El sondeo y los caramelos envenenados

AUNQUE ESTE tipo de explicaciones resulte superfluo para muchos, parece obligado recordar, con ocasión del sondeo preelectoral publicado hoy por EL PAIS, que una encuesta de opinión se limita a levantar acta, por así decirlo fotográfica, del voto decidido y de los elementos que permiten conjeturar la intención de voto de los todavía indecisos en la fecha en que aquélla fue realizada. Del buen trabajo realizado en la construcción de la muestra, la formulación de los cuestionarios, la celebración de las entrevistas, la ordenación de los datos y las tareas de análisis depende exclusivamente que las 18.255 personas que componen la muestra aleatoria estratificada del sondeo de Sofemasa representen fiablemente el universo de más de veintiséis millones de españoles censados con derecho a concurrir a las urnas el próximo 28 de octubre.El prestigio y la seriedad de la empresa a la que EL PAIS encargó el sondeo garantizan que las diferencias entre las conclusiones de la encuesta y los resultados electorales efectivos no procederán de sesgos intencionados o de defectos técnicos, sino de corrimientos de la opinión posteriores a la realización de las entrevistas. La encuesta fue realizada entre doce y nueve días antes de la fecha de los comicios. Es evidente que la campaña electoral, en especial las últimas intervenciones en televisión de los líderes de los principales partidos, y los acontecimientos de la vida pública, desde el recrudecimiento del terrorismo hasta las amenazas golpistas, pueden modificar el sentido del voto en una u otra dirección a lo largo de los próximos días. La misma publicidad de la encuesta es capaz de alterar la voluntad de un sector del electorado, bien porque produzca un efecto de adhesión que lleve a los indecisos oportunistas a acudir a engrosar las filas del vencedor, bien porque ponga en movimiento un efecto de rechazo que incline a los vacilantes o a los compasivos a retirar su apoyo a los presuntos ganadores para reforzar con su voto las opciones situadas en peor posición. Tras las elecciones de 1979, destacados dirigentes del PSOE atribuyeron parcialmente su derrota a la encuesta publicada por EL PAIS en vísperas de los comicios, supuestamente responsable del desplazamiento de los sufragios del miedo (o de la prevención) desde las candidaturas socialistas, favoritas en los sondeos, hacia la candidatura de UCD. La prohibición legal, dictada por las Cortes Generales durante la anterior legislatura, de publicar encuestas desde cinco días antes de la celebración de los comicios ha sido una consecuencia de los temores (le los partidos a la influencia de sus resultados sobre los votantes.

Esto dicho, resulta obligado subrayar el impresionante fenómeno de bipolarización que se desprende de la encuesta -y antes del panel de CITEP publicado ayer por EL PAIS-, según la cual el PSOE y Alianza Popular serían los grandes contendientes a escala nacional, y los socialistas, convertidos en partido hegemónico, alcanzarían la mayoría absoluta de escaños en el Congreso, con más del 4.0% del voto popular. Pero el rasgo más destacable a señalar es la probable y dramática desaparición del centrismo como opción política significativa, tanto en lo que se refiere al partido del Gobierno como en lo que respecta a la formación de Suárez.Junto a esto, la fuerte caída de los comunistas, el estancamiento del nacionalismo catalán, el aumento del nacionalismo vasco en sus zonas más radicales y la liquidación del nacionalismo andalucista lucen como las principales consecuencias del sondeo. La perspectiva de que ni UCD ni CDS pudieran formar grupo parlamentario es, seguramente, la peor noticia que trae consigo esa encuesta en tanto que mensajera del futuro. Para mayor complicación, los antiguos votantes centristas que, alarmados ante esa catástrofe, decidieran cambiar el sentido de su sufragio para garantizar la presencia en el Congreso de un grupo de la derecha auténticamente moderada, se verían en graves dificultades a la hora de elegir entre Suárez y Lavilla como receptores de su voto de apoyo. Los responsables de la demolición de UCD, tarea iniciada en el verano de 1980 por hombres que hoy trabajan con su efigie desde los carteles electorales de Fraga, pueden estar satisfechos de su notable destreza en manejar la piqueta.

Finalmente, el sondeo anuncia la buena nueva de que la abstención podría instalarse dentro de límites tolerables para un sistema democrático con vocación de participación ciudadana. Digamos, a este respecto, que el nuevo censo elaborado en 1981 puede contribuir, al desinflar los falsamente abultados registros anteriores, a que la abstención del 28 de octubre se corresponda estrictamente con los votos no depositados en las urnas, en vez de resultar engrosada con domiciliaciones múltiples, fallecidos no dados de baja e inexistentes ciudadanos. La escandalera organizada por Alfonso. Osorio y otros conspicuos representantes de la derecha ultraconservadora ante el hecho de que su nombre no figure en el censo está dando lugar a una grotesca versión de la fábula de los caramelos envenenados, que interpreta esa omisión como el resultado de una campaña emprendida por los ayuntamientos socialistas para despojar de sus derechos electorales a los votantes de Fraga. El candidato número tres de Alianza Popular por Madrid tal vez se considere justificado para utilizar esa treta a fin de llamar la atención de la opinión pública sobre su figura, pero se pasa claramente de la raya al alimentar los delirios de quienes acusan a los concejales del PSOE de manipular los censos para eliminar a sus adversarios de las urnas. Las omisiones en el censo, bien sean debidas a errores cometidos por técnicos municipales o del Instituto Nacional de Estadística, bien procedan de descuidos de los ciudadanos (o de los porteros de sus domicilios), están repartidas aleatoriamente en todo el espectro ideológico. Algunos políticos de izquierda -como Nicolás Sartorius- tampoco figuran en el padrón, y personas no vinculadas a partidos -como el director de EL PAIS y otros redactores y editorialistas de este periódico- se encuentran en la misma desairada y no deseada situación. Los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía tienen, sin duda, su parte de responsabilidad en esa momentánea muerte civil a la que han sido condenados quienes no podrán votar el próximo 28 de octubre. Por otra parte, la decisión presidencial de disolución de las Cortes Generales antes de marzo de 1983 ha impedido que las reclamaciones formuladas a lo largo de 1982 pudieran ser incorporadas al censo. Pero igualmente los ciudadanos -de derecha, de centro y de izquierda- sin derecho temporal a sufragio deben -debemos- hacer un examen de conciencia para asumir nuestra parte a la cuota de responsabilidad por las eventuales faltas de indolencia, pasividad y despreocupación en el cumplimiento de un deber ciudadano tan importante como la colaboración con las autoridades municipales y estatales -incluidas las reclamaciones hechas a tiempo- para la elaboración del padrón y del censo electoral. Armar el guirigay que se ha visto en la Prensa fraguista es simplemente contribuir a la farsa. Farsa, que por lo demás, según el sondeo de Sofemasa, es innecesaria, pues Alianza Popular, aunque no la voten Osorio y Arespacochaga, obtendrá unos buenos resultados.