Banca Catalana, una crisis que se ha dejado pudrir demasiado tiempo

La crisis de Banca Catalana arranca de las participaciones industriales de su grupo, de la improductividad de muchos de sus activos inmobiliarios y de la discutible gestión técnica de sus rectores. Arranca de lejos, del mismo momento en que la crisis económica general producida. por el cambio energético de 1972; repercute en la industria y en el sector inmobiliario. Mientras la economía mundial iniciaba una ola recesiva, los rectores de Catalana seguían apostando fuerte por la industria en que participaban y, lo que era más arriesgado, absorbían otros bancos catalanes en dificultades.La última y decisiva etapa de la crisis de Banca Catalana se inició en las Navidades de 1981. Se produjo entonces un hecho que, a la postre, resultará simbólico. El expresidente del grupo, Jaume Carner, hijo del Jaume Carner que fuera ministro de Hacienda durante la República, se arruinó. Paralelamente al desempeño de la presidencia del grupo, Carner había realizado diversas inversiones con su patrimonio personal que resultaron infructuosas, canalizando caudales de personas que confiaban que tras estos negocios estaba Banca Catalana cuando únicamente se hallaba el presidente de la entidad. Carner perdió más de trescientos millones de pesetas y debió poner todo su patrimonio a disposición del grupo, para no afear la imagen de éste.

Pero el problema de Catalana no era de trescientos millones. El Banco de España había realizado, entre octubre de 1980 y mayo de 1981 una inspección del grupo, detectando una insuficiencia de los recursos propios y la falta de rentabilidad de algunos activos, como ciertas inversiones inmobiliarias que recomendó realizar -como el polígono Montigalà-Batllòria-, que generaban unas pérdidas anuales de 1.670 millones de pesetas en concepto de intereses crediticios no satisfechos. Hubo desacuerdo en la valoración de los desequilibrios, pero lo cierto es que el consejo de Catalana tenía sobrevalorados muchos de sus activos.

Gestiones de Jordi Pujol

Había que recomponer el desequilibrio patrimonial urgentemente, pues el estalUido de las crisis del Banco de los Pirineos (producido en el mes de diciembre anterior) y de la Mas Sardá, poco después de Pascua, aceleraban el clima de desconfianza en el mundo económico catalán y la autoridad monetaria lo exigía, y eso sólo podía hacerse con recursos frescos.

El consejo de Banca Catalana no dudó en recurrir directamente al presidente de la Generalitat y antiguo promotor del grupo Jordi Pujol. Este realizó durante el mes de mayo, directa y personalmente, una serie degestiones con las principales Cajas de Ahorros catalanas, como había hecho también en el caso de la Mas Sardá, para intentar que el control de la entidad no saliese de Cataluña. La primera de ellas, la Caja de Pensiones (la Caixa), barajó en un primer momento la idea de ayudar en solitario al grupo bancario y hacerse con su control. Existía un precedente: en noviembre de 1979 había adquirido acciones de Catalana por un nominal de trescientos millones que habían sido valoradas y pagadas al trescientos por cien, lo que representaba un paquete del siete por ciento del capital y le daba derecho a un representante en el consejo, que nunca nombró. Se trataba de una operación para apoyar al grupo en un momento de dificultades, a la que seguirían otros apoyos hipotecarios.

Existía también una dificultad: la normativa legal impedía, y sigue impidiendo, que las Cajas tomen participaciones bancarias superiores al quince por cieiito del total del capital.

El proyecto lanzado desde Catalana/Generalitat no apuntaba, ni mucho menos, a una cesión de control. Se pretendía más bien un salvavidas temporal, en una valoración seguramente optimista de la dimensión de la crisis.

La iniciativa, en todo caso, correspondía al grupo Catalana y a la propia presidencia de la Generalitat, que optaron por un apoyo diversificado y acudieron no sólo a las Cajas de Ahorros de la Federación Catalana, sino también a representantes de diversas grandes empresas. Significativamente no hubo contactos directos con la Caja de Cataluña. La explicación es sencilla: precisamente en aqueDos momentos se renovaba el consejo de la entidad, cuyo organismo tutelar es la Diputación, en manos de socialistas y comunistas. El 27 de mayo, el pleno de la Diputación de Barcelona nombraba a los ocho representantes a los que tenía derecho, entre ellos al catedrático de Hacienda Josep Lluís Sureda, quien posteriormente sería elegido presidente por el consejo de administración. Este consejo, en planteamiento coincidente con el de la línea ejecutiva encarnada por el director general Joan Bilbao, defendería en las posteriores reuniones de la Federación Catalana de Cajas que el ahorro popular depositado en este tipo de instituciones, no exactamente públicas, no tampoco privadas, no debía acudir a restañar las heridas de los capitales privados, ni intervenir en instituciones de tradición e identidad diversa: las Cajas eran Bancos de familia y los Bancos, otra cosa.

Otras Cajas, bien por ser partidarias de convertirse en Bancos universales y no tener por tanto inconveniente en participar en instituciones bancarias, bien por considerar importante para el país la consolidación del primer grupo bancario de Cataluña, eran más proclives a participar en el programa de ayuda.

El rumor del 11 de junio

Mientras esto se discutía y el fantasma de las elecciones anticipadas recorría España, apareció de improviso un torpedo que alcanzaría a la líneade flotación del programa de salvación y de la propia entidad. El viernes, 11 de junio, el boletín confidencial de una agencia de noticias anunciaba que un importante grupo bancario catalán iba a suspender pagos en las horas siguientes.

El rumor llegó a la calle al mediodía con el informativo regional de televisión. Los rectores del Banco cayeron en la trampa del desmentido, señalando que no se trataba de Catalana. Un mentís añadido del Banco de España no

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evitó que el depositante medio, desconfiado por la pérdida de depósitos sufrida por los clientes del Banco de los Pirineos, frunciese el ceño y acudiese a las ventanillas a retirar sus depósitos. En cuatro días la retirada de fondos se situó cerca de los 10.000 millones de pesetas.

La mañana del sábado fue el pánico, pese a las explicaciones de los empleados y la liquidez absoluta conseguida gracias a la ayuda de la Caja de Pensiones y del Banco de España, que dispuso en la plaza Cataluña un camión de seguridad conteniendo mil millones de pesetas en billetes para achicar agua si era necesario. Lo fue. El lunes, 14 de junio, el martes y el miércoles, registraron una retirada de depósitos que se iba multiplicando geométricamente, hasta cifras cercanas a los 10.000 millones de pesetas.

La situación apremiaba, por lo que se produjo entonces la primera intervención pública de la Generalitat en el asunto, El conseller de Economía y Finanzas, Ramón Trias Fargas, emitió el mismo día 16 una nota oficial manifestando que los rumores carecían de fundamento y anunciando las líneas maestras del programa de salvación que se estaba negociando: "Banca Catalana va a proceder a reforzar sus recursos propios, el Banco Industrial de Cataluña a sanear los resultados de ciertas participaciones industriales y el grupo bancario a concretar su actuación gerencial en un número más reducido de bancos". El Banco de España apalancaba la nota indicando oficialmente que "considera positivamente el programa de actuaciones que Banca Catalana va a emprender".

Estas notas oficiales fueron algo más eficaces que otras anteriores para cortar la sangría. El aspecto político de la cuestión lo abordó el viernes 18 Francesc Cabana, vicepresidente de Banca Catalana y cuñado de Jordi Pujol, al declarar que estaban "dispuestos a romper la imagen de que Banca Catalana equivale a Generalitat y para ello tomaremos medidas concretas". La entidad atribuía el lanzamiento del rumor al clima preelectoral que ya empezaba a vivirse. Actuó en consecuencia, aunque quizá tarde y sin coger el toro por los cuernos

Donación a una fundación

Por aquellas fechas, Jordi Pujol, quien ya en 1977, simultáneamente a su incorporación a la vida política de partido, había. abandonado oficialmente la vicepresidencia de Catalana, cedió sus acciones personales a la Fundació Catalana.

Pujol ostentaba directamente en torno a un 5% del capital social de Catalana, lo que suponía 285 millones nominales a final de 1981, y el triple de esa cantidad, según la cotización media del colegio sindical, dado que las acciones de Catalana no cotizan en Bolsa, y su valor ha venido siendo fijado tradicionalmemnte desde la secretaría de la entidad. Pero no hizo pública esta donación, (si bien dio cuenta de ello a las autoridades monetarias) lo que le hubiera dejado las manos más libres para actuar decididamente en favor del grupo, y hubiese despejado las críticas basadas en que los políticios debieran realizar públicas declaraciones de bienes al entrar y salir de sus cargos. El inexplicable silencio sobre este punto podría deberse a que prefirió no complicar el ambiente, al temor prelectoral de aparecer como un hombre súbitamente empobrecido o a que la cesión se hizo a la Fundació Catalana, creada por el propio grupo bancario en 1979 para promover tareas culturales en el mundo de la medicina, la sociología y la agricultura, y uno de cuyos directivos, Joan Rosell, sería posteriormente el gerente de la campaña electoral de Convergéncia i Unió.

Las fechas apremiaban -la junta de Banca Catalana estaba fijada para el día 30 de junio- y el plan de ayuda al grupo sólo estaba enhebrado. La actividad de Jordi Pujol en esos días fue ingente. Logró personalmente el apoyo de las dos grandes Cajas (Pensiones y Barcelona) a la idea de que suscribiesen bonos canjeables de la entidad en crisis. Conferenció, al igual que Trias Fargas y algunos consejeros del grupo, con algunos destacados empresarios catalanes a los que se insistió vehementemente para que suscribiesen la emisión de bonos y, en algunos casos, para que se incorporasen al consejo de administración.

Una bomba de relojería

Razones, insistencias y sentido de responsabilidad se conjugaron para que el día de la junta la salida quedase suficientemente planteada. La emisión de bonos sería de 5.700 millones, 3.500 de los cuales los cubrirían las diez Cajas catalanas, salvo la de Cataluña. La mitad del consejo se renovaba, con la dimisión de algunos de los hombres más vinculados a Jordi Pujol -entre ellos, Francesc Cabana y el director general de Deportes de la Generalitat, Josep Lluís Vilaseca-, Raimon Carrasco dejaba la presidencia y se prometía un plan de saneamiento y reordenación del grupo bancario. El nuevo consejo, presidido por Eusebi Díaz-Morera, aplicaría este programa y encargaría una auditoría a la firma independiente Price Waterhouse. Lo que parecía un asunto resuelto, sin embargo, resultaba ser una bomba de relojería, al estimarse pocas semanas después que la situación financiera del grupo era mucho peor de la que se suponía. Se calculó el desequilibrio, entre activos sobrevalorados y activos improductivos, en 138.000 millones de pesetas, abriéndose una nueva etapa -ver EL PAÍS de los días 2 y 3 de noviembre- en la que un nuevo programa de reflotación del grupo presentado el 11 de septiembre al Banco de España, y que incluía importantes peticiones de ayuda al Banco de España, no sería aprobado, lo que ocasionó la dimisión de los nuevos consejeros, que habían sido nombrados administradores.

El capítulo final de esta crisis está aún por escribir, porque aún no se ha escenificado. Con toda probabilidad será el pase de Banca Catalana al Fondo de Garantía de Depósitos, pues no parece factible que los accionistas del banco acudan a la prevista ampliación de 15.000 millones. Además de las razones obvias del deterioro de imagen que ha conllevado la crisis, que insólitamente se ha prolongado durante semanas, existe una de orden psicológico: los administradores que propondrán la operación acordeón a la ya inminente junta general extraordinaria, lo harán en castellano. Y el accionista estaba acostumbrado a las juntas habladas en catalán.