Inundaciones y riadas

de someterlas a los controles reguladores que permitan su pacífica utilización en beneficio de nuestra especie, tropiezan con la imposibilidad de prever a ciencia cierta la convergencia multiplicadora de factores adversos, que puede desembocar en una de esas hecatombes mediante las que el medio externo termina imponiendo sus ciegas exigencias a los intrusos que habitan el planeta.Cada nueva catástrofe supera, desgraciadamente, los niveles de seguridad previamente adoptados para impedir, con base a experiencias conocidas, la repetición de siniestros semejantes a los producidos en el pasado. El desbordamiento del Turia en 1957, que causó 86 muertos, obligó a la adopción de las medidas que hicieran imposible la reproducción del siniestro. Seguramente la devastadora riada en la cuenca del Júcar pondrá de relieve las insuficiencias de los dispositivos protectores existentes y forzará a la adopción de planes que impidan la repetición de tragedias similares. La lucha por la calidad de la vida, que hace inexcusable la fuerte participación del sector público -tontamente menospreciado por la reciente moda de ese falso liberalismo a la violeta que sirve de disfraz a una tosca variante de darwinismo social- en una comunidad, civilizada, se convierte, en estos casos, en simple combate por la defensa de la vida, ya que los fondos presupuestarios invertidos para ampliar los márgenes de seguridad destinados a proteger zonas en las que las inundaciones son desgraciadamente frecuentes se hallan plenamente justificados por la mortífera capacidad de las incertidumbres y los riesgos. Una vez superados los actuales momentos de peligro, durante los que debe prevalecer por encima de todo la solidaridad del país entero, la Administración deberá explicar a la opinión pública la génesis de la catástrofe, los intersticios a través de los cuales la fatalidad ha podido ganar la partida a la previsión racional y las causas por las que la presa de Tous no consiguió resistir la presión del agua embalsada. Pero, sobre todo, será necesario que el Gobierno y las Cortes Generales acometan la realización de las obras públicas necesarias para elevar los umbrales de seguridad en esa zona ante los reiterados desafíos lanzados por la naturaleza.