Las mujeres y la democracia

En el curso sobre Las políticas de la mujer en las democracias europeas, de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en Santander, se analizó la discriminación de la que son objeto las mujeres españolas en las tres áreas delimitadas por el convenio de Naciones Unidas, suscrito por el Gobierno español y ratificado por las Cortes este verano, de salud, educación y empleo, y se estudiaron las medidas que están aplicando otros países europeos para cumplir con las metas a que dicho convenio obliga a las partes firmantes. Las conclusiones del seminario fueron debatidas con la ministra de Cultura, Soledad Becerril, y con Alfonso Guerra, Nicolás Sartorius y Juan Ignacio Sáenz Díez, en representación de sus partidos. Hoy resulta interesante recordar lo que se dijo en aquella ocasión, puesto que estamos en plena campaña electoral y parece ser el momento más adecuado para preguntarse cómo los partidos han concretado su oferta democrática a las mujeres de este país.

Los ponentes al seminarío, según un exhaustivo análisis de la situación de discriminación a la que están sometidas las mujeres españolas, concluyeron señalando que casi se podía cuestionar si la democracia que se está construyendo en este país (a pesar de las dificultades) está siendo una democracia para las mujeres. Es cierto que la Constitución establece, en su artículo 14, que no puede haber diferencias en razón del sexo, pero la práctica política, económica y social ni siquiera se aproxima a esta declaración. Es cierto que también existen otras formas de discriminación en la población, que son igualmente inconstitucionales, pero no parecen ser tan graves como los de la situación de las mujeres, el 75% de las cuales ni siquiera puede aspirar a un puesto de trabajo remunerado, sin el cual difícilmente pueden obtener otras formas de independencia y libertad.En educación no se cumplen las metas de educación mixta propuestas por la ley de Educación de 1970, que en este país sería un primer paso para la eliminación de la segregación escolar por sexos y la unificación de los programas educativos. Medida que por sí sola no es suficiente, pues el objetivo siguiente debería ser el de transformar la educación mixta en coeducación, es decir, lograr el desarrollo de formas educativas que permitan que todos los individuos sean formados, a la vez, en los valores y prácticas históricamente considerados como femeninos y masculinos. En las condiciones de empleo, la tasa de actividad femenina española es del 26,5%, mientras que en el conjunto de los países de la CEE es superior al 35,5%. Mientras en el resto de Europa las mujeres han logrado defender sus puestos de trabajo en medio de la crisis económica y el paro, en España, entre 1974 y 1980, la población activa ha disminuido en 167.000 personas, de las cuales 121.400, es decir, el 72,7%, han sido mujeres. Los pocos puestos de trabajo que aún mantienen las mujeres se encuentran en las llamadas "profesiones femeninas", las de más baja remuneración y status social. En cuanto a la salud, uno de los problemas principales que afectan hoy a las mujeres, el de la anticoncepción, no ha sido aún enfrentado con un mínimo de seriedad. Sólo existen treinta centros de planificación familiar dependientes del Ministerio de Sanidad, y éstos no se preocupan de entregar información y orientación, sino que funcionan sólo como un subproducto de la atención ginecológica. Ni hablar, por supuesto, de orientación sexual, de atención a los trastornos nerviosos específicos del ama de casa (más allá de una preocupante tendencia al consumo de tranquilizantes) o de una nueva forma de atención en el embarazo y el parto.

La situación de la mujer española no sólo refleja la discriminación que existe en otros países del mundo y que ha llevado a las Naciones Unidas a organizar el decenio por la igualdad entre hombres y mujeres, sino que es peor de la que existe en los países europeos a los cuales aspiramos integrarnos. Pues, en éstos, la integración de las mujeres a la sociedad y la consecución práctica de sus derechos democráticos parece haberse planteado con más firmeza y compromiso que en España.

Distancias del poder

Para ello, no sólo se ha modificado el marco legal de modo de garantizar explícitamente los derechos individuales de las mujeres, sino que se han establecido una serie de medidas administrativas y programáticas, tendentes a posibilitar en el mediano plazo la eliminación de las discriminaciones más importantes. En los países europeos se han creado organismos gubernamentales (situados al nivel de Ministerio, Dirección General o comisión directamente dependiente del primer ministro o presidente de Gobierno) cuya función es proponer los programas, coordinar las actividades que se realizan en los ministerios y vigilar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin embargo, no basta con leyes y programas, pues el peso ideológico y los obstáculos de todo tipo para que se elimine efectivamente la discriminación de las mujeres es muy fuerte. Es por ello que se han buscado mecanismos alternativos para hacer cumplir las leyes antidiscriminatorias y para que las mujeres, efectivamente, puedan exigir el cumplimiento de sus derechos democráticos. Tres de ellos parecen interesantes de analizar por su posibilidad de aplicación en nuestro país: la acción afirmativa (o discriminación positiva), la defensora del pueblo y la política de apoyar y potenciar desde el Estado el trabajo de las organizaciones feministas.

La acción afirmativa parte de la constatación del hecho de que en la sociedad existe una discriminación de hecho en favor de los hombres, independientemente de que se establezcan leyes o preceptos constitucionales que digan lo contrario. Es así como los hombres tienen acceso preferencial a los puestos de trabajo, a la educación y al disfrute de otros recursos sociales. En el caso del empleo, por ejemplo, los empleadores prefieren contratar a un hombre, aunque las mujeres candidatas tengan, incluso, mejor preparación técnica. En la política, la situación llega al extremo, pues se margina sistemáticamente a las mujeres de los puestos de poder, aunque tengan igual capacidad (o superior) que un oponente masculino. Esta es una historia que las mujeres conocen por experiencia práctica: han de realizar el doble de esfuerzo para lograr lo mismo.

Las medidas de acción afirmativa tienden a equilibrar la balanza, haciendo que en igualdad de condiciones se elija a una mujer, hasta que la proporción de ambos sexos sea semejante. Ello se puede hacer fijando un mecanismo de cuotas u otros similares. Por ejemplo, se pueden fijar cuotas o porcentajes de mujeres que deben ser contratadas en determinados empleos, o un porcentaje de mujeres que deben estar en las listas electorales o en determinados cargos de la Administración. Esto no quiere decir que se elija a una mujer para un empleo o para un puesto simplemente por ser mujer, sino que se señala que en igualdad de condiciones se ha de elegir a una mujer, en todos aquellos casos en que haya más hombres, pues esta superioridad numérica masculina es producto de los mecanismos de discriminación ya existentes que los privilegian.

En el caso del defensor del pueblo, en los países en que éste es una institución importante, que vincula a la sociedad civil con el Estado, se ha creado una sección especial encargada de resolver los casos de discriminación en contra de las mujeres. Esta es la situación, por ejemplo, de Suecia. Allí existe una defensora del pueblo, que atiende los casos de discriminación que se le presentan y que puede mediar en ellos, llevarlos ante los tribunales y crear una opinión pública al respecto.

La tarea feminista

La política de apoyar y potenciar a las organizaciones feministas se ha traducido en una política de apoyo a la investigación y docencia sobre las mujeres en universidades y centros de investigación, apoyo a las casas de mujeres u otras organizaciones que se crean para concienciar a las mujeres, apoyo al desarrollo de medios de comunicación desarrollados por grupos de mujeres, etcétera. La problemática de la mujer es muy compleja por el peso de los prejuicios y las ideas, y sólo transformando éstas es posible hacerle frente. Nadie como las propias organizaciones pueden convertirse en mecanismos de apoyo a las mujeres con problemas: violaciones, violencia en el hogar, discriminaciones de todo tipo, etcétera. El Gobierno puede asumir algunas tareas, pero puede potenciar y apoyar el que estas organizaciones, muchas veces carentes de recursos, puedan desarrollar sus actividades. Todas estas medidas, que forman parte de las políticas sobre la mujer que están desarrollando los Gobiernos occidentales, son sólo un marco que puede posibilitar la eliminación de las discriminaciones más importantes en contra de las mujeres. En el largo plazo, la propuesta feminista de transformación de la sociedad supone la erradicación de una división sexual injusta y de las estructuras patriarcales que condicionan la vida de hombres y mujeres. Esto implica que se rompa la noción de roles masculinos y femeninos tal como hoy existen. Algunos Gobiernos ya han apuntado en esta dirección al establecer leyes que posibilitan que los hombres se hagan cargo del cuidado de los hijos y del hogar. Por ejemplo, las leyes de permiso parental, la acción afirmativa para que se contrate a los hombres en los puestos femeninos (por ejemplo, en parvularios, etcétera).

La Constitución de este país señala que no deberá haber discriminación por razones de sexo, es decir, que hombres y mujeres tienen iguales derechos y poderes. La aplicación de este precepto constitucional debería obligar a cualquier partido político que se define como democrático a buscar los mecanismos para que la realidad de las mujeres españolas sea transformada, puesto que es obvio que, en este caso, la Constitución sólo es letra muerta. Es cierto que todos los partidos hablan de igualdad, pero los partidos de izquierda son quienes se manifiestan más partidarios de la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres. Las encuestas elecorales dan como probable triunfador al PSOE, lo que parecería indicar que las mujeres podrían tener, hoy, la oportunidad histórica de modificar su situación. Pero nuestra impresión es que ni el programa electoral, ni la campaña que ha desarrollado el PSOE le han dado a este tema la importancia que él tiene. Se puede aducir que las mujeres no constituyen un grupo de presión tan organizado como otros grupos, o que el movimiento feminista en estos momentos no ha sabido concretar unas reivindicaciones mínimas para el corto plazo. Pero éstos no deberían ser argumentos para un partido que se sienta verdaderamente democrático, pues lo que está en juego es que la democracia sea no sólo para el 50% de los ciudadanos de este país (los hombres), sino para todos.

La tarea de transformación de la sociedad patriarcal es fundamentalmente la tarea del movimiento feminista, y dependerá de la capacidad que éste tenga para insertarse en la sociedad y transformarla. Pero las mujeres necesitan hoy el marco democrático que permita a todas las mujeres incorporarse a la sociedad de modo de poder transformarla. Esperemos que pasado el período electoral se pueda abrir un amplio debate con el nuevo Gobierno elegido sobre la política que éste desarrollará en el futuro.