición por parte de España, que ahora denuncia tres asesinatos de policías, varios robos y un atentado con explosivos contra la central de Lemóniz. La decisión del juez es la misma: no se trata de delitos comunes.

En la primavera de 1981, España prueba suerte de nuevo y presenta otra petición, esta vez sobre quince etarras. En esta ocasión sólo de uno de ellos, Ignacio Aranceta García, se responde no localizado. En los casos de José Ramón Alcorta Chasco, Alberto María Aldana Barrena, Francisco Imaz Martiarena, Antonio Pérez Iñiguez de Heredia, Juan Luis Zuzuarregui Redondo, Eneko Alegría Ayerdi, Félix García Rodríguez y José María Lara Fernández los tribunales correspondientes emiten informe desfavorable, pero en las seis demandas restantes los tribunales estiman que se trata de delitos de derecho común y, en consecuencia, emiten informe favorable a las extradiciones. Los seis etarras que se encontraban en este caso eran Juan Carlos Arruti Azpitarte (acusado de participación en cinco asesinatos), Miguel Angel Aldana Barrena (diez asesinatos), Eugenio Barrutiabengoa Zabarte (cuatro asesinatos), Tomás Linaza Echeverría (ocho muertes, con participación en el célebre atentado de Ispáster, donde murieron seis guardias civiles), Juan Miguel Arrugaeta San Emeterio y José Agustín Achega Aguirre. La decisión de los jueces coloca en una difícil postura al Gobierno francés, que finalmente se decide a denegar la extradición. Linaza, Arrugaeta y Aldana, junto con otros dos etarras sobre los que no pesaba demanda de extradición, son confinados a la isla de Yeu, a dieciséis kilómetros de la costa occidental francesa.

Varias posibles causas

Según fuentes del Ministerio de Justicia español, la razón del anunciado cambio de actitud del Gobiemo francés respecto a estos temas no estaría simplemente relacionada con el cambio de Gobierno en España, sino que podría ser consecuencia de una serie de causas que habrían actuado de forma conjunta sobre el Gobierno francés. Entre ellas, y siempre de acuerdo con esta versión, estaría la negativa acordada en el Consejo de Ministros español del pasado día 15 a conceder diecinueve de mandas de extradición presenta das por Francia a España sobre otros tantos delincuentes comu nel, entre ellos dos acusados de asesinato.La decisión, que según un destacado, funcionario no fue hecha pública en ese momento porque hubiera resultado inelegante hacerlo así en plena campaña electoral, fue muy discutida y contó con el voto en contra del ministro de Exteriores, Pérez-Llorca. Para justificar ,la negativa, el Gobierno español invoca el principio de reciprocidad y cita el antecedente de los seis citados etarras, a los que tribunales franceses calificaron de delincuentes comunes.

Esto se habría unido a una fuerte ofensiva de parte de la Prensa francesa contra los ministros de Justicia e Interior del Gobierno socíalista, a los que acusan de falta de rigor para combatir la inseguridad ciudadana. Y, finalmente, Francia se encuentra ahora enfrentada a la demanda italiana de extradición de Oreste Scalzone y María Grazia Barbierato, pertenecientes a la organización Potere Operai, acusados de asesínato y tenencia ilícita de armas. El pasado 21 de octubre el correspondiente juzgado francés ínformó favorablemente. Para Francia sería difícil entregar a estos dos terroristas a Italia y seguir negándose a entregar a los etarras solicitados por España.

Robert Badinter propuso recientemente, sin éxito, en una reunión de ministros de Justicia de la CEE la creación de un tribunal penal comunitario que interviniera en estos casos, lo que hubiera facilitado a Francia la solución de estos problemas sin que se resintiera bruscamente su tradición de paraíso de los asilados políticos.