La Federación no ha cumplido las exigencias del juez

El esfuerzo de la Federación Española de Fútbol por justificar la cantidad reclamada por el juez instructor, cifrada en 677 millones de pesetas, resulta insuficiente según opiniones recogidas por este periódico en el seno del Ministerio de Hacienda. Al parecer, las partidas más importantes siguen sin recibir la justificación necesaria y queda ya determinada claramente una serie de infracciones. Por otro lado, la actuación del Tribunal de Cuentas sobre el tema de la auditoría de 1978 es cada vez más intensa. En estos momentos se prevén dos conductos por los que podrían llegar las acciones. Uno, más breve, por vía administrativa, y otro, posterior, por parte del Tribunal de Cuentas. Uno de estos conductos parece proclive a estimar la existencia de malversación de fondos. La Federación intentó recusar al juez que lleva el caso.

La Federación no podrá evitar una primera sanción administrativa. Esta es la impresión que se tiene en la dirección general de lo contencioso del Ministerio de Hacienda. Esta sanción iría acompañada de la reclamación de una cantidad, que podría ser importante a la vista de que la documentación aportada por el organismo federativo no era, en la gran mayoría de los casos, la que se le había solicitado. Fuentes de este departamento declararon su sorpresa el día en que concluía el plazo de alegaciones, cuando supieron por diferentes medios de comunicación de que "la Federación había hecho entrega al juez instructor de 20.000 documentos".Este dato, difundido con presteza por los portavoces federativos, era del todo punto exagerado y no porque no se entregara tal cifra, sino porque se le había solicitado una muy inferior a través de los veinte folios en los que el juez instructor señalaba sus requerimientos. Al parecer, la Federación, que ha intentado mostrar tranquilidad en esta última parte del procesó, ha vuelto a repetir la entrega de documentación que ya obraba en poder del juez y era por tanto innecesaria. De entre los 900 y 1.500 documentos que hubieran hecho falta, había pocos. Por otra parte, hay ya una serie de infracciones que están claramente determinadas.

Junto a la labor realizada por el juez instructor se le une la que ya lleva a cabo el Tribunal de Cuentas, organismo que quiere ejemplarizar la vida de las instituciones públicas y con ello la limpieza con que se realicen las inversiones con dinero procedente del erario público. Así este organismo ha profundizado en los últimos días en su conocimiento de todos los hechos y actuaciones que rodean el caso de la auditoría de 1978 de la Federación Española de Fútbol. En su poder obra ya la mayor parte de, la documentación.

Capítulo de sanciones

La actuación de un juez instructor, quien pasará sus conclusiones a la dirección general de lo contencioso, y del Tribunal de Cuentas hacen ahora pensar en que la Federación podría ser sancionada doblemente. Por una parte la sanción administrativa del Ministerio de Hacienda. De otro lado, la sanción que se pueda derivar de la actuación del Tribunal de Cuentas. En ambos casos, surge una diferencia de interpretación: ¿Cometió la Federación malversación de fondos aparte de otras infracciones?Al parecer, todo puede reducirse a una cuestión de jurisdicciones, y en este sentido fuentes del Ministerio de Hacienda tienen la presunción de que el Tribunal de Cuentas, un organismo sobre el que convergen opiniones muy positivas, podrá ser mucho más ejemplar en sus acciones. No se descarta que un fiscal de dicho tribunal pueda acusar a la Federación de malversación de fondos ni tampoco que se busquen responsabilidades personales, independientemente de que estas puedan ser reclamadas por cualquiera de los clubes afiliados a dicha Federación.

Que la Federación Española de Fútbol no contempla con la tranquilidad que aparenta los últimos avatares del caso lo demuestra el que intentara con cierto empeño recusar al juez instructor Santiago Herrero para que no pudiera seguir con el caso. La petición, fue comentada por un miembro del Ministerio de Hacienda con cierta ironía: "Se creen que pueden hacer con los jueces lo mismo que con los árbitros", pero dicha petición fue desestimada a la vista de lo que señalan tanto la Ley de Enjuiciamiento Penal como la de Procedimiento Administrativo.

Por otra parte, y de ello no se ha recatado en manifestaciones públicas, la Federación intenta por todos los medios involucrar en el caso al Consejo Superior de Deportes hasta el punto de que en sus alegaciones ante el juez instructor hay constantes alusiones a dicho organismo.

Por último, la entrada en el Gobierno del PSOE no incidirá ni en las actuaciones del Tribunal de Cuentas ni en las del juez instructor. En principio las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda serán puestas en conocimiento de los futuros administradores socialistas, dado que están en marcha una serie de reuniones a todos los niveles para que dicho partido pueda tener conocimiento exacto de los principales problemas que afectan a cada ministerio. En ese sentido, queda por determinar si la sanción administrativa la decretará el actual gobierno de transición o se dejará ya en manos del PSOE.